La SCJ sancionó a la CNEA por una mina de uranio
10:40 | 
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Dura sanción por la contaminación con uranio en Malargüe
Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.
La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
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Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
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Alta incidencia de cáncer en pueblos fumigados
Pueblos fumigados casi duplican la media nacional de muertes por cáncer
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.
La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
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Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
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Denuncian un "mega desmonte" en Chaco
Denuncian un "mega desmonte" autorizado por la Dirección de Bosques
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Mediante un crítico documento, la organización social coordinada por el abogado Rolando Núñez apuntó a un nuevo desmonte de más de 2 mil hectáreas, 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, detrás del establecimiento “Don Pedro”.
Publicamos de manera textual el documento elaborado por el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” DDHH:
“El exasperante ambientalismo declarativo del gobierno”
Por la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo que impulsa el Ministerio de la Producción del gobierno chaqueño se habilitan diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura. Esta vez se tratan de suelos arenosos y limosos, Clases V y VI, del Departamento Brown, donde intensamente se viene desmontando para hacer chacras y ampliar la frontera agropecuaria. El caso concreto es un gran desmonte que supera 1.500 hectáreas, precedido de una autorización silvopastoril, ejecutados bajo la responsabilidad de profesionales estrechamente vinculados. El desmonte se autorizó en Zona Amarilla, por lo que nuevamente se ha violado la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, posiblemente bajo los efectos de tráfico de influencia o directamente de la corrupción.
El cinismo del discurso ambientalista
El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la presentación de su libro “Los Desafíos Ambientales del Siglo XXI”, en la Feria del Libro, propuso un cambio de modelo cultural, económico y social que impulse un desarrollo sustentable y denunció a los gobiernos que adhieren al ambientalismo declarativo, que proclaman la importancia de los derechos ambientales pero que después dan concesiones sin control. Si únicamente se hubiera referido al Chaco y no a las provincias mineras, ninguna persona -seria y responsable- discutiría tal reflexión dado que el gobierno chaqueño practica el ambientalismo declarativo en su máxima expresión y con mucho entusiasmo, mientras responde favorablemente a los intereses de los grupos de presión que hacen lobby diariamente para ampliar las fronteras agrícola, ganadera y forestal.
El gobierno chaqueño se destaca por el desvergonzado ambientalismo declarativo de su propaganda, de sus ministerios, organismos y programas, finalmente vacíos y absolutamente ficticios en materia de promoción y protección del ambiente y de la biodiversidad. Cuando sancionó la ley de expropiación de la legendaria Estancia “La Fidelidad”, para convertirla en Parque Nacional a precio vil, el gobierno aspiró a vestirse de verde; sin embargo, como la única verdad es la realidad, han quedado al descubierto los verdaderos objetivos de la actual gestión en materia de propiedad, uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales. Ya no pueden negar que todos o casi todos los emprendimientos productivos primarios que se auspician tienen que ver con los modelos netamente extractivistas, depredadores, contaminantes y dañinos para el ecosistema y para la salud, la vida y las actividades de los pocos pobladores rurales que aún resisten en el Chaco y, en forma indirecta, contra quiénes viven en localidades y ciudades de esta provincia. La lógica del gobierno se reduce a las ideas liberales de grandes inversiones, muy concentradas, a mega emprendimientos y grandes producciones a escala, donde no está contemplada la participación de la mano de obra sino únicamente los paquetes tecnológicos que generan la concentración de la riqueza y la notable desigualdad social que predomina en nuestra estructura comunitaria, lo que constituye una gran contradicción frente a los principios de justicia social que predicaba Perón.
Mientras la administración actual continúa negando los desmontes y las explotaciones forestales que descontroladamente avanzan y acosan a nuestro territorio, retacea y oculta la información más importante. Cuando no la pueden esconder, casi todas las informaciones que brinda son parciales, inciertas, erróneas o directamente falsas o elaboradas para la ocasión, como algunas intervenciones en terreno que también son un simulacro efectista. Es que se propusieron continuar con la desinformación para evitar el control social. Al mismo tiempo, los mercenarios del discurso cada vez tienen más espacios en los medios de comunicación, repitiendo los alegatos de los lobbistas más ortodoxos, siempre por plata.
El mega desmonte autorizado por el Director de Bosques
El nuevo gran desmonte del que nos ocupamos se ubica a 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, por la ruta secundaria que lleva a JJ. Castelli. El campo se encuentra detrás del Establecimiento agrícola ganadero “Don Pedro”, muy conocido en la zona. Las coordenadas son S 26º 12.799 W 060º 52.714. Los datos catastrales son los siguientes: Circunscripción 8, Parcela 81, Concepción del Bermejo, Departamento Almirante Brown. Tiene una superficie de 2500 hectáreas.
Según el cartel allí instalado, el predio rural sería de propiedad de Michelle Renne Jenny. Sin embargo, los lugareños refieren que el verdadero dueño es Alejandro Hayes, que sería un ingeniero agrónomo que declara su domicilio en la ciudad de Charata, pero que realmente vive en Córdoba. Hayes, que se presentó ante la policía como propietario del campo, denunció en octubre del año pasado que le habían sustraído madera de su predio. Compartió almuerzos con el Director de Bosques y con el Subsecretario de Recursos Naturales, porque tiene excelentes relaciones.
Se tramitó la autorización de desmonte a tala rasa en el marco del plan de aprovechamiento del uso del suelo, según lo señala el cartel instalado en el predio. El desmonte autorizado fue de 1.569 hectáreas, por Disposición 0065 de 2012 de la Dirección de Bosques. Sin embargo, ya se han desmontados más de 2000 hectáreas, dejándose algunas cortinas vegetales muy estrechas. Toparon todo el monte.
El técnico responsable es el ingeniero Diego A. Kalbermatter, muy activo en la tramitación de permisos de desmontes en gran parte del Chaco, que en Charata asociaban al actual Director de Bosques del Gobierno del Chaco, el ingeniero Miguel Ángel López. Kalbermatter también fue técnico responsable del desmonte en el campo de “Los cuatro niños S.A.”, ubicado entre Tres Isletas y Avia Terai, de propiedad de una familia latifundista, que progresó de manera extraordinaria desde la época de vigencia del rozismo. La madera fue retirada por el productor forestal Oreste Paoletti, Intendente de Los Frentones, estrechamente vinculado con la Dirección de Bosques.
La empresa de desmonte es Picat Hnos. S.A. La madera ha sido retirada por otro amigo de la Dirección de Bosques. Se trata de Alesio Roberto Nardelli, presidente de la cámara de exportadores del carbón chaqueño, que vive en Tres Isletas, que hace cinco años tenía un camión Ford 350 y que en la actualidad montó un imponente establecimiento y cuenta con una flota de 32 camiones, guinches y tecnología muy moderna que permite un tratamiento rápido de la madera en terreno. Luego están la empresa Sbaraglia Group S.R.L., con domicilio legal en Spoltore (PE) Vía Castellani SNC CSP 65010 de la Republica Italiana y la sociedad conformada Chacoexport S.R.L., con Fanny Yamila Kalbermatter, cuyo objeto principal es el desmonte, a compra y venta de las especies forestales, la explotación integral del monte, entre otras actividades.
