Ambiente lanza un programa de voluntariado
18:09 | 
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Mussi lanza Plantar, un programa de voluntariado ambiental
Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi, encabezará el lanzamiento del Programa Plantar, una red nacional para promover y fortalecer al voluntariado ambiental.
“Es tiempo de militar el ambiente, de asumir el desafío y ganar la batalla cultural también en materia ambiental. Plantar es una oportunidad para reconocer y poner en valor aquello de voluntarios que hay en cada uno de los argentinos, para organizar la participación ciudadana y construir políticas públicas ambientales sustentables”, acentúa el titular de la cartera.
El Programa Plantar se basa en el convencimiento de que los cambios ambientales implican cambios culturales que sólo se pueden lograr trabajando colectivamente. En este sentido, constituye una apuesta a la formación de voluntarios y al desarrollo de proyectos ambientales.
El acto de lanzamiento se llevará a cabo el viernes 23 de agosto a las 10 horas en el Salón Néstor Kirchner, ubicado en San Martín 451 C.A.B.A., contará con la presencia de autoridades nacionales, y dará cuenta de los pilares centrales del Programa a partir de la proyección de un spot audiovisual.
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Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi, encabezará el lanzamiento del Programa Plantar, una red nacional para promover y fortalecer al voluntariado ambiental.
“Es tiempo de militar el ambiente, de asumir el desafío y ganar la batalla cultural también en materia ambiental. Plantar es una oportunidad para reconocer y poner en valor aquello de voluntarios que hay en cada uno de los argentinos, para organizar la participación ciudadana y construir políticas públicas ambientales sustentables”, acentúa el titular de la cartera.
El Programa Plantar se basa en el convencimiento de que los cambios ambientales implican cambios culturales que sólo se pueden lograr trabajando colectivamente. En este sentido, constituye una apuesta a la formación de voluntarios y al desarrollo de proyectos ambientales.
El acto de lanzamiento se llevará a cabo el viernes 23 de agosto a las 10 horas en el Salón Néstor Kirchner, ubicado en San Martín 451 C.A.B.A., contará con la presencia de autoridades nacionales, y dará cuenta de los pilares centrales del Programa a partir de la proyección de un spot audiovisual.
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Gualeguaychú ratificará la denuncia contra Botnia
Ratificarán denuncia internacional contra Botnia
Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el funcionamiento de la papelera UPM (ex-Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El organismo internacional consultó al grupo de vecinos si mantiene la denuncia realizada a fines de ese año de que la instalación de Botnia y, en ese entonces, la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay.
La Asamblea hizo la presentación junto al Gobierno entrerriano, a cargo de Jorge Busti, y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (se presentaron las planillas correspondientes). La causa había quedado inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos ocurrieron desde 2005.
El tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la asamblea, Ana María Angelini, señaló, además de ratificar la presentación, que se aportarán nuevas pruebas. “La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”, apuntó Angelini.
La abogada confesó que para los vecinos la causa había quedado archivada. El 19 de septiembre de 2005, el entonces gobierno de Busti denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pidió que declarase la violación de la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales, pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas.
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Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el funcionamiento de la papelera UPM (ex-Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El organismo internacional consultó al grupo de vecinos si mantiene la denuncia realizada a fines de ese año de que la instalación de Botnia y, en ese entonces, la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay.La Asamblea hizo la presentación junto al Gobierno entrerriano, a cargo de Jorge Busti, y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (se presentaron las planillas correspondientes). La causa había quedado inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos ocurrieron desde 2005.
El tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la asamblea, Ana María Angelini, señaló, además de ratificar la presentación, que se aportarán nuevas pruebas. “La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”, apuntó Angelini.
La abogada confesó que para los vecinos la causa había quedado archivada. El 19 de septiembre de 2005, el entonces gobierno de Busti denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pidió que declarase la violación de la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales, pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas.
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Grave contaminación con plomo en niños del Riachuelo
Riachuelo: el 25% de los niños de Villa 21-24, con plomo en sangre
Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El relevamiento se efectuó en los chicos que viven a orillas de la cuenca. Además un 21,5% presenta un probable retraso en su desarrollo
Un relevamiento efectuado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) indica que el 25% de los niños que viven en las orillas del Riachuelo tienen plomo en sangre, por lo que la Corte Suprema ordenó hace cinco años relocalizar a esas familias aunque el gobierno porteño todavía no cumplió esa disposición.
El reporte detalla que en la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de seis años, "el 25 por ciento tiene plomo en sangre".
El vicepresidente ejecutivo de Acumar, Antolín Magallanes, dijo que la Ciudad "lleva un gran retraso en las relocalizaciones, especialmente en las familias de la Villa 26 y la 21-24. Ellos mismos se comprometieron en audiencia pública a plazos que vencieron hace un año".
"Pero hasta ahora, hay obras que no tienen fecha certera de finalización y muchas ni siquiera iniciaron", dijo el funcionario.
La Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar) fue realizada en la Villa 21-24 hace un año por un equipo interdisciplinario de Acumar y diversos actores del barrio que fueron convocados a pedido del Centro de Atención Primaria de la Salud (Cesac) 35.
En la villa 21-24 viven 55 mil familias en 60 hectáreas y Acumar detectó 962 niños menores de seis años, 95 embarazadas y 158 adultos mayores de 60, a quienes les realizó los estudios.
El informe detalla además que "el 21,5 por ciento presenta un probable retraso en su desarrollo", según la evaluación psicomotriz, mientras que el dos por ciento de las embarazadas dio positivo en plomo".
Ivan Insúa, coordinador de monitoreo e investigación en Cuenca, de la Dirección General de Salud Ambiental de Acumar, dijo al periódico Sur Capitalino que ya lleva censados en total unas 65 mil viviendas (entre ciudad y provincia de Buenos Aires).
El funcionario de Acumar manifestó que en la vida de la villa, la cercanía al Riachuelo "no es el único factor determinante sobre la salud. También inciden las condiciones habitacionales".
En este sentido, apuntó que "en comparación con estudios realizados en barrios similares pero alejados de la Cuenca, se demostró que no hay diferencias significativas" con los registrados en la villa.
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Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El relevamiento se efectuó en los chicos que viven a orillas de la cuenca. Además un 21,5% presenta un probable retraso en su desarrolloUn relevamiento efectuado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) indica que el 25% de los niños que viven en las orillas del Riachuelo tienen plomo en sangre, por lo que la Corte Suprema ordenó hace cinco años relocalizar a esas familias aunque el gobierno porteño todavía no cumplió esa disposición.
El reporte detalla que en la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de seis años, "el 25 por ciento tiene plomo en sangre".
El vicepresidente ejecutivo de Acumar, Antolín Magallanes, dijo que la Ciudad "lleva un gran retraso en las relocalizaciones, especialmente en las familias de la Villa 26 y la 21-24. Ellos mismos se comprometieron en audiencia pública a plazos que vencieron hace un año".
"Pero hasta ahora, hay obras que no tienen fecha certera de finalización y muchas ni siquiera iniciaron", dijo el funcionario.
La Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar) fue realizada en la Villa 21-24 hace un año por un equipo interdisciplinario de Acumar y diversos actores del barrio que fueron convocados a pedido del Centro de Atención Primaria de la Salud (Cesac) 35.
En la villa 21-24 viven 55 mil familias en 60 hectáreas y Acumar detectó 962 niños menores de seis años, 95 embarazadas y 158 adultos mayores de 60, a quienes les realizó los estudios.
El informe detalla además que "el 21,5 por ciento presenta un probable retraso en su desarrollo", según la evaluación psicomotriz, mientras que el dos por ciento de las embarazadas dio positivo en plomo".
Ivan Insúa, coordinador de monitoreo e investigación en Cuenca, de la Dirección General de Salud Ambiental de Acumar, dijo al periódico Sur Capitalino que ya lleva censados en total unas 65 mil viviendas (entre ciudad y provincia de Buenos Aires).
El funcionario de Acumar manifestó que en la vida de la villa, la cercanía al Riachuelo "no es el único factor determinante sobre la salud. También inciden las condiciones habitacionales".
En este sentido, apuntó que "en comparación con estudios realizados en barrios similares pero alejados de la Cuenca, se demostró que no hay diferencias significativas" con los registrados en la villa.
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Córdoba no cumple con la Ley de Bosques... pero exige
Provincia emplaza a la Nación para que le gire los fondos
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente publicó, 10 meses después, el decreto que modifica la ley provincial para armonizarla con la nacional. Ahora amenaza con acciones legales.
Finalmente, la Provincia publicó el viernes pasado el decreto que modifica la Ley de Bosques Nativos para tratar de adaptarse a la norma nacional.
Esta modificación había permanecido oculta y sin publicar en el Boletín Oficial , a pesar de que está fechada el 4 de octubre de 2012. La Voz del Interior lo dio a conocer el 5 de agosto pasado. Formalizado este paso, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia creen que ya no hay pretexto para que la Nación no le gire los fondos que luego se destinarán a proteger ecosistemas y a compensar a sus dueños (ver Infografía).
El monto se calcula en 20 millones de pesos. Para este año, la Provincia presupuestó 1,5 millón para bosques nativos.
El viernes pasado, el titular del ministerio provincial, Manuel Calvo, emplazó por escrito al secretario de Ambiente de la Nación, Juan Mussi, para que cumpla con la normativa y “proceda a hacer efectiva la reserva de fondos que le corresponden a Córdoba, y en consecuencia sean asignados”, informaron desde esa cartera a este diario.
Y agregaron: “Se otorga un plazo de 15 días, luego de ello se evaluarán acciones legales. Córdoba cumplió con lo ordenado por la ley nacional y lo exigido por la Secretaría de Ambiente de la Nación”. No obstante, la cartera se excusó de explicar por qué el decreto modificatorio de la ley se publicó 10 meses después de su fecha de redacción.
Meses atrás, el texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, pero no fue publicado en el Boletín Oficial . El Código Civil (artículo 2º) indica que las normativas son válidas desde su publicación.