Parte de los restos forestales ya fueron quemados, lo que constituye una grave infracción forestal que pasa desapercibida. Seguramente la chacra será habilitada para la campaña 2012/2013, a pesar de que se tratan de suelos clase V y VI, tradicionalmente no aptos para la agricultura por ser muy arenosos y limosos, extremadamente susceptibles a la erosión eólica e hídrica.
El paso previo: permiso silvopastoril anterior
Diego A. Kalbermatter tiene habilitada su consultora en Charata. Encontramos que es el técnico responsable en muchas de las autorizaciones entregada por la Dirección de Bosques en distintas regiones de la geografía chaqueña, una más alejada de la otra de su ciudad de residencia. El ingeniero Miguel Ángel López, que para la opinión pública de los charatenses estaba asociado a Kalbermatter en una consultora, fue uno de los profesionales que tramitó muchas autorizaciones en el eje Pinedo/Charata, siendo infraccionado cuando ejercía la profesión liberal.
Antes que se produjera el mega desmonte en el campo de de Michelle o de Hayes, en 1998 el ingeniero López tramitó el permiso silvopastoril que fue autorizado por la Disposición 0508/08, Permiso SF 00376. Estas intervenciones sugieren diversas interpretaciones. Ante el avance de los silvopastoriles que violan la Ley de Bosques y de los desmontes posteriores, surgen dudas y preocupaciones muy concretas aunque algunos sectores tienen certezas que son graves sobre lo que ocurre en el seno de la actual gestión de gobierno, fundamentalmente por el tráfico de influencia y por la corrupción para disponer de los recursos naturales. Es evidente que se ha profundizado el manejo de las tierras en Chaco como una gran inmobiliaria agrícola, ganadera y forestal, cuyo final puede generar la profundización del fuerte desequilibrio ambiental que ya se ha producido como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales y de los suelos. La lógica que comparten, escondida o desembozadamente, el gobierno, los propietarios y los productores permite comprender que van a tumbar todos los montes y a poner en máximo riesgo y daño al frágil equilibrio del ecosistema chaqueño, sobre todo en la Zona Amarilla, donde todos los días se viola la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques".
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Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Mediante un crítico documento, la organización social coordinada por el abogado Rolando Núñez apuntó a un nuevo desmonte de más de 2 mil hectáreas, 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, detrás del establecimiento “Don Pedro”.
Publicamos de manera textual el documento elaborado por el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” DDHH:
“El exasperante ambientalismo declarativo del gobierno”
Por la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo que impulsa el Ministerio de la Producción del gobierno chaqueño se habilitan diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura. Esta vez se tratan de suelos arenosos y limosos, Clases V y VI, del Departamento Brown, donde intensamente se viene desmontando para hacer chacras y ampliar la frontera agropecuaria. El caso concreto es un gran desmonte que supera 1.500 hectáreas, precedido de una autorización silvopastoril, ejecutados bajo la responsabilidad de profesionales estrechamente vinculados. El desmonte se autorizó en Zona Amarilla, por lo que nuevamente se ha violado la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, posiblemente bajo los efectos de tráfico de influencia o directamente de la corrupción.
El cinismo del discurso ambientalista
El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la presentación de su libro “Los Desafíos Ambientales del Siglo XXI”, en la Feria del Libro, propuso un cambio de modelo cultural, económico y social que impulse un desarrollo sustentable y denunció a los gobiernos que adhieren al ambientalismo declarativo, que proclaman la importancia de los derechos ambientales pero que después dan concesiones sin control. Si únicamente se hubiera referido al Chaco y no a las provincias mineras, ninguna persona -seria y responsable- discutiría tal reflexión dado que el gobierno chaqueño practica el ambientalismo declarativo en su máxima expresión y con mucho entusiasmo, mientras responde favorablemente a los intereses de los grupos de presión que hacen lobby diariamente para ampliar las fronteras agrícola, ganadera y forestal.
El gobierno chaqueño se destaca por el desvergonzado ambientalismo declarativo de su propaganda, de sus ministerios, organismos y programas, finalmente vacíos y absolutamente ficticios en materia de promoción y protección del ambiente y de la biodiversidad. Cuando sancionó la ley de expropiación de la legendaria Estancia “La Fidelidad”, para convertirla en Parque Nacional a precio vil, el gobierno aspiró a vestirse de verde; sin embargo, como la única verdad es la realidad, han quedado al descubierto los verdaderos objetivos de la actual gestión en materia de propiedad, uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales. Ya no pueden negar que todos o casi todos los emprendimientos productivos primarios que se auspician tienen que ver con los modelos netamente extractivistas, depredadores, contaminantes y dañinos para el ecosistema y para la salud, la vida y las actividades de los pocos pobladores rurales que aún resisten en el Chaco y, en forma indirecta, contra quiénes viven en localidades y ciudades de esta provincia. La lógica del gobierno se reduce a las ideas liberales de grandes inversiones, muy concentradas, a mega emprendimientos y grandes producciones a escala, donde no está contemplada la participación de la mano de obra sino únicamente los paquetes tecnológicos que generan la concentración de la riqueza y la notable desigualdad social que predomina en nuestra estructura comunitaria, lo que constituye una gran contradicción frente a los principios de justicia social que predicaba Perón.
Mientras la administración actual continúa negando los desmontes y las explotaciones forestales que descontroladamente avanzan y acosan a nuestro territorio, retacea y oculta la información más importante. Cuando no la pueden esconder, casi todas las informaciones que brinda son parciales, inciertas, erróneas o directamente falsas o elaboradas para la ocasión, como algunas intervenciones en terreno que también son un simulacro efectista. Es que se propusieron continuar con la desinformación para evitar el control social. Al mismo tiempo, los mercenarios del discurso cada vez tienen más espacios en los medios de comunicación, repitiendo los alegatos de los lobbistas más ortodoxos, siempre por plata.
El mega desmonte autorizado por el Director de Bosques
El nuevo gran desmonte del que nos ocupamos se ubica a 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, por la ruta secundaria que lleva a JJ. Castelli. El campo se encuentra detrás del Establecimiento agrícola ganadero “Don Pedro”, muy conocido en la zona. Las coordenadas son S 26º 12.799 W 060º 52.714. Los datos catastrales son los siguientes: Circunscripción 8, Parcela 81, Concepción del Bermejo, Departamento Almirante Brown. Tiene una superficie de 2500 hectáreas.
Según el cartel allí instalado, el predio rural sería de propiedad de Michelle Renne Jenny. Sin embargo, los lugareños refieren que el verdadero dueño es Alejandro Hayes, que sería un ingeniero agrónomo que declara su domicilio en la ciudad de Charata, pero que realmente vive en Córdoba. Hayes, que se presentó ante la policía como propietario del campo, denunció en octubre del año pasado que le habían sustraído madera de su predio. Compartió almuerzos con el Director de Bosques y con el Subsecretario de Recursos Naturales, porque tiene excelentes relaciones.
Se tramitó la autorización de desmonte a tala rasa en el marco del plan de aprovechamiento del uso del suelo, según lo señala el cartel instalado en el predio. El desmonte autorizado fue de 1.569 hectáreas, por Disposición 0065 de 2012 de la Dirección de Bosques. Sin embargo, ya se han desmontados más de 2000 hectáreas, dejándose algunas cortinas vegetales muy estrechas. Toparon todo el monte.
El técnico responsable es el ingeniero Diego A. Kalbermatter, muy activo en la tramitación de permisos de desmontes en gran parte del Chaco, que en Charata asociaban al actual Director de Bosques del Gobierno del Chaco, el ingeniero Miguel Ángel López. Kalbermatter también fue técnico responsable del desmonte en el campo de “Los cuatro niños S.A.”, ubicado entre Tres Isletas y Avia Terai, de propiedad de una familia latifundista, que progresó de manera extraordinaria desde la época de vigencia del rozismo. La madera fue retirada por el productor forestal Oreste Paoletti, Intendente de Los Frentones, estrechamente vinculado con la Dirección de Bosques.
La empresa de desmonte es Picat Hnos. S.A. La madera ha sido retirada por otro amigo de la Dirección de Bosques. Se trata de Alesio Roberto Nardelli, presidente de la cámara de exportadores del carbón chaqueño, que vive en Tres Isletas, que hace cinco años tenía un camión Ford 350 y que en la actualidad montó un imponente establecimiento y cuenta con una flota de 32 camiones, guinches y tecnología muy moderna que permite un tratamiento rápido de la madera en terreno. Luego están la empresa Sbaraglia Group S.R.L., con domicilio legal en Spoltore (PE) Vía Castellani SNC CSP 65010 de la Republica Italiana y la sociedad conformada Chacoexport S.R.L., con Fanny Yamila Kalbermatter, cuyo objeto principal es el desmonte, a compra y venta de las especies forestales, la explotación integral del monte, entre otras actividades.
Parte de los restos forestales ya fueron quemados, lo que constituye una grave infracción forestal que pasa desapercibida. Seguramente la chacra será habilitada para la campaña 2012/2013, a pesar de que se tratan de suelos clase V y VI, tradicionalmente no aptos para la agricultura por ser muy arenosos y limosos, extremadamente susceptibles a la erosión eólica e hídrica.
El paso previo: permiso silvopastoril anterior
Diego A. Kalbermatter tiene habilitada su consultora en Charata. Encontramos que es el técnico responsable en muchas de las autorizaciones entregada por la Dirección de Bosques en distintas regiones de la geografía chaqueña, una más alejada de la otra de su ciudad de residencia. El ingeniero Miguel Ángel López, que para la opinión pública de los charatenses estaba asociado a Kalbermatter en una consultora, fue uno de los profesionales que tramitó muchas autorizaciones en el eje Pinedo/Charata, siendo infraccionado cuando ejercía la profesión liberal.
Antes que se produjera el mega desmonte en el campo de de Michelle o de Hayes, en 1998 el ingeniero López tramitó el permiso silvopastoril que fue autorizado por la Disposición 0508/08, Permiso SF 00376. Estas intervenciones sugieren diversas interpretaciones. Ante el avance de los silvopastoriles que violan la Ley de Bosques y de los desmontes posteriores, surgen dudas y preocupaciones muy concretas aunque algunos sectores tienen certezas que son graves sobre lo que ocurre en el seno de la actual gestión de gobierno, fundamentalmente por el tráfico de influencia y por la corrupción para disponer de los recursos naturales. Es evidente que se ha profundizado el manejo de las tierras en Chaco como una gran inmobiliaria agrícola, ganadera y forestal, cuyo final puede generar la profundización del fuerte desequilibrio ambiental que ya se ha producido como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales y de los suelos. La lógica que comparten, escondida o desembozadamente, el gobierno, los propietarios y los productores permite comprender que van a tumbar todos los montes y a poner en máximo riesgo y daño al frágil equilibrio del ecosistema chaqueño, sobre todo en la Zona Amarilla, donde todos los días se viola la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques".
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Gualeguaychú: Sobreseyeron a 18 asambleístas
Sobreseyeron a 18 asambleístas que bloquearon el puente de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los imputados un grupo aproximado de cuatrocientas treinta y cinco personas, de las que, hasta el presente, se ignoran datos.
El juez sostuvo en la resolución de 76 carillas a las que tuvo acceso Infobae.com que "no se realizó el corte de ruta con intención de provocar un daño a quienes pretendía atravesar el mismo o circular libremente por la ruta impedida, sino, se realizó con fines distintos, pretendiendo resultados distintos", en referencia a la protesta para hacerse escuchar.
"Ahora, no se previó que la conducta pudiera causar un resultado como lo fue el impedir el tránsito de cosas, personas o mercaderías en forma libre; esto, en rigor, es la consecuencia del descuido de la conducta impeditiva y ello, justamente ello, es lo que merece sanción. Ahora, como el tipo no permite la figura culposa, aún admitiendo el dolo eventual inclusive, los hechos quedarán exentos de persecución por falta de adecuación al tipo del art. 194", dice el fallo del juez Seró.
"Los sujetos no han tenido la intencionalidad de provocar un corte que tenga por fin inmediato obstaculizar el tránsito ni entorpecerlo ni mucho menos impedirlo, sino, por el contrario fue su fin inmediato el hacerse escuchar a los efectos que el organismo que corresponda (sea nacional de cualquier grado o internacional) canalice su protesta", continúa.
"Los mismos han definido su estrategia como la continuadora de una serie ininterrumpida de cortes de ruta, a la misma altura y bajo la misma modalidad, empero, en ocasiones distintas, separadas por un lapso de tiempo y por breve término, de lo que se infiere que, como bien se habló dela desproporcionalidad de la medida que tomaran quienes fueran protagonistas de los hechos continuados anteriores, ésta, con su modalidad y su cantidad de personas intervinientes (solo identificados e indagados quienes resultan destinatarios de este auto) no llegan a conmover la norma a punto tal de permitir la procedencia de una sanción penal", agrega.
"Sí, no cabe duda alguna, la conducta es absolutamente culposa con todas y cada una de las características que corresponde atribuirle a una dirección de tal naturaleza", sentenció el magistrado.
"Entiendo que intencionalmente convergieron al derecho de reunirse, mas nó al de realizar el ilícito. Ese es el alcance que aquí le atribuyo", dice uno de los párrafos del fallo.
El sobreseimiento fue dictado respecto de Luis Daniel Cabrera, Paola Robles Duarte, Juan Bautista Veronesi, Silvia Echeverría, Roberto Marchesini, Raúl Francisco Subías, Juan Antonio Ferrari, Gustavo Rafael Giusto, Gilda del Alba Bilinski, Angel Frías, Juan Carlos Barrios, Orlando Luis Alberto Piaggio.