Se especula que fue una estrategia para evitar una nueva polémica vinculada a la ley de bosques, sancionada en agosto de 2010. La normativa no dejó conforme ni a productores ni a ambientalistas y lo mismo sucedió con la reglamentación.
A su vez, la Provincia está atenta a un pedido de inconstitucionalidad por esta ley. Según la denunciante Universidad Nacional de Río Cuarto, la normativa provincial no cumpliría con los requisitos mínimos que prevé la ley nacional.
El decreto “secreto” (número 1.131) difiere la aplicación de artículos de la ley y modifica su reglamentación. Se elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que, si en un predio existe o se genera infraestructura para riego, se pueda realizar un desmonte total. El texto perjudicaría a los productores que quieren aplicar riego o realizar desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas, prácticas incluidas propias del aprovechamiento sustentable.
La Provincia tiene dos avales jurídicos para reclamar los fondos: una resolución de abril de 2013 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que exige la acreditación a Córdoba y un dictamen técnico de abril de 2013 de la Dirección Nacional de Bosques Nativos.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales para proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. El 4 de octubre de 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. Lo publicó el 16 de agosto y emplazó a la Nación para que le gire los fondos.
Pérdidas recientes. Según la ONG Guyra, el 40% del bosque nativo en Córdoba se perdió después de 2004. Esas tierras pasaron a ser productivas.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente publicó, 10 meses después, el decreto que modifica la ley provincial para armonizarla con la nacional. Ahora amenaza con acciones legales.Finalmente, la Provincia publicó el viernes pasado el decreto que modifica la Ley de Bosques Nativos para tratar de adaptarse a la norma nacional.
Esta modificación había permanecido oculta y sin publicar en el Boletín Oficial , a pesar de que está fechada el 4 de octubre de 2012. La Voz del Interior lo dio a conocer el 5 de agosto pasado. Formalizado este paso, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia creen que ya no hay pretexto para que la Nación no le gire los fondos que luego se destinarán a proteger ecosistemas y a compensar a sus dueños (ver Infografía).
El monto se calcula en 20 millones de pesos. Para este año, la Provincia presupuestó 1,5 millón para bosques nativos.
El viernes pasado, el titular del ministerio provincial, Manuel Calvo, emplazó por escrito al secretario de Ambiente de la Nación, Juan Mussi, para que cumpla con la normativa y “proceda a hacer efectiva la reserva de fondos que le corresponden a Córdoba, y en consecuencia sean asignados”, informaron desde esa cartera a este diario.
Y agregaron: “Se otorga un plazo de 15 días, luego de ello se evaluarán acciones legales. Córdoba cumplió con lo ordenado por la ley nacional y lo exigido por la Secretaría de Ambiente de la Nación”. No obstante, la cartera se excusó de explicar por qué el decreto modificatorio de la ley se publicó 10 meses después de su fecha de redacción.
Meses atrás, el texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, pero no fue publicado en el Boletín Oficial . El Código Civil (artículo 2º) indica que las normativas son válidas desde su publicación.
Se especula que fue una estrategia para evitar una nueva polémica vinculada a la ley de bosques, sancionada en agosto de 2010. La normativa no dejó conforme ni a productores ni a ambientalistas y lo mismo sucedió con la reglamentación.
A su vez, la Provincia está atenta a un pedido de inconstitucionalidad por esta ley. Según la denunciante Universidad Nacional de Río Cuarto, la normativa provincial no cumpliría con los requisitos mínimos que prevé la ley nacional.
El decreto “secreto” (número 1.131) difiere la aplicación de artículos de la ley y modifica su reglamentación. Se elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que, si en un predio existe o se genera infraestructura para riego, se pueda realizar un desmonte total. El texto perjudicaría a los productores que quieren aplicar riego o realizar desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas, prácticas incluidas propias del aprovechamiento sustentable.
La Provincia tiene dos avales jurídicos para reclamar los fondos: una resolución de abril de 2013 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que exige la acreditación a Córdoba y un dictamen técnico de abril de 2013 de la Dirección Nacional de Bosques Nativos.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales para proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. El 4 de octubre de 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. Lo publicó el 16 de agosto y emplazó a la Nación para que le gire los fondos.
Pérdidas recientes. Según la ONG Guyra, el 40% del bosque nativo en Córdoba se perdió después de 2004. Esas tierras pasaron a ser productivas.
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Salta: desarrollan un sistema de monitoreo para desmontes
Las imágenes del desmonte
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
En Salta, docentes y alumnos de Agronomía (UBA) desarrollan junto con pueblos originarios un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. “Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo el profesor José Paruelo.
Docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Agronomía (UBA) trabajan junto a comunidades wichí de la provincia de Salta con el objetivo de frenar los desmontes ilegales en la zona. El trabajo comenzó con visitas a las comunidades afectadas y actualmente se está trabajando en la instalación de un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. Los especialistas estiman que para fin de año ese sistema podrá ser gestionado por los propios miembros de las comunidades, con el uso de imágenes satelitales. “En la facultad se han desa-rrollado tecnologías y metodologías para mapear los cambios en el uso del suelo. Con esa tecnología se puede seguir el derrotero que tiene un lote en el campo, y no enterarnos tres años después de que se produjo el desmonte”, explicó a Página/12 José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales, desde donde surgió la iniciativa. Las comunidades afectadas denuncian que las autoridades no hacen nada para frenar el desmonte.
“Nos importa entender cómo está ocurriendo este proceso, qué pasa con la dinámica del agua y con la biodiversidad vegetal, pero también qué sucede con las comunidades desde el punto de vista social y qué consecuencias genera en las poblaciones. Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo Paruelo.
El trabajo comenzó en el este de Salta luego de la sanción de la Ley de Bosques, en 2008. Ese año la Corte Suprema de Justicia prohibió los desmontes en cuatro departamentos salteños (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) debido a una presentación de los pobladores, ya que allí se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina. Según datos oficiales, a fines de los ’70 Salta ya había perdido el 25 por ciento de sus bosques nativos, producto de la expansión de la frontera agrícola, lo que afectó a pueblos originarios y criollos. La región del Chaco semiárido, que involucra, además del este de Salta, a las provincias del Chaco y Santiago del Estero, concentra el 90 por ciento de la deforestación total del país, y es una de las zonas más afectadas de toda Latinoamérica.
Aunque la ley fue sancionada, los desmontes siguieron. En ese contexto, un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía (Fauba) comenzó a trabajar junto a otras entidades para implementar un sistema de monitoreo que detecte la deforestación en tiempo real y que pueda ser gestionado por las propias comunidades afectadas. El trabajo incluyó la participación de estudiantes de grado y posgrado, de Ciencias Ambientales y también de la carrera de Agronomía y de otras facultades de la UBA. También formaron parte del proyecto la ONG Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). Se accedió a financiamiento mediante proyectos de extensión Ubanex, del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) y del Conicet.
“En buena parte del norte argentino se está produciendo desde hace diez años una muy fuerte expansión de la agricultura y de la ganadería –afirmó Paruelo–. Para eso es necesario desmontar el bosque original y en ese desmonte aparecen una serie de consecuencias. Los pueblos originarios y criollos son corridos y eso genera desarraigo y migración a periferias urbanas. Si no se van, quedan en una pequeña isla de monte y eso genera consecuencias serias en cuanto a las posibilidades de supervivencia, porque los recursos que utilizaban ya no están más, por el contexto socioeconómico que implica la expansión de las actividades agrícolas, entre ellas la expansión de la soja.”
Félix Jonathan es miembro de la comunidad wichí de General Ballivián, en el departamento salteño de San Martín: “Nosotros vivimos del monte. En el monte vamos a campear, a hacer la recolección de alimentos. Para nosotros el monte todavía existe porque ésa es nuestra cultura. No vamos a hacer desaparecer las cosas que siempre han sido nuestras. Pero nadie, ni la policía ni gendarmería, se quiere ocupar de lo que aquí sucede. Nadie interviene y, si lo hacemos nosotros, quedamos como los malos. Acá no se está respetando nada. Todos saben que el desmonte está prohibido”, dijo en una entrevista con la Redaf. “No es que nosotros queremos olvidarnos de lo que somos, sino que nos destruyen lo que nos pertenece. Queremos mantener nuestra cultura y nuestras costumbres y nos hacen quedar como los malos.”
Paruelo concluyó: “Desde la facultad estamos en condiciones de resaltar el problema de los desmontes, de visibilizarlo y de apoyar a estos pueblos en sus reclamos, pero no de solucionarlo. Es importante desde el punto de vista técnico, pero también es importante el contacto con las comunidades para saber cuáles son sus necesidades”.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
En Salta, docentes y alumnos de Agronomía (UBA) desarrollan junto con pueblos originarios un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. “Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo el profesor José Paruelo.
Docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Agronomía (UBA) trabajan junto a comunidades wichí de la provincia de Salta con el objetivo de frenar los desmontes ilegales en la zona. El trabajo comenzó con visitas a las comunidades afectadas y actualmente se está trabajando en la instalación de un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. Los especialistas estiman que para fin de año ese sistema podrá ser gestionado por los propios miembros de las comunidades, con el uso de imágenes satelitales. “En la facultad se han desa-rrollado tecnologías y metodologías para mapear los cambios en el uso del suelo. Con esa tecnología se puede seguir el derrotero que tiene un lote en el campo, y no enterarnos tres años después de que se produjo el desmonte”, explicó a Página/12 José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales, desde donde surgió la iniciativa. Las comunidades afectadas denuncian que las autoridades no hacen nada para frenar el desmonte.
“Nos importa entender cómo está ocurriendo este proceso, qué pasa con la dinámica del agua y con la biodiversidad vegetal, pero también qué sucede con las comunidades desde el punto de vista social y qué consecuencias genera en las poblaciones. Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo Paruelo.