También alcanzó al Andrés Nicolás Rivas, Lilian Melnik, Ivana María Inés Vilches, Emilia del Carmen Colombo de Bocalandro, Lidia Isabel Nievas y Freddy Edgardo Bocalandro.
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Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los imputados un grupo aproximado de cuatrocientas treinta y cinco personas, de las que, hasta el presente, se ignoran datos.El juez sostuvo en la resolución de 76 carillas a las que tuvo acceso Infobae.com que "no se realizó el corte de ruta con intención de provocar un daño a quienes pretendía atravesar el mismo o circular libremente por la ruta impedida, sino, se realizó con fines distintos, pretendiendo resultados distintos", en referencia a la protesta para hacerse escuchar.
"Ahora, no se previó que la conducta pudiera causar un resultado como lo fue el impedir el tránsito de cosas, personas o mercaderías en forma libre; esto, en rigor, es la consecuencia del descuido de la conducta impeditiva y ello, justamente ello, es lo que merece sanción. Ahora, como el tipo no permite la figura culposa, aún admitiendo el dolo eventual inclusive, los hechos quedarán exentos de persecución por falta de adecuación al tipo del art. 194", dice el fallo del juez Seró.
"Los sujetos no han tenido la intencionalidad de provocar un corte que tenga por fin inmediato obstaculizar el tránsito ni entorpecerlo ni mucho menos impedirlo, sino, por el contrario fue su fin inmediato el hacerse escuchar a los efectos que el organismo que corresponda (sea nacional de cualquier grado o internacional) canalice su protesta", continúa.
"Los mismos han definido su estrategia como la continuadora de una serie ininterrumpida de cortes de ruta, a la misma altura y bajo la misma modalidad, empero, en ocasiones distintas, separadas por un lapso de tiempo y por breve término, de lo que se infiere que, como bien se habló dela desproporcionalidad de la medida que tomaran quienes fueran protagonistas de los hechos continuados anteriores, ésta, con su modalidad y su cantidad de personas intervinientes (solo identificados e indagados quienes resultan destinatarios de este auto) no llegan a conmover la norma a punto tal de permitir la procedencia de una sanción penal", agrega.
"Sí, no cabe duda alguna, la conducta es absolutamente culposa con todas y cada una de las características que corresponde atribuirle a una dirección de tal naturaleza", sentenció el magistrado.
"Entiendo que intencionalmente convergieron al derecho de reunirse, mas nó al de realizar el ilícito. Ese es el alcance que aquí le atribuyo", dice uno de los párrafos del fallo.
El sobreseimiento fue dictado respecto de Luis Daniel Cabrera, Paola Robles Duarte, Juan Bautista Veronesi, Silvia Echeverría, Roberto Marchesini, Raúl Francisco Subías, Juan Antonio Ferrari, Gustavo Rafael Giusto, Gilda del Alba Bilinski, Angel Frías, Juan Carlos Barrios, Orlando Luis Alberto Piaggio.
También alcanzó al Andrés Nicolás Rivas, Lilian Melnik, Ivana María Inés Vilches, Emilia del Carmen Colombo de Bocalandro, Lidia Isabel Nievas y Freddy Edgardo Bocalandro.
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Hay que meter presos a los hippies ambientalistas
Minería y “hippies violentos”
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador de La Rioja opinó que “cuando metan a dos o tres (activistas) presos”, las protestas contra la minería se terminan. Y comparó los escraches con la metodología de los “nazis, que marcaban a los judíos”.
El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, definió a los activistas antiminería como “hi-ppies violentos” cuya protesta, “cuando metan a dos o tres presos, se termina”. Las declaraciones, brindadas entre jaulas con conejos de un emprendimiento agropecuario que visitaba, se refirieron también a una caravana con escrache que ambientalistas de Famatina realizaron el viernes pasado para repudiar los proyectos de megaminería en la provincia. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones”, señaló el mandatario. Anoche, activistas ambientalistas debatían si la asamblea de Famatina daría a conocer un comunicado sobre las palabras del gobernador. “Vamos a debatir lo que dijo. Nadie puede permanecer indiferente. Nos está haciendo pasar a todos por terroristas”, dijo a este diario Marcelo Garrott, de la Asamblea Ciudadanos por la Vida. En tanto, los asambleístas han ratificado que marcharán a la capital riojana para estar presentes, el domingo próximo, en el acto por el aniversario de la fundación de la ciudad y visibilizar, entonces, el reclamo.
Las declaraciones del gobernador Herrera fueron su respuesta a una caravana con escrache que, el sábado pasado, asambleístas de Famatina realizaron por Campanas, Chañarmuyo y Pituil, todas localidades cercanas al pueblo donde permanece el corte en contra de un proyecto minero. Ese día, explicó el activista Garrott a este diario, una caravana de cerca de trescientas personas, todas ellas en autos, recorrieron los poblados tocando bocina, repartiendo volantes y cantando consignas. En el primero de los pueblos intentaron llegar al domicilio de la diputada provincial Adriana Olima, con quien mantienen un fuerte conflicto sobre actividad minera, pero un vallado policial lo impidió.
Ese intento de escrache fue el que evaluó ayer duramente el gobernador Herrera, al afirmar que los grupos ambientalistas deben “hacer política de otra manera”, tras lo cual los identificó con los integrantes del radicalismo provincial, quienes “en las pasadas elecciones se presentaron y sacaron menos del 19 por ciento” de los votos. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones. Se demoniza a la gente. Imagínese haber demonizado a los judíos sólo por ser judíos, y luego mataron millones de ellos. Es una práctica que no se usa en el mundo, por los recuerdos que trae”, aseguró. En enero de este año, otro gobernador, el sanjuanino José Luis Gioja, había calificado a los activistas ecologistas de su provincia como “nazis” por oponerse a los proyectos de megaminería.
Por otra parte, el mismo gobernador Herrera buscó minimizar el peso que la protesta tiene a nivel local, describiendo con dureza a los activistas que sostienen, de manera permanente, la vigilia en Alto Carrizal para evitar el traslado de elementos y herramientas necesarios en tareas de minería a cielo abierto, según el acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko. “En Famatina hay cuarenta hippies, gente que no trabaja, vive gratis y tiene actividades non sanctas. Allá la gente los repudia. La gente tiene que reaccionar pacíficamente y decirles que se retiren del frente de su casa.” De todos modos, el funcionario reflexionó que él “haría todo” por debatir sobre minería con los activistas. Sin embargo, instó a la Justicia a que tome cartas en el asunto, porque “cuando metan a dos o tres presos, se termina” la protesta.
El sábado pasado, según explicó a este diario Garrott, el escrache en Campanas tenía por objeto protestar ante la casa de la diputada Adriana Olima. Recientemente, la legisladora logró salvar su mandato legislativo luego de que la Justicia Electoral riojana declarara inconstitucional la ley provincial que reglamentaba la revocatoria popular. Meses atrás, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida había recabado las firmas necesarias para poner en práctica el sistema de revocatoria popular con el mandato de Olima porque la legisladora, que antes se oponía a la minería, ahora la apoya. Garrott denunció, por lo demás, que durante el escrache en Campanas un pequeño grupo buscó infiltrarse ente los activistas para provocar disturbios.
Más Información:
(notas aparecidas el 15/05/2012 en ediciones on line de medios electrónicos)
- Los Andes On Line - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a ambientalistas
- TN - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a los asambleístas que protestan contra la minería
- La Voz On Line - Beder Herrera calificó a los manifestantes contra la minería de “violentos hippies”
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador de La Rioja opinó que “cuando metan a dos o tres (activistas) presos”, las protestas contra la minería se terminan. Y comparó los escraches con la metodología de los “nazis, que marcaban a los judíos”.El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, definió a los activistas antiminería como “hi-ppies violentos” cuya protesta, “cuando metan a dos o tres presos, se termina”. Las declaraciones, brindadas entre jaulas con conejos de un emprendimiento agropecuario que visitaba, se refirieron también a una caravana con escrache que ambientalistas de Famatina realizaron el viernes pasado para repudiar los proyectos de megaminería en la provincia. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones”, señaló el mandatario. Anoche, activistas ambientalistas debatían si la asamblea de Famatina daría a conocer un comunicado sobre las palabras del gobernador. “Vamos a debatir lo que dijo. Nadie puede permanecer indiferente. Nos está haciendo pasar a todos por terroristas”, dijo a este diario Marcelo Garrott, de la Asamblea Ciudadanos por la Vida. En tanto, los asambleístas han ratificado que marcharán a la capital riojana para estar presentes, el domingo próximo, en el acto por el aniversario de la fundación de la ciudad y visibilizar, entonces, el reclamo.
Las declaraciones del gobernador Herrera fueron su respuesta a una caravana con escrache que, el sábado pasado, asambleístas de Famatina realizaron por Campanas, Chañarmuyo y Pituil, todas localidades cercanas al pueblo donde permanece el corte en contra de un proyecto minero. Ese día, explicó el activista Garrott a este diario, una caravana de cerca de trescientas personas, todas ellas en autos, recorrieron los poblados tocando bocina, repartiendo volantes y cantando consignas. En el primero de los pueblos intentaron llegar al domicilio de la diputada provincial Adriana Olima, con quien mantienen un fuerte conflicto sobre actividad minera, pero un vallado policial lo impidió.
Ese intento de escrache fue el que evaluó ayer duramente el gobernador Herrera, al afirmar que los grupos ambientalistas deben “hacer política de otra manera”, tras lo cual los identificó con los integrantes del radicalismo provincial, quienes “en las pasadas elecciones se presentaron y sacaron menos del 19 por ciento” de los votos. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones. Se demoniza a la gente. Imagínese haber demonizado a los judíos sólo por ser judíos, y luego mataron millones de ellos. Es una práctica que no se usa en el mundo, por los recuerdos que trae”, aseguró. En enero de este año, otro gobernador, el sanjuanino José Luis Gioja, había calificado a los activistas ecologistas de su provincia como “nazis” por oponerse a los proyectos de megaminería.
Por otra parte, el mismo gobernador Herrera buscó minimizar el peso que la protesta tiene a nivel local, describiendo con dureza a los activistas que sostienen, de manera permanente, la vigilia en Alto Carrizal para evitar el traslado de elementos y herramientas necesarios en tareas de minería a cielo abierto, según el acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko. “En Famatina hay cuarenta hippies, gente que no trabaja, vive gratis y tiene actividades non sanctas. Allá la gente los repudia. La gente tiene que reaccionar pacíficamente y decirles que se retiren del frente de su casa.” De todos modos, el funcionario reflexionó que él “haría todo” por debatir sobre minería con los activistas. Sin embargo, instó a la Justicia a que tome cartas en el asunto, porque “cuando metan a dos o tres presos, se termina” la protesta.
El sábado pasado, según explicó a este diario Garrott, el escrache en Campanas tenía por objeto protestar ante la casa de la diputada Adriana Olima. Recientemente, la legisladora logró salvar su mandato legislativo luego de que la Justicia Electoral riojana declarara inconstitucional la ley provincial que reglamentaba la revocatoria popular. Meses atrás, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida había recabado las firmas necesarias para poner en práctica el sistema de revocatoria popular con el mandato de Olima porque la legisladora, que antes se oponía a la minería, ahora la apoya. Garrott denunció, por lo demás, que durante el escrache en Campanas un pequeño grupo buscó infiltrarse ente los activistas para provocar disturbios.
Más Información:
(notas aparecidas el 15/05/2012 en ediciones on line de medios electrónicos)
- Los Andes On Line - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a ambientalistas
- TN - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a los asambleístas que protestan contra la minería
- La Voz On Line - Beder Herrera calificó a los manifestantes contra la minería de “violentos hippies”
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Sali-Dulce: Detectaron nuevos vuelcos de vinaza
Detectaron nuevos vuelcos de vinaza y autoridades podrían sancionar a ingenio La Corona
Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia detectaron vuelcos de vinaza en la cuenca Salí Dulce por parte del ingenio La Corona, hecho que fue confirmado por las autoridades del gobierno tucumano, quienes podrían sancionar a la empresa.
En diálogo con EL LIBERAL, el defensor Martín Díaz Achával reveló que “hubo unas detecciones de valores anormales e irregularidades por las cuales las autoridades tucumanas y de la Secretaría de Ambiente de la Nación estaban tramitando sanciones al respecto, así que esperemos tener novedades en los próximos días”.
En ese sentido, Díaz Achával puso de relieve la buena voluntad de cumplir el acuerdo por parte de los funcionarios de la vecina provincia al sostener que “es importante que haya habido una rápida reacción por parte del gobierno en detectar el problema, identificar al responsable y preparar los mecanismos de sanción”.
De esta manera se refirió a la posible clausura que recibiría el ingenio luego de haber tenido inconvenientes en una de las piletas. “No habría sido vuelco intencional, pero de todas maneras habría habido una caída de vinaza”, detalló el defensor.
El ombudsman santiagueño explicó que fue “el único incidente que pudimos documentar”, aunque aclaró que “hubo otros en El Troncal, pero por un par de horas nada más, hubo un poco de agua alterada, pero no sabemos si fue vinaza o no”.
Incremento en multas
Por otra parte, Díaz Achával destacó el interés del Poder Ejecutivo de Tucumán en solucionar el problema, luego de que enviará a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para modificar la ley ambiental, donde se hizo especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen y que fuera aprobado la semana.
“Es importante que se haya sancionado una ley que aumentó la multa a los ingenios que contaminen, que llegará a los dos millones de pesos, cosa que antes no existía; esto demuestra que la presión que se ha ejercido está rindiendo sus frutos”, indicó en tal sentido el funcionario provincial.