El trabajo comenzó en el este de Salta luego de la sanción de la Ley de Bosques, en 2008. Ese año la Corte Suprema de Justicia prohibió los desmontes en cuatro departamentos salteños (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) debido a una presentación de los pobladores, ya que allí se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina. Según datos oficiales, a fines de los ’70 Salta ya había perdido el 25 por ciento de sus bosques nativos, producto de la expansión de la frontera agrícola, lo que afectó a pueblos originarios y criollos. La región del Chaco semiárido, que involucra, además del este de Salta, a las provincias del Chaco y Santiago del Estero, concentra el 90 por ciento de la deforestación total del país, y es una de las zonas más afectadas de toda Latinoamérica.
Aunque la ley fue sancionada, los desmontes siguieron. En ese contexto, un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía (Fauba) comenzó a trabajar junto a otras entidades para implementar un sistema de monitoreo que detecte la deforestación en tiempo real y que pueda ser gestionado por las propias comunidades afectadas. El trabajo incluyó la participación de estudiantes de grado y posgrado, de Ciencias Ambientales y también de la carrera de Agronomía y de otras facultades de la UBA. También formaron parte del proyecto la ONG Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). Se accedió a financiamiento mediante proyectos de extensión Ubanex, del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) y del Conicet.
“En buena parte del norte argentino se está produciendo desde hace diez años una muy fuerte expansión de la agricultura y de la ganadería –afirmó Paruelo–. Para eso es necesario desmontar el bosque original y en ese desmonte aparecen una serie de consecuencias. Los pueblos originarios y criollos son corridos y eso genera desarraigo y migración a periferias urbanas. Si no se van, quedan en una pequeña isla de monte y eso genera consecuencias serias en cuanto a las posibilidades de supervivencia, porque los recursos que utilizaban ya no están más, por el contexto socioeconómico que implica la expansión de las actividades agrícolas, entre ellas la expansión de la soja.”
Félix Jonathan es miembro de la comunidad wichí de General Ballivián, en el departamento salteño de San Martín: “Nosotros vivimos del monte. En el monte vamos a campear, a hacer la recolección de alimentos. Para nosotros el monte todavía existe porque ésa es nuestra cultura. No vamos a hacer desaparecer las cosas que siempre han sido nuestras. Pero nadie, ni la policía ni gendarmería, se quiere ocupar de lo que aquí sucede. Nadie interviene y, si lo hacemos nosotros, quedamos como los malos. Acá no se está respetando nada. Todos saben que el desmonte está prohibido”, dijo en una entrevista con la Redaf. “No es que nosotros queremos olvidarnos de lo que somos, sino que nos destruyen lo que nos pertenece. Queremos mantener nuestra cultura y nuestras costumbres y nos hacen quedar como los malos.”
Paruelo concluyó: “Desde la facultad estamos en condiciones de resaltar el problema de los desmontes, de visibilizarlo y de apoyar a estos pueblos en sus reclamos, pero no de solucionarlo. Es importante desde el punto de vista técnico, pero también es importante el contacto con las comunidades para saber cuáles son sus necesidades”.
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Córdoba: zona de conflictos por la tierra
Crece la lucha por la tierra
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.
Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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La industria de biodiesel en decadencia
La industria de biodiesel alerta sobre la caída de la actividad
Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La cámara del sector señala que las fábricas trabajan al 40 por ciento de su capacidad. Reclaman un nuevo tratamiento fiscal para ese combustible.
La industria de biocombustibles de la Argentina planteó una dura advertencia sobre el impacto que puede generar la caída de la actividad de este sector —por efecto de las restricciones que impuso la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino— sobre el empleo, la actividad manufacturera y demandó un tratamiento igualitario en materia tributaria para este combustible, similar al que tiene el gasoil importado.
Así lo expresó la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual explicó que "con instalaciones capaces de producir hasta 4,18 millones de toneladas anuales, la industria argentina de biocombustible está utilizando hoy menos de un 40 por ciento de esa capacidad instalada".
"Las restricciones a las exportaciones de biodiesel a Europa ya están generando un enorme daño a la economía argentina", indicó la cámara en un comunicado en el cual detalló que "las ventas totales mensuales al exterior se redujeron de 150 mil toneladas en el período enero-junio 2012, a 60 mil toneladas por mes en promedio durante el primer semestre de este año".
Una cifra que representa la primera caída interanual de exportaciones argentinas de biodiesel, que "provocó que la industria perdiera su rol líder en los mercados".
Carbio recordó que ante las restricciones impuestas por Europa "ha generado una enorme pérdida de valor para toda la cadena y por lo tanto para el país" y señaló que "existe la posibilidad de sostener esta industria con el aumento de corte en el mercado interno, sosteniendo los precios de la cadena y el empleo, además de sustituir en parte las crecientes importaciones de gasoil con un producto 100 por ciento nacional evitando la salida de divisas".
Otro tratamiento fiscal.En ese marco, la Carbio señala que "es necesario que el biodiesel pueda contar con el mismo régimen impositivo que el gasoil importado". Este último está exento del pago de 41 por ciento de impuestos al gasoil y el ex ITC (impuesto a la trasferencia de combustibles), mientras que el biodiesel producido en el país con mano de obra e insumos locales sí los tributa.
"Además de ser discriminatorio con la propia industria argentina, el consumidor paga más por un producto renovable que trae beneficios sociales por la mejora al medio ambiente y el trabajo que genera en el país", indican desde la cámara que reúne a las compañías del sector.
Menos valor agregado.Por otra parte, Carbio indica que de esta situación "provoca que Argentina este "comoditizando" nuevamente las exportaciones ya que debió salir a vender mayores cantidades de aceite en un mercado con demanda inelástica, situación que ya derrumbó los precios de uno de nuestros principales productos de exportación.
A fines de 2012, la Unión Europea inició una investigación por dumping y subsidios al biodiesel argentino, lo que generó una sustancial reducción de los volúmenes exportados a ese destino. "Por no haber posibles reemplazos ello implicó una drástica reducción de nuestros flujos hacia el exterior", se quejó Carbio.
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Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La cámara del sector señala que las fábricas trabajan al 40 por ciento de su capacidad. Reclaman un nuevo tratamiento fiscal para ese combustible.La industria de biocombustibles de la Argentina planteó una dura advertencia sobre el impacto que puede generar la caída de la actividad de este sector —por efecto de las restricciones que impuso la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino— sobre el empleo, la actividad manufacturera y demandó un tratamiento igualitario en materia tributaria para este combustible, similar al que tiene el gasoil importado.
Así lo expresó la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual explicó que "con instalaciones capaces de producir hasta 4,18 millones de toneladas anuales, la industria argentina de biocombustible está utilizando hoy menos de un 40 por ciento de esa capacidad instalada".
"Las restricciones a las exportaciones de biodiesel a Europa ya están generando un enorme daño a la economía argentina", indicó la cámara en un comunicado en el cual detalló que "las ventas totales mensuales al exterior se redujeron de 150 mil toneladas en el período enero-junio 2012, a 60 mil toneladas por mes en promedio durante el primer semestre de este año".
Una cifra que representa la primera caída interanual de exportaciones argentinas de biodiesel, que "provocó que la industria perdiera su rol líder en los mercados".
Carbio recordó que ante las restricciones impuestas por Europa "ha generado una enorme pérdida de valor para toda la cadena y por lo tanto para el país" y señaló que "existe la posibilidad de sostener esta industria con el aumento de corte en el mercado interno, sosteniendo los precios de la cadena y el empleo, además de sustituir en parte las crecientes importaciones de gasoil con un producto 100 por ciento nacional evitando la salida de divisas".
Otro tratamiento fiscal.En ese marco, la Carbio señala que "es necesario que el biodiesel pueda contar con el mismo régimen impositivo que el gasoil importado". Este último está exento del pago de 41 por ciento de impuestos al gasoil y el ex ITC (impuesto a la trasferencia de combustibles), mientras que el biodiesel producido en el país con mano de obra e insumos locales sí los tributa.
"Además de ser discriminatorio con la propia industria argentina, el consumidor paga más por un producto renovable que trae beneficios sociales por la mejora al medio ambiente y el trabajo que genera en el país", indican desde la cámara que reúne a las compañías del sector.
Menos valor agregado.Por otra parte, Carbio indica que de esta situación "provoca que Argentina este "comoditizando" nuevamente las exportaciones ya que debió salir a vender mayores cantidades de aceite en un mercado con demanda inelástica, situación que ya derrumbó los precios de uno de nuestros principales productos de exportación.
A fines de 2012, la Unión Europea inició una investigación por dumping y subsidios al biodiesel argentino, lo que generó una sustancial reducción de los volúmenes exportados a ese destino. "Por no haber posibles reemplazos ello implicó una drástica reducción de nuestros flujos hacia el exterior", se quejó Carbio.
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Santa Fe prohíbe los agroquímicos en zona urbana
Prohíben agroquímicos en espacios urbanos
Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Alcanza a municipios y comunas, para controlar la vegetación. La iniciativa es parte del Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental. Abarca a plazas, parques, bordes de caminos, cunetas y cementerios, entre otros.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe prohibió el uso de agroquímicos en municipios y comunas, para controlar la vegetación, en espacios urbanos públicos y privados.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y firmada por los ministerios de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; de Salud; de Producción, de Trabajo y Seguridad Social; y de Gobierno y Reforma del Estado.
Fuentes gubernamentales indicaron que la iniciativa "se corresponde con una de las acciones contempladas en el Proyecto Estratégico de la provincia de Santa Fe dentro del Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental“.
Además, para evitar cualquier mala interpretación o decisiones discrecionales de parte de las autoridades locales, la resolución dice que "se debe dar la más amplia acepción al concepto de espacios verdes“.
En tal sentido, "entendiéndose mínimamente comprensivo de plazas, parques, bordes de caminos, de vías, de canales, cunetas, cementerios, entre otros lugares públicos y ámbito privados en general, tanto residenciales como no residenciales“, es decir, las zonas con countries, barrios privados, clubes y campings.
Desde el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) manifestaron que "ahora hay que observar que las autoridades correspondientes cumplan y hagan cumplir“ la disposición. Incluso reclamaron una mayor comunicación de la medida para que todos los gobiernos locales no se desentiendan ni la desoigan.