El proyecto tiene previsto un sistema de multa, con graduación muy alta, que va de uno hasta tres mil sueldos básicos de la administración provincial y otro que prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo.
Díaz Achával manifestó que, desde el organismo que tiene a su cargo, continuarán trabajando en monitoreos a los fines de controlar que los ingenios cumplan con lo acordado en el convenio que firmarán los gobiernos de Tucumán, Santiago y la Secretaría de Ambiente. Por último, el defensor expresó que luego de que terminen de hacer las evaluaciones, se trabajará en un encuentro entre las partes.
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Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia detectaron vuelcos de vinaza en la cuenca Salí Dulce por parte del ingenio La Corona, hecho que fue confirmado por las autoridades del gobierno tucumano, quienes podrían sancionar a la empresa.En diálogo con EL LIBERAL, el defensor Martín Díaz Achával reveló que “hubo unas detecciones de valores anormales e irregularidades por las cuales las autoridades tucumanas y de la Secretaría de Ambiente de la Nación estaban tramitando sanciones al respecto, así que esperemos tener novedades en los próximos días”.
En ese sentido, Díaz Achával puso de relieve la buena voluntad de cumplir el acuerdo por parte de los funcionarios de la vecina provincia al sostener que “es importante que haya habido una rápida reacción por parte del gobierno en detectar el problema, identificar al responsable y preparar los mecanismos de sanción”.
De esta manera se refirió a la posible clausura que recibiría el ingenio luego de haber tenido inconvenientes en una de las piletas. “No habría sido vuelco intencional, pero de todas maneras habría habido una caída de vinaza”, detalló el defensor.
El ombudsman santiagueño explicó que fue “el único incidente que pudimos documentar”, aunque aclaró que “hubo otros en El Troncal, pero por un par de horas nada más, hubo un poco de agua alterada, pero no sabemos si fue vinaza o no”.
Incremento en multas
Por otra parte, Díaz Achával destacó el interés del Poder Ejecutivo de Tucumán en solucionar el problema, luego de que enviará a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para modificar la ley ambiental, donde se hizo especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen y que fuera aprobado la semana.
“Es importante que se haya sancionado una ley que aumentó la multa a los ingenios que contaminen, que llegará a los dos millones de pesos, cosa que antes no existía; esto demuestra que la presión que se ha ejercido está rindiendo sus frutos”, indicó en tal sentido el funcionario provincial.
El proyecto tiene previsto un sistema de multa, con graduación muy alta, que va de uno hasta tres mil sueldos básicos de la administración provincial y otro que prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo.
Díaz Achával manifestó que, desde el organismo que tiene a su cargo, continuarán trabajando en monitoreos a los fines de controlar que los ingenios cumplan con lo acordado en el convenio que firmarán los gobiernos de Tucumán, Santiago y la Secretaría de Ambiente. Por último, el defensor expresó que luego de que terminen de hacer las evaluaciones, se trabajará en un encuentro entre las partes.
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Sancionaron la Ley de bosques nativos en La Rioja
Sancionaron ley que ordena los bosques nativos existentes en el territorio provincial
Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La ley provincial 9.188 fue creada en términos de la ley nacional 26.331, y establece tres diferentes categorías según el nivel de conservación determinado mediante un análisis territorial. Asimismo fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente, y crea un fondo para promover la preservación y conservación de las áreas boscosas.
La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el proyecto de Bosques Nativos presentado por todos los bloques, que tiene como objetivo el ordenamiento y protección de los mismos dentro del territorio provincial.
La ley 9.188 en su artículo primero manifiesta que "establécese el ordenamiento de los bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia. La presente se dicta en los términos del artículo Nº 6 de la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos". Asimismo sostiene que la norma dictada por el Congreso de la Nación no podrá alterar las atribuciones de la Provincia como titular de los recursos naturales.
Son considerados bosques nativos los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos- que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diferentes recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
También están comprendidos dentro de la definición los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre; y aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntaria. Sin embargo quedan exceptuados de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.
Categorización
Conforme a los criterios de sustentabilidad previstos en la ley nacional, la norma provincial establece tres categorías según el nivel de conservación: alto señalado en el mapa con el color rojo, mediano determinado con el color amarillo y bajo establecido con el color verde.
La categoría I está conformada por los bosques nativos considerados de muy alto nivel de conservación y que no deben transformarse, entre los que se encuentran: los suelos con pendientes mayores del 25 por ciento, lugares poco productivos pero con gran necesidad de mantener la fijación de los suelos a través del bosque y las áreas protegidas dentro del territorio provincial. Se pueden incorporar a la categoría aquellas áreas de interés especial por su valor biológico, turístico, cultural y otros por los que deban ser conservados.
La categoría II son los bosques de mediano valor de conservación que, dependiendo de sus condiciones naturales, podrán ser sometidos a los siguientes usos e intervenciones y prácticas de manejo: aprovechamiento sustentable; prácticas de control selectivo de bajo impacto; plan de conservación, de aprovechamiento del uso del suelo y de manejo sostenible; turismo y recolección e investigación científica; desmonte selectivo; rolado y/o raleo selectivo de bajo impacto; rolado de mantenimiento; aprovechamiento forestal; picadas perimetrales; picadas y caminos internos; fajas corta fuegos; enriquecimiento forestal; control de especies exóticas; y prácticas ígneas. También quedan comprendidas en esta categoría las zonas de bosques de pequeños productores que se dediquen a actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, forestales, de caza, pesca o recolección; que utilicen mano de obra familiar y obtengan la mayor parte de sus ingresos de ese aprovechamiento.
Categoría III son considerados los bosques de bajo valor de conservación, encontrándose incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán transformarse parcialmente o en su totalidad. En las actividades de desmonte en estas áreas se deberá prever cortinas rompevientos, isletas, bosquecillos, entre otras protecciones, las que sumadas en su superficie no deberán ser inferiores a un 10 por ciento de la superficie de desmonte afectada.
La norma provincial faculta a la Función Ejecutiva a establecer los porcentajes de cobertura boscosa, que como mínimo deberán conservarse en la forma que determine la autoridad de aplicación, al momento de emitir las autorizaciones para la realización de las actividades contempladas por categoría. Además deberá determinar aquellas especies que revisten de valor para la Provincia, e instrumentará las medidas de protección de las áreas que contengan bosques con esas especies.
Autoridad de aplicación
Según señala la ley provincial la autoridad de aplicación de la normativa es la Secretaría de Ambiente, quedando facultada para realizar convenios marco con las distintas instituciones estatales, privadas o no gubernamentales. Además establece la creación de la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucionales, que tendrá como misión trabajar en forma conjunta para elaborar las actuaciones y mejoras al ordenamiento.
La nueva unidad estará conformada por un representante de la Secretaría de Ambiente, en el carácter de coordinador; del Ministerio de Producción y Desarrollo Local; de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, de Minería y Energía, y de Tierras y Hábitat Social; del Instituto Provincial del Agua (Ipalar); del Ministerio de Infraestructura; y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También estará integrada por tres representantes de los organismos, asociaciones, instituciones públicas y sociales; y dos representantes integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados.