Entre los fundamentos de la resolución, el gobierno señaló que el planteo a los pueblos y ciudades es para que promuevan “acciones tendientes a erradicar el uso de agroquímicos como modo de control químico de la vegetación en los espacios verdes urbanos y en su lugar sólo se realice control mecánico de la misma“.
El Cepronat aprovechó la decisión del gobierno de Santa Fe para ratificar la necesidad de modificar la ley de fitosanitarios.
Al respecto, volvió a solicitar que la Legislatura -cualquiera de las dos cámaras- trate el proyecto que presentó esta ONG junto a otros actores de entidades intermedias que pertenecen a la Campaña Paren de Fumigarnos para limitar el uso de agroquímicos.
La primera cuestión que se plantea es prohibir las aplicaciones aéreas de agroquímicos, salvo la realizada con fines sanitarios con el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria y medioambiental.
El texto -entre otras cosas- plantea limitar "las aplicaciones terrestres de agroquímicos, fijando una distancia de 800 metros de las zonas sensibles“. Por caso, se protege a las escuelas rurales fijando una zona de resguardo libre de agroquímicos de 1.000 metros.
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Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
Alcanza a municipios y comunas, para controlar la vegetación. La iniciativa es parte del Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental. Abarca a plazas, parques, bordes de caminos, cunetas y cementerios, entre otros.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe prohibió el uso de agroquímicos en municipios y comunas, para controlar la vegetación, en espacios urbanos públicos y privados.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y firmada por los ministerios de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; de Salud; de Producción, de Trabajo y Seguridad Social; y de Gobierno y Reforma del Estado.
Fuentes gubernamentales indicaron que la iniciativa "se corresponde con una de las acciones contempladas en el Proyecto Estratégico de la provincia de Santa Fe dentro del Programa Territorio Integrado-Calidad Ambiental“.
Además, para evitar cualquier mala interpretación o decisiones discrecionales de parte de las autoridades locales, la resolución dice que "se debe dar la más amplia acepción al concepto de espacios verdes“.
En tal sentido, "entendiéndose mínimamente comprensivo de plazas, parques, bordes de caminos, de vías, de canales, cunetas, cementerios, entre otros lugares públicos y ámbito privados en general, tanto residenciales como no residenciales“, es decir, las zonas con countries, barrios privados, clubes y campings.
Desde el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) manifestaron que "ahora hay que observar que las autoridades correspondientes cumplan y hagan cumplir“ la disposición. Incluso reclamaron una mayor comunicación de la medida para que todos los gobiernos locales no se desentiendan ni la desoigan.
Entre los fundamentos de la resolución, el gobierno señaló que el planteo a los pueblos y ciudades es para que promuevan “acciones tendientes a erradicar el uso de agroquímicos como modo de control químico de la vegetación en los espacios verdes urbanos y en su lugar sólo se realice control mecánico de la misma“.
El Cepronat aprovechó la decisión del gobierno de Santa Fe para ratificar la necesidad de modificar la ley de fitosanitarios.
Al respecto, volvió a solicitar que la Legislatura -cualquiera de las dos cámaras- trate el proyecto que presentó esta ONG junto a otros actores de entidades intermedias que pertenecen a la Campaña Paren de Fumigarnos para limitar el uso de agroquímicos.
La primera cuestión que se plantea es prohibir las aplicaciones aéreas de agroquímicos, salvo la realizada con fines sanitarios con el expreso consentimiento de la autoridad sanitaria y medioambiental.
El texto -entre otras cosas- plantea limitar "las aplicaciones terrestres de agroquímicos, fijando una distancia de 800 metros de las zonas sensibles“. Por caso, se protege a las escuelas rurales fijando una zona de resguardo libre de agroquímicos de 1.000 metros.
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Mamíferos: el 22% se encuentra amenazado
Una de cada cinco especies de mamíferos de la Argentina, bajo amenaza de extinción
Fecha de Publicación: 18/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Luces rojas se encienden sobre la continuidad de una buena parte de las especies de mamíferos de la Argentina, y muchas amarillas, alertando sobre la situación delicada de un número aún mayor de especies.
La última edición del Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina informa que 81 de las 365 especies de mamíferos de nuestro país, es decir el 22%, se encuentran amenazadas. Esta biodiversidad integra los diversos paisajes que conforman el territorio nacional y algunas regiones del país albergan más especies amenazadas que otras.
De hecho el 60% de las especies en peligro del país reside en un quinto (1/5) de la superficie del territorio, correspondiente principalmente a las ecorregiones del norte argentino (Yungas, Chaco y Selva Misionera), donde ocurre la mayor biodiversidad.
Con un tratamiento exhaustivo para la mayor parte de las 385 especies de mamíferos de nuestro país, la edición 2012 del Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina menciona las principales causas de amenaza, entre las que se encuentran la acelerada pérdida, la degradación y la fragmentación de hábitats provocadas principalmente por el desmonte para cultivos y los crecientes conflictos con actividades productivas, la cacería ilegal y el tráfico comercial ilegal de fauna, las enfermedades y el impacto de las especies exóticas invasoras.
El 22% que representan las 81 especies amenazadas es sumamente conservador, pues aún no se cuenta con suficiente información ecológica y biológica sobre un número elevado de especies. Cuando se cuente con estudios más detallados sobre distribución geográfica, abundancia poblacional y estado o “salud” de los hábitats, este porcentaje se incrementará sensiblemente.
El Libro Rojo expresa que “… la categorización de los mamíferos de la Argentina refleja una compleja situación de conservación, en la que la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, cacería e invasiones de especies exóticas tienen su señal de impacto sobre el estado de las poblaciones.
El impulso de las investigaciones enfocadas a desentrañar de modo más “fino” los impactos y procesos de estos diversos factores, complementado con el creciente diálogo interdisciplinario, constituyen buenos augurios en la consolidación de herramientas para la planificación y conservación de la diversidad de mamíferos de la Argentina”.
Finalmente, el prólogo destaca que “… la conservación de la biodiversidad es un tema complejo, con dimensiones sociales, económicas y políticas imbricadas en la dimensión biológica”, y que la expectativa de quienes participaron en su elaboración “… es que esta pequeña contribución a la conservación ayude a encontrar un modo de interacción e integración que conduzca a mejorar la calidad de la vida social y ambiental del país.”
El Libro Rojo de los mamíferos es una contribución de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, conocida bajo la sigla de Sarem. Esta sociedad científica tiene ya casi 30 años de trayectoria. Desde su formación ha realizado sustanciales contribuciones al conocimiento de los mamíferos actuales y extintos.
La nueva edición del Libro Rojo contó con la participación de unos 70 especialistas en los distintos grupos mamíferos del país, pertenecientes a diversas instituciones como institutos del Conicet, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Universidades Nacionales, Parques Nacionales, Direcciones de Recursos Naturales Provinciales, Grupos de Especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ONGs.
En particular, los tres editores del Libro Rojo son especialistas en el estudio y conservación de mamíferos con lugar de trabajo en Mendoza. Ricardo Ojeda y Verónica Chillo desarrollan sus investigaciones en el Iadiza-Conicet Mendoza, mientras que Gabriela Díaz Isenrath trabaja en el Instituto de Ciencias Básicas de la UNCuyo, sede Malargüe.
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Fecha de Publicación: 18/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Luces rojas se encienden sobre la continuidad de una buena parte de las especies de mamíferos de la Argentina, y muchas amarillas, alertando sobre la situación delicada de un número aún mayor de especies. La última edición del Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina informa que 81 de las 365 especies de mamíferos de nuestro país, es decir el 22%, se encuentran amenazadas. Esta biodiversidad integra los diversos paisajes que conforman el territorio nacional y algunas regiones del país albergan más especies amenazadas que otras.
De hecho el 60% de las especies en peligro del país reside en un quinto (1/5) de la superficie del territorio, correspondiente principalmente a las ecorregiones del norte argentino (Yungas, Chaco y Selva Misionera), donde ocurre la mayor biodiversidad.
Con un tratamiento exhaustivo para la mayor parte de las 385 especies de mamíferos de nuestro país, la edición 2012 del Libro Rojo de los Mamíferos de Argentina menciona las principales causas de amenaza, entre las que se encuentran la acelerada pérdida, la degradación y la fragmentación de hábitats provocadas principalmente por el desmonte para cultivos y los crecientes conflictos con actividades productivas, la cacería ilegal y el tráfico comercial ilegal de fauna, las enfermedades y el impacto de las especies exóticas invasoras.
El 22% que representan las 81 especies amenazadas es sumamente conservador, pues aún no se cuenta con suficiente información ecológica y biológica sobre un número elevado de especies. Cuando se cuente con estudios más detallados sobre distribución geográfica, abundancia poblacional y estado o “salud” de los hábitats, este porcentaje se incrementará sensiblemente.
El Libro Rojo expresa que “… la categorización de los mamíferos de la Argentina refleja una compleja situación de conservación, en la que la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, cacería e invasiones de especies exóticas tienen su señal de impacto sobre el estado de las poblaciones.
El impulso de las investigaciones enfocadas a desentrañar de modo más “fino” los impactos y procesos de estos diversos factores, complementado con el creciente diálogo interdisciplinario, constituyen buenos augurios en la consolidación de herramientas para la planificación y conservación de la diversidad de mamíferos de la Argentina”.
Finalmente, el prólogo destaca que “… la conservación de la biodiversidad es un tema complejo, con dimensiones sociales, económicas y políticas imbricadas en la dimensión biológica”, y que la expectativa de quienes participaron en su elaboración “… es que esta pequeña contribución a la conservación ayude a encontrar un modo de interacción e integración que conduzca a mejorar la calidad de la vida social y ambiental del país.”
El Libro Rojo de los mamíferos es una contribución de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, conocida bajo la sigla de Sarem. Esta sociedad científica tiene ya casi 30 años de trayectoria. Desde su formación ha realizado sustanciales contribuciones al conocimiento de los mamíferos actuales y extintos.
La nueva edición del Libro Rojo contó con la participación de unos 70 especialistas en los distintos grupos mamíferos del país, pertenecientes a diversas instituciones como institutos del Conicet, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Universidades Nacionales, Parques Nacionales, Direcciones de Recursos Naturales Provinciales, Grupos de Especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ONGs.