Asimismo en las diferentes regiones de la Provincia se podrán constituir Unidades Regionales Consultivas, que colaborarán con la autoridad de aplicación como organismos de consulta, información y apoyo en el centro local.
Cabe señalar que la actividades permitidas en cada categoría sólo podrán realizarse si cuentan con la autorización de la Secretaría de Ambiente, en base al análisis y evaluación de los planes de manejo sostenible de bosques nativos y planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo que los interesados presenten.
La autoridad de aplicación emitirá una resolución fundada aprobando o rechazando el pedido en un plazo no mayor a 60 días, en el caso que se requieran aclaraciones se podrá extender hasta 30 días más.
La secretaría tendrá a su cargo la administración del "fondo de bosques nativos" que se creará para promover la preservación, conservación, restauración, sustentabilidad y enriquecimiento de las áreas boscosas; y sostener toda otra acción, programada, proyecto o actividad que persiga la ley.
El fondo se integrará con los siguientes recursos: los montos recibidos provenientes del fondo nacional, del presupuesto general que asigne la Provincia anualmente, recaudaciones por multas y sanciones, donaciones que se reciban, y todo ingreso que se obtenga a nivel provincial, nacional o internacional con destino al cumplimiento de los objetivos del fondo.
En cuanto al régimen sancionatorio la secretaría podrá aplicar apercibimiento; recomposición por el daño ambiental producido; multas equivalentes entre cien y 700 mil litros de nafta especial de mayor octanaje sin plomo; decomiso de los productos obtenidos en infracción; suspensión o revocación de las autorizaciones otorgadas por la ley; y clausura parcial o total del emprendimiento en infracción.
Finalmente la ley establece el periodo de un año para que la secretaría en colaboración con la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucional y en consulta con el Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA) haga la evaluación y revisión técnica a fin de ajustar el ordenamiento aprobado.
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Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La ley provincial 9.188 fue creada en términos de la ley nacional 26.331, y establece tres diferentes categorías según el nivel de conservación determinado mediante un análisis territorial. Asimismo fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente, y crea un fondo para promover la preservación y conservación de las áreas boscosas.
La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el proyecto de Bosques Nativos presentado por todos los bloques, que tiene como objetivo el ordenamiento y protección de los mismos dentro del territorio provincial.
La ley 9.188 en su artículo primero manifiesta que "establécese el ordenamiento de los bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia. La presente se dicta en los términos del artículo Nº 6 de la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos". Asimismo sostiene que la norma dictada por el Congreso de la Nación no podrá alterar las atribuciones de la Provincia como titular de los recursos naturales.
Son considerados bosques nativos los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos- que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diferentes recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
También están comprendidos dentro de la definición los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre; y aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntaria. Sin embargo quedan exceptuados de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.
Categorización
Conforme a los criterios de sustentabilidad previstos en la ley nacional, la norma provincial establece tres categorías según el nivel de conservación: alto señalado en el mapa con el color rojo, mediano determinado con el color amarillo y bajo establecido con el color verde.
La categoría I está conformada por los bosques nativos considerados de muy alto nivel de conservación y que no deben transformarse, entre los que se encuentran: los suelos con pendientes mayores del 25 por ciento, lugares poco productivos pero con gran necesidad de mantener la fijación de los suelos a través del bosque y las áreas protegidas dentro del territorio provincial. Se pueden incorporar a la categoría aquellas áreas de interés especial por su valor biológico, turístico, cultural y otros por los que deban ser conservados.
La categoría II son los bosques de mediano valor de conservación que, dependiendo de sus condiciones naturales, podrán ser sometidos a los siguientes usos e intervenciones y prácticas de manejo: aprovechamiento sustentable; prácticas de control selectivo de bajo impacto; plan de conservación, de aprovechamiento del uso del suelo y de manejo sostenible; turismo y recolección e investigación científica; desmonte selectivo; rolado y/o raleo selectivo de bajo impacto; rolado de mantenimiento; aprovechamiento forestal; picadas perimetrales; picadas y caminos internos; fajas corta fuegos; enriquecimiento forestal; control de especies exóticas; y prácticas ígneas. También quedan comprendidas en esta categoría las zonas de bosques de pequeños productores que se dediquen a actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, forestales, de caza, pesca o recolección; que utilicen mano de obra familiar y obtengan la mayor parte de sus ingresos de ese aprovechamiento.
Categoría III son considerados los bosques de bajo valor de conservación, encontrándose incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán transformarse parcialmente o en su totalidad. En las actividades de desmonte en estas áreas se deberá prever cortinas rompevientos, isletas, bosquecillos, entre otras protecciones, las que sumadas en su superficie no deberán ser inferiores a un 10 por ciento de la superficie de desmonte afectada.
La norma provincial faculta a la Función Ejecutiva a establecer los porcentajes de cobertura boscosa, que como mínimo deberán conservarse en la forma que determine la autoridad de aplicación, al momento de emitir las autorizaciones para la realización de las actividades contempladas por categoría. Además deberá determinar aquellas especies que revisten de valor para la Provincia, e instrumentará las medidas de protección de las áreas que contengan bosques con esas especies.
Autoridad de aplicación
Según señala la ley provincial la autoridad de aplicación de la normativa es la Secretaría de Ambiente, quedando facultada para realizar convenios marco con las distintas instituciones estatales, privadas o no gubernamentales. Además establece la creación de la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucionales, que tendrá como misión trabajar en forma conjunta para elaborar las actuaciones y mejoras al ordenamiento.
La nueva unidad estará conformada por un representante de la Secretaría de Ambiente, en el carácter de coordinador; del Ministerio de Producción y Desarrollo Local; de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, de Minería y Energía, y de Tierras y Hábitat Social; del Instituto Provincial del Agua (Ipalar); del Ministerio de Infraestructura; y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También estará integrada por tres representantes de los organismos, asociaciones, instituciones públicas y sociales; y dos representantes integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados.
Asimismo en las diferentes regiones de la Provincia se podrán constituir Unidades Regionales Consultivas, que colaborarán con la autoridad de aplicación como organismos de consulta, información y apoyo en el centro local.
Cabe señalar que la actividades permitidas en cada categoría sólo podrán realizarse si cuentan con la autorización de la Secretaría de Ambiente, en base al análisis y evaluación de los planes de manejo sostenible de bosques nativos y planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo que los interesados presenten.
La autoridad de aplicación emitirá una resolución fundada aprobando o rechazando el pedido en un plazo no mayor a 60 días, en el caso que se requieran aclaraciones se podrá extender hasta 30 días más.
La secretaría tendrá a su cargo la administración del "fondo de bosques nativos" que se creará para promover la preservación, conservación, restauración, sustentabilidad y enriquecimiento de las áreas boscosas; y sostener toda otra acción, programada, proyecto o actividad que persiga la ley.