En particular, los tres editores del Libro Rojo son especialistas en el estudio y conservación de mamíferos con lugar de trabajo en Mendoza. Ricardo Ojeda y Verónica Chillo desarrollan sus investigaciones en el Iadiza-Conicet Mendoza, mientras que Gabriela Díaz Isenrath trabaja en el Instituto de Ciencias Básicas de la UNCuyo, sede Malargüe.
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El Riachuelo quiere cambiar su imagen negativa
El Riachuelo se esfuerza por cambiar su imagen y dejar atrás décadas de abandono y contaminación
Fecha de Publicación: 18/08/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Riachuelo
Lo que más llama la atención al acercarse a las barandas del paseo de la Vuelta de Rocha en La Boca, con el imponente Puente Transbordador de comienzos del siglo XX de fondo, es el color del agua y especialmente el aroma en el aire.
Los tiempos han cambiado y aquella negrura espesa y hedionda que flotaba en medio de barcos hundidos allí, a metros de Caminito y de las turísticas cantinas cercanas a la cancha de Boca, como legado insoslayable de años de abandono y severa contaminación, están dejando lugar a una imagen mucho más amistosa del Riachuelo.
Se trata de un trabajo de transformación lenta, pero que se viene desarrollando en forma sostenida en los últimos tiempos en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, con resultados que saltan a la vista por estos días especialmente en La Boca, donde acercarse al agua para tomarse una foto de recuerdo lejos está de generar aquella repulsiva sensación de años atrás.
"El Riachuelo está dejando de ser un lugar oscuro", afirmó el vicepresidente ejecutivo de ACUMAR, Antolín Magallanes, tras una recorrida fluvial de más de dos horas de duración, junto con un grupo de periodistas, por el emblemático curso de agua que marca el límite entre la Capital Federal y distritos del sur del Conurbano bonaerense.
Líder de la Fundación por La Boca y eterno enamorado del Riachuelo, Magallanes está convencido de que la recuperación del río es posible e incluso su navegabilidad, aunque sabe que es necesario mantener un trabajo de cooperación aceitado entre la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para lograrlo (con millones de pesos de por medio) y, en especial, fomentar un cambio de hábitos en la sociedad, para que contaminar deje de ser una -ingrata- costumbre.
"Estamos hablando de un patrón cultural que ha dominado la zona desde hace 200 años", sostuvo Magallanes, al referirse a un accionar -promovido especialmente por sector industriales- que ha convertido a la Cuenca en el principal foco infeccioso y de contaminación ambiental de la región metropolitana de Buenos Aires, a lo largo de 65 kilómetros a la redonda.
"Si la comunidad no se apropia del río, todo lo demás es imposible", remarcó, en declaraciones a Noticias Argentinas y otros medios de prensa, y destacó la importancia de que "avanzar en conjunto" con la sociedad en la recuperación del Riachuelo, adoptando una postura de fiscalización que sirva para dejar en claro que "el que contamina está amenazado". .
De olores y colores.
La remoción de residuos, desechos tóxicos, hidrocarburos, barcos hundidos y toneladas chatarra en general por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ha permitido que las aguas que bañan la Vuelta de Rocha, e incluso las costas de Barracas, Avellaneda y hasta Nueva Pompeya y Lanús, empiecen a redefinir su propia nómina de sinónimos.
El Riachuelo comenzó a retomar por estos días ese tradicional color café con leche del Río de la Plata y aquella confluencia portuaria lúgubre y pestilente de La Boca hoy huele a comidas criollas, gracias a la brisa que desparrama el olor que escapa de las cocinas de las cantinas y parrillas de la zona, a unas pocas cuadras de La Bombonera.
De todos modos, aún es largo el camino que ACUMAR tiene por delante para cumplir una primera y cardinal etapa de su misión: evitar que los ríos y arroyos que conforman la Cuenca se sigan contaminando, poniendo de ese modo en riesgo la salud de las 5 millones de personas que viven en la región.
"Estamos entrando en una etapa de definiciones", remarcó Magallanes, quien precisó que obtener un diagnóstico -para su posterior limpieza- de los barros contaminados alojados en el lecho de arroyos y ríos, y lograr que el Mercado de Hacienda de Liniers deje de verter desechos y restos orgánicos en la Cuenca figuran al tope de la lista de prioridades a corto plazo, para seguir avanzando con el saneamiento.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2008 aceleró los trabajos que, de acuerdo con Magallanes, tienen por objetivo "recuperar la historia y el valor patrimonial del Riachuelo", además de erradicar uno de las mayores usinas de contaminación a cielo abierto de la Argentina y mejorar la calidad de vida de millones de personas.
"Tenemos que crear una identidad de cuenca", enfatizó, al término de la recorrida, generando concientización sobre la necesidad e importancia de mantener los espejos de agua limpios y ejerciendo un fuerte control sobre los más de 23.500 establecimientos industriales empadronados en la región.
Poner en valor toda esta zona del área metropolitana para que los vecinos puedan disfrutarla: de eso se trata en definitiva la tarea que lleva adelante ACUMAR, afirmó Magallanes, quien precisó que en la actualidad entre 10 y 15 industrias de la Cuenca logran reconvertirse por mes, aunque las autoridades pretenden llevar esa cifra a 20 o incluso 30.
Para cumplir con estos trabajos, que incluyen también la relocalización de familias que aún viven en condiciones miserables en las márgenes del Riachuelo, por ejemplo, se necesita un amplio respaldo financiero.
Y en este sentido, Magallanes lamentó que -hasta el momento- solo sea el Gobierno nacional el que parece realmente interesado en motorizar el saneamiento (al aportar el 80 por ciento de la inversión presupuestada), a diferencia de lo que ocurre, según manifestó, con la Ciudad y la Provincia.
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Fecha de Publicación: 18/08/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Riachuelo
Lo que más llama la atención al acercarse a las barandas del paseo de la Vuelta de Rocha en La Boca, con el imponente Puente Transbordador de comienzos del siglo XX de fondo, es el color del agua y especialmente el aroma en el aire.
Los tiempos han cambiado y aquella negrura espesa y hedionda que flotaba en medio de barcos hundidos allí, a metros de Caminito y de las turísticas cantinas cercanas a la cancha de Boca, como legado insoslayable de años de abandono y severa contaminación, están dejando lugar a una imagen mucho más amistosa del Riachuelo.
Se trata de un trabajo de transformación lenta, pero que se viene desarrollando en forma sostenida en los últimos tiempos en toda la Cuenca Matanza-Riachuelo, con resultados que saltan a la vista por estos días especialmente en La Boca, donde acercarse al agua para tomarse una foto de recuerdo lejos está de generar aquella repulsiva sensación de años atrás.
"El Riachuelo está dejando de ser un lugar oscuro", afirmó el vicepresidente ejecutivo de ACUMAR, Antolín Magallanes, tras una recorrida fluvial de más de dos horas de duración, junto con un grupo de periodistas, por el emblemático curso de agua que marca el límite entre la Capital Federal y distritos del sur del Conurbano bonaerense.
Líder de la Fundación por La Boca y eterno enamorado del Riachuelo, Magallanes está convencido de que la recuperación del río es posible e incluso su navegabilidad, aunque sabe que es necesario mantener un trabajo de cooperación aceitado entre la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para lograrlo (con millones de pesos de por medio) y, en especial, fomentar un cambio de hábitos en la sociedad, para que contaminar deje de ser una -ingrata- costumbre.
"Estamos hablando de un patrón cultural que ha dominado la zona desde hace 200 años", sostuvo Magallanes, al referirse a un accionar -promovido especialmente por sector industriales- que ha convertido a la Cuenca en el principal foco infeccioso y de contaminación ambiental de la región metropolitana de Buenos Aires, a lo largo de 65 kilómetros a la redonda.
"Si la comunidad no se apropia del río, todo lo demás es imposible", remarcó, en declaraciones a Noticias Argentinas y otros medios de prensa, y destacó la importancia de que "avanzar en conjunto" con la sociedad en la recuperación del Riachuelo, adoptando una postura de fiscalización que sirva para dejar en claro que "el que contamina está amenazado". .
De olores y colores.
La remoción de residuos, desechos tóxicos, hidrocarburos, barcos hundidos y toneladas chatarra en general por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ha permitido que las aguas que bañan la Vuelta de Rocha, e incluso las costas de Barracas, Avellaneda y hasta Nueva Pompeya y Lanús, empiecen a redefinir su propia nómina de sinónimos.
El Riachuelo comenzó a retomar por estos días ese tradicional color café con leche del Río de la Plata y aquella confluencia portuaria lúgubre y pestilente de La Boca hoy huele a comidas criollas, gracias a la brisa que desparrama el olor que escapa de las cocinas de las cantinas y parrillas de la zona, a unas pocas cuadras de La Bombonera.
De todos modos, aún es largo el camino que ACUMAR tiene por delante para cumplir una primera y cardinal etapa de su misión: evitar que los ríos y arroyos que conforman la Cuenca se sigan contaminando, poniendo de ese modo en riesgo la salud de las 5 millones de personas que viven en la región.
"Estamos entrando en una etapa de definiciones", remarcó Magallanes, quien precisó que obtener un diagnóstico -para su posterior limpieza- de los barros contaminados alojados en el lecho de arroyos y ríos, y lograr que el Mercado de Hacienda de Liniers deje de verter desechos y restos orgánicos en la Cuenca figuran al tope de la lista de prioridades a corto plazo, para seguir avanzando con el saneamiento.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2008 aceleró los trabajos que, de acuerdo con Magallanes, tienen por objetivo "recuperar la historia y el valor patrimonial del Riachuelo", además de erradicar uno de las mayores usinas de contaminación a cielo abierto de la Argentina y mejorar la calidad de vida de millones de personas.
"Tenemos que crear una identidad de cuenca", enfatizó, al término de la recorrida, generando concientización sobre la necesidad e importancia de mantener los espejos de agua limpios y ejerciendo un fuerte control sobre los más de 23.500 establecimientos industriales empadronados en la región.
Poner en valor toda esta zona del área metropolitana para que los vecinos puedan disfrutarla: de eso se trata en definitiva la tarea que lleva adelante ACUMAR, afirmó Magallanes, quien precisó que en la actualidad entre 10 y 15 industrias de la Cuenca logran reconvertirse por mes, aunque las autoridades pretenden llevar esa cifra a 20 o incluso 30.
Para cumplir con estos trabajos, que incluyen también la relocalización de familias que aún viven en condiciones miserables en las márgenes del Riachuelo, por ejemplo, se necesita un amplio respaldo financiero.
Y en este sentido, Magallanes lamentó que -hasta el momento- solo sea el Gobierno nacional el que parece realmente interesado en motorizar el saneamiento (al aportar el 80 por ciento de la inversión presupuestada), a diferencia de lo que ocurre, según manifestó, con la Ciudad y la Provincia.
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Sapag está tranquilo por Chevron
Sapag rechazó las críticas
Fecha de Publicación: 17/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El gobernador de Neuquén salió al cruce de la oposición provincial por el acuerdo firmado entre YPF y Chevron, que debe ser ratificado por la Legislatura de esa provincia. Dijo que no se usará agua del subsuelo para las fracturas.
“Estamos muy tranquilos con el tema ambiental en Vaca Muerta. Nosotros hemos tomado medidas de avanzada por decreto, que se van a convertir seguramente en ley. Por ejemplo, la prohibición de usar el agua del subsuelo para todo tipo de fractura.” Con estas palabras, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, salió al cruce de la oposición provincial por el acuerdo firmado entre YPF y Chevron, que debe ser ratificado por la Legislatura de esa provincia.
“Yo estoy muy tranquilo, esto fue algo que se batió mucho en la campaña electoral (por las críticas). Siempre es mucho más fácil hacer un discurso desde la oposición que desde el gobierno, porque el gobierno tiene que ir gestionando y haciendo”, agregó el gobernador. La Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura ya dio dictamen favorable al decreto provincial que respalda el acuerdo entre ambas petroleras para trabajar en conjunto en Vaca Muerta.
El 15 de julio, el gobierno nacional aprobó por decreto un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras. Esa regulación rige para todas las empresas que tienen concesiones en el país y para las que se asocien con los titulares de esos permisos. Sin embargo, resultó ser la consecuencia directa de la negociación que YPF mantuvo con Chevron para lograr su desembarco en el área Loma NorteLoma Campana de Vaca Muerta.
Luego de la oficialización del acuerdo entre ambas petroleras, el gobierno neuquino rubricó el entendimiento entre YPF y Chevron para la explotación de un área del yacimiento Vaca Muerta, a través de un decreto que deberá ser ratificado por la Legislatura. Este trámite parlamentario ya pasó su primera prueba al ser avalado por la Comisión de Hidrocarburos. Ahora resta el aval de Asuntos Constitucionales y Hacienda.
“En nuestra provincia fijamos una serie de requerimientos para cuidar el medio ambiente, como por ejemplo la prohibición de usar el agua del subsuelo para todo tipo de fractura, la reutilización del agua de reflujo para ser aplicado otra vez a todo lo que es fractura. También apuntamos al tratamiento del agua de reflujo para sacarle las impurezas y devolverla en el mismo estado en que la recibió la empresa petrolera que está perforando y, por supuesto, todas las normas que se exigen, como la licencia ambiental por pozo”, explicó Sapag, con la intención de despejar todas las dudas que generó el acuerdo YPF-Chevron, sobre todo aquellas vinculadas a los métodos de extracción (fracking).
Durante su exposición en la Legislatura neuquina, el ministro de Energía, Guillermo Coco, sostuvo que “cada pozo petrolero que se perfore tendrá un estudio de impacto ambiental”, y que dichos informes ya fueron presentados para los pozos realizados.
El texto que fijó un nuevo régimen de promoción para el sector de los hidrocarburos establece que las empresas que desembolsen al menos 1000 millones de dólares en un proyecto hidrocarburífero podrán comercializar sin retenciones el 20 por ciento de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión. Además, dispondrán libremente de las divisas generadas por la exportación de dicho porcentaje de crudo o gas.
El acuerdo con Chevron implica una inversión en el primer año de 1240 millones de dólares por parte de la empresa norteamericana. Requerirá la perforación de 1500 pozos y se estima que la zona a desarrollar podría alcanzar una producción diaria de 50 mil barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural asociado. El área de Vaca Muerta que maneja YPF tiene 12 mil km2, un 40 por ciento de la superficie total del yacimientos. El acuerdo con Chevron abarca sólo 395 km2. YPF ya realizó inversiones en Vaca Muerta, de aproximadamente 260 millones de dólares. Estos recursos permitieron instalar 15 equipos de perforación. Cuando Chevron empiece a desembolsar parte de los recursos comprometidos, se perforarán más de 100 pozos, que abarcará en una primera etapa piloto 20 km2, en un área llamada General Enrique Mosconi.
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Fecha de Publicación: 17/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
El gobernador de Neuquén salió al cruce de la oposición provincial por el acuerdo firmado entre YPF y Chevron, que debe ser ratificado por la Legislatura de esa provincia. Dijo que no se usará agua del subsuelo para las fracturas.
“Estamos muy tranquilos con el tema ambiental en Vaca Muerta. Nosotros hemos tomado medidas de avanzada por decreto, que se van a convertir seguramente en ley. Por ejemplo, la prohibición de usar el agua del subsuelo para todo tipo de fractura.” Con estas palabras, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, salió al cruce de la oposición provincial por el acuerdo firmado entre YPF y Chevron, que debe ser ratificado por la Legislatura de esa provincia.
“Yo estoy muy tranquilo, esto fue algo que se batió mucho en la campaña electoral (por las críticas). Siempre es mucho más fácil hacer un discurso desde la oposición que desde el gobierno, porque el gobierno tiene que ir gestionando y haciendo”, agregó el gobernador. La Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura ya dio dictamen favorable al decreto provincial que respalda el acuerdo entre ambas petroleras para trabajar en conjunto en Vaca Muerta.
El 15 de julio, el gobierno nacional aprobó por decreto un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras. Esa regulación rige para todas las empresas que tienen concesiones en el país y para las que se asocien con los titulares de esos permisos. Sin embargo, resultó ser la consecuencia directa de la negociación que YPF mantuvo con Chevron para lograr su desembarco en el área Loma NorteLoma Campana de Vaca Muerta.
Luego de la oficialización del acuerdo entre ambas petroleras, el gobierno neuquino rubricó el entendimiento entre YPF y Chevron para la explotación de un área del yacimiento Vaca Muerta, a través de un decreto que deberá ser ratificado por la Legislatura. Este trámite parlamentario ya pasó su primera prueba al ser avalado por la Comisión de Hidrocarburos. Ahora resta el aval de Asuntos Constitucionales y Hacienda.
“En nuestra provincia fijamos una serie de requerimientos para cuidar el medio ambiente, como por ejemplo la prohibición de usar el agua del subsuelo para todo tipo de fractura, la reutilización del agua de reflujo para ser aplicado otra vez a todo lo que es fractura. También apuntamos al tratamiento del agua de reflujo para sacarle las impurezas y devolverla en el mismo estado en que la recibió la empresa petrolera que está perforando y, por supuesto, todas las normas que se exigen, como la licencia ambiental por pozo”, explicó Sapag, con la intención de despejar todas las dudas que generó el acuerdo YPF-Chevron, sobre todo aquellas vinculadas a los métodos de extracción (fracking).
Durante su exposición en la Legislatura neuquina, el ministro de Energía, Guillermo Coco, sostuvo que “cada pozo petrolero que se perfore tendrá un estudio de impacto ambiental”, y que dichos informes ya fueron presentados para los pozos realizados.
El texto que fijó un nuevo régimen de promoción para el sector de los hidrocarburos establece que las empresas que desembolsen al menos 1000 millones de dólares en un proyecto hidrocarburífero podrán comercializar sin retenciones el 20 por ciento de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión. Además, dispondrán libremente de las divisas generadas por la exportación de dicho porcentaje de crudo o gas.
El acuerdo con Chevron implica una inversión en el primer año de 1240 millones de dólares por parte de la empresa norteamericana. Requerirá la perforación de 1500 pozos y se estima que la zona a desarrollar podría alcanzar una producción diaria de 50 mil barriles de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas natural asociado. El área de Vaca Muerta que maneja YPF tiene 12 mil km2, un 40 por ciento de la superficie total del yacimientos. El acuerdo con Chevron abarca sólo 395 km2. YPF ya realizó inversiones en Vaca Muerta, de aproximadamente 260 millones de dólares. Estos recursos permitieron instalar 15 equipos de perforación. Cuando Chevron empiece a desembolsar parte de los recursos comprometidos, se perforarán más de 100 pozos, que abarcará en una primera etapa piloto 20 km2, en un área llamada General Enrique Mosconi.
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Ahora la ONU auditará la minería en San Juan
La ONU auditará la viabilidad de proyectos mineros en San Juan
Fecha de Publicación: 17/08/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno de San Juan y la Organización para las Naciones Unidas (ONU), firmaron un acuerdo por el cual organismos técnicos de la entidad internacional auditarán las buenas prácticas ambientales en cuatro yacimientos mineros de la provincia. El convenio fue rubricado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para la formulación de una auditoría legal ambiental, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Veladero, de la canadiense Barrick Gold; Gualcamayo, de su coterránea Yamana; y Casposo, de la australiana Troy Resources, son los tres yacimientos hoy en actividad que entran en el acuerdo.
En paralelo, el proyecto binacional en construcción de Barrick, Pascua-Lama, también será auditado, después de sufrir un revés en Chile. Es que debido a una denuncia ambiental, el proyecto fue suspendido del lado chileno hasta que Barrick complete obras solicitadas por la autoridad ambiental de ese país.
La Unops, entidad operacional de las Naciones Unidas, funciona como recurso central en materia de infraestructura y adquisiciones sostenibles en el sistema del organismo internacional, y también en la gestión de proyectos complejos al servicio de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.
Por su parte, el Pnuma tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, además de asegurar que mejore la calidad de vida de los pueblos implicados en las operaciones de las empresas mineras, y prevenir riesgos para los futuros habitantes de esa tierra y zonas lindantes.
Los dos organismos funcionan como el sostén técnico de la ONU para los países de América Latina y el Caribe en materia de sostenibilidad ambiental a través de una asociación regional.
Entre las obligaciones de estos organismos como auditores de las mineras que operan en San Juan, se encuentra la realización de estudios de balance hídrico, uno de los temas clave de la actividad minera. A estos se agrega la responsabilidad que tendrán en la capacitación de las autoridades locales para que puedan diseñar e implementen planes de manejo hídrico. También deberán proveer las condiciones para que se instrumenten las herramientas técnicas que permitan calificar los estudios de impacto ambiental en el sector minero para darle transparencia al mecanismo de autorización de exploración y explotación.
Durante la segunda quincena de agosto, se estará firmando el convenio final entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el Gobierno de San Juan y la Cancillería, que formalizará el comienzo de las actividades del proyecto.
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Fecha de Publicación: 17/08/2013
Fuente: Cronista
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno de San Juan y la Organización para las Naciones Unidas (ONU), firmaron un acuerdo por el cual organismos técnicos de la entidad internacional auditarán las buenas prácticas ambientales en cuatro yacimientos mineros de la provincia. El convenio fue rubricado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para la formulación de una auditoría legal ambiental, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).Veladero, de la canadiense Barrick Gold; Gualcamayo, de su coterránea Yamana; y Casposo, de la australiana Troy Resources, son los tres yacimientos hoy en actividad que entran en el acuerdo.
En paralelo, el proyecto binacional en construcción de Barrick, Pascua-Lama, también será auditado, después de sufrir un revés en Chile. Es que debido a una denuncia ambiental, el proyecto fue suspendido del lado chileno hasta que Barrick complete obras solicitadas por la autoridad ambiental de ese país.
La Unops, entidad operacional de las Naciones Unidas, funciona como recurso central en materia de infraestructura y adquisiciones sostenibles en el sistema del organismo internacional, y también en la gestión de proyectos complejos al servicio de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.
Por su parte, el Pnuma tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, además de asegurar que mejore la calidad de vida de los pueblos implicados en las operaciones de las empresas mineras, y prevenir riesgos para los futuros habitantes de esa tierra y zonas lindantes.
Los dos organismos funcionan como el sostén técnico de la ONU para los países de América Latina y el Caribe en materia de sostenibilidad ambiental a través de una asociación regional.
Entre las obligaciones de estos organismos como auditores de las mineras que operan en San Juan, se encuentra la realización de estudios de balance hídrico, uno de los temas clave de la actividad minera. A estos se agrega la responsabilidad que tendrán en la capacitación de las autoridades locales para que puedan diseñar e implementen planes de manejo hídrico. También deberán proveer las condiciones para que se instrumenten las herramientas técnicas que permitan calificar los estudios de impacto ambiental en el sector minero para darle transparencia al mecanismo de autorización de exploración y explotación.
Durante la segunda quincena de agosto, se estará firmando el convenio final entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el Gobierno de San Juan y la Cancillería, que formalizará el comienzo de las actividades del proyecto.
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20 cóndores mueren por agroquímicos en Mendoza
Un pesticida intoxicó a 20 cóndores en la frontera de Mendoza con Chile
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El hallazgo de las aves intoxicadas se produjo el domingo. Se caían, no podían volar y estaban paralizadas. Dos murieron. Las demás se recuperan en Chile. Ahora se sabe que comieron pesticida.
El hallazgo de 20 cóndores intoxicados en los alrededores de la ruta internacional a Chile encendió todas las alarmas, ya que en la misma zona habían sido hallados muertos dos zorros y nadie sabía lo que estaba matando a los animales.
Ahora se sabe que un vacuno muerto que fue rociado con algún tipo de químico agrícola causó la intoxicación, según afirmó hoy el médico veterinario chileno Eric Savard, quien fue el profesional que atendió a los ejemplares en su clínica de la localidad chilena de Los Andes.
Ahora carabineros intentará determinar quién fue el responsable de rociar con pesticida para plantas a la vaca muerta. Las alarmas se encendieron porque las aves volaban a baja altura y con un andar agónico, lo que alarmó a quienes viajaban por el paso internacional.
“Llegaron 17 cóndores a la Clínica Veterinaria de Los Andes. Llegó otro cóndor más esta mañana (por el lunes) y adicionalmente se encontraron dos más muertos", informó el director del Zoológico Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabry.
Los testigos del hecho "básicamente vieron conductas muy erráticas. (Las aves) no podían moverse, no podían volar, se caían desde el cielo y eran muy evidentes los signos clínicos", describió.
Los animales fueron auxiliados en la veterinaria de Los Andes y luego trasladados al zoológico de Santiago, donde se les dio suero y medicamentos. Próximamente serán liberados en la cordillera.
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Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El hallazgo de las aves intoxicadas se produjo el domingo. Se caían, no podían volar y estaban paralizadas. Dos murieron. Las demás se recuperan en Chile. Ahora se sabe que comieron pesticida. El hallazgo de 20 cóndores intoxicados en los alrededores de la ruta internacional a Chile encendió todas las alarmas, ya que en la misma zona habían sido hallados muertos dos zorros y nadie sabía lo que estaba matando a los animales.
Ahora se sabe que un vacuno muerto que fue rociado con algún tipo de químico agrícola causó la intoxicación, según afirmó hoy el médico veterinario chileno Eric Savard, quien fue el profesional que atendió a los ejemplares en su clínica de la localidad chilena de Los Andes.
Ahora carabineros intentará determinar quién fue el responsable de rociar con pesticida para plantas a la vaca muerta. Las alarmas se encendieron porque las aves volaban a baja altura y con un andar agónico, lo que alarmó a quienes viajaban por el paso internacional.
“Llegaron 17 cóndores a la Clínica Veterinaria de Los Andes. Llegó otro cóndor más esta mañana (por el lunes) y adicionalmente se encontraron dos más muertos", informó el director del Zoológico Metropolitano de Santiago, Mauricio Fabry.
Los testigos del hecho "básicamente vieron conductas muy erráticas. (Las aves) no podían moverse, no podían volar, se caían desde el cielo y eran muy evidentes los signos clínicos", describió.
Los animales fueron auxiliados en la veterinaria de Los Andes y luego trasladados al zoológico de Santiago, donde se les dio suero y medicamentos. Próximamente serán liberados en la cordillera.
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La Asamblea de Gualeguaychú sigue firme en su lucha
La Asamblea de Gualeguaychú presentará más pruebas contra Botnia
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una nota a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú para consultar si mantienen la petición realizada en 2005. Desde la ONG anunciaron que aportarán nuevas pruebas. A fines de 2005, el gobierno entrerriano de entonces (Pedro Busti-Guillermo Guastavino) y la Asamblea presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (con planillas con la firma de los vecinos) porque entendía que la instalación de Botnia y en ese entonces la española Ence, violaban derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay. Esta causa fue quedando inmovilizada y ahora se ha retomado el expediente y remitieron esta notificación para saber si los asambleístas mantienen la petición y, en caso de ser así poder conocer qué hechos nuevos que han ocurrido desde el 2005 a la fecha. Este tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la Asamblea, Ana María Angelini, adelantó que además de ratificar la presentación, aportarán nuevas pruebas, para lo cual se convocarán a los equipos técnicos de la Asamblea.
Angelini indicó que “la ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”.
“Para nosotros era una causa que había quedado archivada. Por eso, ver que hoy de nuevo se moviliza es algo muy importante porque tenemos esperanzas que se pueda avanzar”, añadió.
La estrategia será no sólo aprovechar la ratificación de la denuncia, sino aportar nuevos hechos, aclarar que Ence no se instaló pero Botnia sí y que contamina de manera diaria, que no solo se incumplen con el Estatuto del Río Uruguay, sino también con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en cuanto a que no se realizan los monitoreos como fueron establecidos, publicó El Argentino.
En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio de la Plaza), la letrada indicó: “Inicialmente ratificamos la denuncia y aportaremos prueba, luego la Comisión se tiene que poner a investigar si decide hacerlo. Desde que hicimos la denuncia hasta ahora se ha cambiado mucho y se tienen más en cuentan los daños ambientales. También ha cambiado en el mundo el tratamiento ante los daños al medio ambiente”.
“Creo que no es tanto lo que nosotros tendríamos que aportar sino que UPM tiene que acreditar que no está causando daño”, señaló.
Finalmente, contó que la Asamblea se sigue reuniendo todos los miércoles y que ahora están preparando otra edición del Grito Blanco, que se realizará el 27 de septiembre.
Antecedentes
El 19 de septiembre de 2005 el entonces gobierno de Jorge Busti-Pedro Guillermo Guastavino denunciaron al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el informe elaborado por el gobierno entrerriano de entonces, se indicó que en esa presentación se “dejó claro en el texto que la presentación no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del ambiente y de la calidad de vida”.
“La petición apuntó a que la CIDH declaráse que el Estado uruguayo violó la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias de esos proyectos en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas del río Uruguay”.
Se entendió que el caso merecía el tratamiento de la CIDH porque, como ciudadanos argentinos, no se poseen, en el Estado uruguayo, recursos que habiliten para solicitar la protección jurisdiccional a fin de resolver la controversia.
Desde el momento en que el hecho dañoso (ambiental y humano) se produce en un país extranjero con repercusión extraterritorial, cae la jurisdicción estatal. Esto es así por la particularidad de los daños producidos y determina la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que a derechos fundamentales se refiere.
Así, toda vez que el daño conculca derechos humanos que trascienden la frontera del Estado agresor, la competencia de la Comisión se abre al ponerse de manifiesto la conducta lesiva del Estado sobre el individuo.
Por último, en virtud de la necesidad de protección especial que merecen los niños, se requirió que la comisión solicite al Estado uruguayo que adopte todas las medidas para asegurar la no-exposición de los niños y niñas que habitan la zona de impacto ambiental directo a la gravísima contaminación ambiental que generarán las empresas, de acuerdo al informe de gestión del gobierno entrerriano.
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Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una nota a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú para consultar si mantienen la petición realizada en 2005. Desde la ONG anunciaron que aportarán nuevas pruebas. A fines de 2005, el gobierno entrerriano de entonces (Pedro Busti-Guillermo Guastavino) y la Asamblea presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (con planillas con la firma de los vecinos) porque entendía que la instalación de Botnia y en ese entonces la española Ence, violaban derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay. Esta causa fue quedando inmovilizada y ahora se ha retomado el expediente y remitieron esta notificación para saber si los asambleístas mantienen la petición y, en caso de ser así poder conocer qué hechos nuevos que han ocurrido desde el 2005 a la fecha. Este tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la Asamblea, Ana María Angelini, adelantó que además de ratificar la presentación, aportarán nuevas pruebas, para lo cual se convocarán a los equipos técnicos de la Asamblea.
Angelini indicó que “la ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”.
“Para nosotros era una causa que había quedado archivada. Por eso, ver que hoy de nuevo se moviliza es algo muy importante porque tenemos esperanzas que se pueda avanzar”, añadió.
La estrategia será no sólo aprovechar la ratificación de la denuncia, sino aportar nuevos hechos, aclarar que Ence no se instaló pero Botnia sí y que contamina de manera diaria, que no solo se incumplen con el Estatuto del Río Uruguay, sino también con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en cuanto a que no se realizan los monitoreos como fueron establecidos, publicó El Argentino.
En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio de la Plaza), la letrada indicó: “Inicialmente ratificamos la denuncia y aportaremos prueba, luego la Comisión se tiene que poner a investigar si decide hacerlo. Desde que hicimos la denuncia hasta ahora se ha cambiado mucho y se tienen más en cuentan los daños ambientales. También ha cambiado en el mundo el tratamiento ante los daños al medio ambiente”.
“Creo que no es tanto lo que nosotros tendríamos que aportar sino que UPM tiene que acreditar que no está causando daño”, señaló.
Finalmente, contó que la Asamblea se sigue reuniendo todos los miércoles y que ahora están preparando otra edición del Grito Blanco, que se realizará el 27 de septiembre.
Antecedentes
El 19 de septiembre de 2005 el entonces gobierno de Jorge Busti-Pedro Guillermo Guastavino denunciaron al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el informe elaborado por el gobierno entrerriano de entonces, se indicó que en esa presentación se “dejó claro en el texto que la presentación no obedecía a una oposición antojadiza al desarrollo de un país vecino y tampoco a promover un enfrentamiento entre ecología/derechos humanos y economía, sino de trabajar en conjunto, pero no bajo pautas economicistas a costa de la degradación del ambiente y de la calidad de vida”.
“La petición apuntó a que la CIDH declaráse que el Estado uruguayo violó la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias de esos proyectos en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas del río Uruguay”.
Se entendió que el caso merecía el tratamiento de la CIDH porque, como ciudadanos argentinos, no se poseen, en el Estado uruguayo, recursos que habiliten para solicitar la protección jurisdiccional a fin de resolver la controversia.
Desde el momento en que el hecho dañoso (ambiental y humano) se produce en un país extranjero con repercusión extraterritorial, cae la jurisdicción estatal. Esto es así por la particularidad de los daños producidos y determina la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo que a derechos fundamentales se refiere.
Así, toda vez que el daño conculca derechos humanos que trascienden la frontera del Estado agresor, la competencia de la Comisión se abre al ponerse de manifiesto la conducta lesiva del Estado sobre el individuo.
Por último, en virtud de la necesidad de protección especial que merecen los niños, se requirió que la comisión solicite al Estado uruguayo que adopte todas las medidas para asegurar la no-exposición de los niños y niñas que habitan la zona de impacto ambiental directo a la gravísima contaminación ambiental que generarán las empresas, de acuerdo al informe de gestión del gobierno entrerriano.
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Reunión binacional con Chile por la minería
Reunión entre Chile y Argentina por el 'país de las mineras' en la Cordillera
Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: No a la Mina - Telam
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Minería de Argentina, Jorge Mayoral, y su par chileno Hernán Solminihac, participaron el pasado 14 de agosto del encuentro de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación en esa área entre Argentina y Chile, que esta vez contó con la participación de trabajadores y emprendedores. Diversas organizaciones y movimientos sociales a ambos lados de la Cordillera de los Andes denuncian el Tratado como el acta de fundación de "el país de las mineras" y reclaman su anulación.
En referencia a éstos últimos, Mayoral expresó su presencia "es vital, ya que a través del trabajador y del emprendedor se suman visiones que nos permiten tener mayor sensibilidad al momento de diseñar e implementar políticas activas para el sector".
El Tratado Minero Argentino Chileno, convocante de este encuentro, es una herramienta fundacional a nivel mundial que promueve la exploración y producción minera conjunta. Durante las reuniones realizadas ayer y hoy, las comisiones de trabajo a través de los equipos técnicos de ambos países, junto a trabajadores y sustituidores, abordaron temáticas inherentes al tratado minero binacional. No sólo se aludió al primer proyecto minero binacional del mundo, Lama Pascua, que llevan adelante los dos países, sino también al proyecto Vicuña y otros tantos que forman parte de este esquema de trabajo conjunto.
En la mañana de hoy, Mayoral, y su par chileno, Solminihac analizaron el texto referido a minería en el marco del Subgrupo de Trabajo Nº 15 (Minería) del MERCOSUR. Dicho trabajo específica que "la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, de conformidad con los resultados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002 y la Cumbre Mundial Río+20, de junio 2012". Asimismo sostiene que "el desarrollo del sector minero en la región permitirá atraer inversiones, nuevos proyectos, generar empleos y oportunidades para nuevos emprendimientos locales".
Los funcionarios coincidieron en seguir fortaleciendo el marco de integración minera entre Argentina y Chile, en sintonía con la decisión de los presidentes de ambos países de continuar estrechando vínculos y profundizando la relación bilateral desde la suma de las ventajas que posee cada uno, aportando valor agregado en términos de competitividad regional.
En esta ocasión, el organismo minero argentino invitó a los representantes de los trabajadores mineros nucleados en AOMA; a trabajadores de la construcción (UOCRA) representados por Eduardo Cabello y Carlos Romero; y a trabajadores del personal jerárquico minero (ASIJEMIN) en la persona de Mauricio Escobar. Asimismo se participó a las empresas que sustituyen importaciones y que forman parte de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI), y de la Mesa de Homologación Minera (MHM). Por tales entidades estuvo presente Rafael Dhal. De la reunión que se realiza en la capital chilena participan también el embajador argentino en Chile, Ginés González García; el subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de Cancillería Argentina, Carlos Bianco. Por Chile, lo hacen la jefa de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de la Cancillería, María Teresa Infante; y el subsecretario de Minería de Chile, Francisco Orrego Bauzá.
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Fecha de Publicación: 16/08/2013
Fuente: No a la Mina - Telam
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Minería de Argentina, Jorge Mayoral, y su par chileno Hernán Solminihac, participaron el pasado 14 de agosto del encuentro de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación en esa área entre Argentina y Chile, que esta vez contó con la participación de trabajadores y emprendedores. Diversas organizaciones y movimientos sociales a ambos lados de la Cordillera de los Andes denuncian el Tratado como el acta de fundación de "el país de las mineras" y reclaman su anulación.
En referencia a éstos últimos, Mayoral expresó su presencia "es vital, ya que a través del trabajador y del emprendedor se suman visiones que nos permiten tener mayor sensibilidad al momento de diseñar e implementar políticas activas para el sector".
El Tratado Minero Argentino Chileno, convocante de este encuentro, es una herramienta fundacional a nivel mundial que promueve la exploración y producción minera conjunta. Durante las reuniones realizadas ayer y hoy, las comisiones de trabajo a través de los equipos técnicos de ambos países, junto a trabajadores y sustituidores, abordaron temáticas inherentes al tratado minero binacional. No sólo se aludió al primer proyecto minero binacional del mundo, Lama Pascua, que llevan adelante los dos países, sino también al proyecto Vicuña y otros tantos que forman parte de este esquema de trabajo conjunto.
En la mañana de hoy, Mayoral, y su par chileno, Solminihac analizaron el texto referido a minería en el marco del Subgrupo de Trabajo Nº 15 (Minería) del MERCOSUR. Dicho trabajo específica que "la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, de conformidad con los resultados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002 y la Cumbre Mundial Río+20, de junio 2012". Asimismo sostiene que "el desarrollo del sector minero en la región permitirá atraer inversiones, nuevos proyectos, generar empleos y oportunidades para nuevos emprendimientos locales".
Los funcionarios coincidieron en seguir fortaleciendo el marco de integración minera entre Argentina y Chile, en sintonía con la decisión de los presidentes de ambos países de continuar estrechando vínculos y profundizando la relación bilateral desde la suma de las ventajas que posee cada uno, aportando valor agregado en términos de competitividad regional.
En esta ocasión, el organismo minero argentino invitó a los representantes de los trabajadores mineros nucleados en AOMA; a trabajadores de la construcción (UOCRA) representados por Eduardo Cabello y Carlos Romero; y a trabajadores del personal jerárquico minero (ASIJEMIN) en la persona de Mauricio Escobar. Asimismo se participó a las empresas que sustituyen importaciones y que forman parte de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI), y de la Mesa de Homologación Minera (MHM). Por tales entidades estuvo presente Rafael Dhal. De la reunión que se realiza en la capital chilena participan también el embajador argentino en Chile, Ginés González García; el subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de Cancillería Argentina, Carlos Bianco. Por Chile, lo hacen la jefa de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites de la Cancillería, María Teresa Infante; y el subsecretario de Minería de Chile, Francisco Orrego Bauzá.
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