El fondo se integrará con los siguientes recursos: los montos recibidos provenientes del fondo nacional, del presupuesto general que asigne la Provincia anualmente, recaudaciones por multas y sanciones, donaciones que se reciban, y todo ingreso que se obtenga a nivel provincial, nacional o internacional con destino al cumplimiento de los objetivos del fondo.
En cuanto al régimen sancionatorio la secretaría podrá aplicar apercibimiento; recomposición por el daño ambiental producido; multas equivalentes entre cien y 700 mil litros de nafta especial de mayor octanaje sin plomo; decomiso de los productos obtenidos en infracción; suspensión o revocación de las autorizaciones otorgadas por la ley; y clausura parcial o total del emprendimiento en infracción.
Finalmente la ley establece el periodo de un año para que la secretaría en colaboración con la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucional y en consulta con el Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA) haga la evaluación y revisión técnica a fin de ajustar el ordenamiento aprobado.
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Amparo por la contaminación biológica del Paraná
Amparo ambiental por la contaminación biológica del Paraná
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.
Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Alumbrera: Un corte que no tuvo corte
Un corte que no tuvo corte
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Sierra Pintada: mina de uranio que genera conflictos
La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia.
El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia. El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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Detienen a 3 antimineros en Tinogasta
La Policía detuvo a 3 ambientalistas antimineros en Tinogasta
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Catamarca
Los manifestantes fueron desalojados por bloquear el ingreso a esa ciudad de Catamarca y así impedir que los camiones llegasen hasta la minera Alumbrera.
res ambientalistas fueron detenidos este sábado en un nuevo desalojo de un bloqueo selectivo que desarrollaban en el ingreso a la ciudad catamarqueña de Tinogasta para impedir el ingreso de camiones a la minera Alumbrera.
El episodio se produjo a las 14:30 cuando la Policía de Fiambalá avanzó para desplazar el corte selectivo e informativo que los ambientalistas mantienen desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) señaló en un comunicado que en el operativo "tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero".
Se trata de Eduardo Argañaraz, Darío Moreno y un vecino de Famatina, que se acercaron al lugar en el que estaban apostados tres camiones empresas mineras, custodiados por cerca de diez efectivos policiales y dos camionetas.
"Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron ´liberados´ tras la represión", denunció la organización, que precisó que a pesar del operativo el corte selectivo en el ingreso de Tinogasta continúa, y varios vecinos se reunieron en señal de protesta frente a la comisaría de Fiambalá, distante a 50 kilómetros de Tinogasta.
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Catamarca
Los manifestantes fueron desalojados por bloquear el ingreso a esa ciudad de Catamarca y así impedir que los camiones llegasen hasta la minera Alumbrera.res ambientalistas fueron detenidos este sábado en un nuevo desalojo de un bloqueo selectivo que desarrollaban en el ingreso a la ciudad catamarqueña de Tinogasta para impedir el ingreso de camiones a la minera Alumbrera.
El episodio se produjo a las 14:30 cuando la Policía de Fiambalá avanzó para desplazar el corte selectivo e informativo que los ambientalistas mantienen desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco para impedir el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) señaló en un comunicado que en el operativo "tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero".
Se trata de Eduardo Argañaraz, Darío Moreno y un vecino de Famatina, que se acercaron al lugar en el que estaban apostados tres camiones empresas mineras, custodiados por cerca de diez efectivos policiales y dos camionetas.
"Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron ´liberados´ tras la represión", denunció la organización, que precisó que a pesar del operativo el corte selectivo en el ingreso de Tinogasta continúa, y varios vecinos se reunieron en señal de protesta frente a la comisaría de Fiambalá, distante a 50 kilómetros de Tinogasta.
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Piden consulta para yacimientos no convencionales
Piden consulta para yacimientos no convencionales
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Por tratarse de una actividad que puede generar efectos a las generaciones futuras, la explotación no convencional de yacimientos hidrocarburíferos requeriría la convocatoria a audiencias públicas, de acuerdo a lo que interpretó el abogado especialista en Derecho Ambiental Juan Fittipaldi. "Es importante en la etapa de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, la audiencia pública ambiental, y luego la transversalidad, es decir que cubra todas las instancias: subsecretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Hidrocarburos porque el recurso natural, el agua, no distingue de instancias administrativas", sostuvo el especialista.
Indicó que en el derecho ambiental, las causas deben encararse desde su origen e integralmente, no en forma parcializada.
En referencia al volumen de agua que utilizarán los yacimientos no convencionales que es varias veces superior al de los tradicionales, indicó que se trata de un recurso natural de aprovechamiento común que debe administrarse entre distintos actores sociales: emprendimientos productivos agrícolas, producción rural, producción vitivinícola, uso para consumo humano poblacional, consumo de animales para la ganadería porque hay feed lot y aprovechamiento recreativo.
"Si vamos a administrar este recurso tenemos que saber que no es ilimitado y si todos pretenden igual derecho sobre el mismo recurso en algún momento se va a agotar, entonces los que vengan en el futuro, las generaciones futuras según se las indica en el derecho ambiental, van a exigir un derecho igual sobre ese recurso al que han tenido los anteriores. ¿Vamos a poder abastecer a todos con el mismo recurso?", explicó.
Acotó que en convencional el agua que se utiliza es para lubricar el trépano y llevarlo abajo, que no se caliente y se formen los lodos de retorno que equivale a un camión regador. En tanto –aclaró– el procedimiento no convencional es distinto y hay mucho de retorno. Se trabajan con plantas de tratamiento, se le da temperatura, se evapora el agua y se la condensa y se puede reutilizar.
Precisó que la participación debería ser previa sobre todo cuando se realizan fracturas en sitios de exploración porque en zonas de mayor actividad, como Loma La Lata, el impacto puede ser mínimo. "La participación debería relacionarse con la normativa que regule, ahí es donde debemos hablar de proyectos en áreas exploratorios, está llegando a zonas donde no se había avanzado nunca y no se conoce el impacto que puede causar el uso de la nueva técnica", opinó Fittipaldi. Si se da participación en la elaboración de la norma, en la codificación y "ojalá algún día tengamos un código ambiental provincial".
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
Por tratarse de una actividad que puede generar efectos a las generaciones futuras, la explotación no convencional de yacimientos hidrocarburíferos requeriría la convocatoria a audiencias públicas, de acuerdo a lo que interpretó el abogado especialista en Derecho Ambiental Juan Fittipaldi. "Es importante en la etapa de evaluación de impacto ambiental la participación ciudadana, la audiencia pública ambiental, y luego la transversalidad, es decir que cubra todas las instancias: subsecretaría de Medio Ambiente, Recursos Hídricos e Hidrocarburos porque el recurso natural, el agua, no distingue de instancias administrativas", sostuvo el especialista.
Indicó que en el derecho ambiental, las causas deben encararse desde su origen e integralmente, no en forma parcializada.
En referencia al volumen de agua que utilizarán los yacimientos no convencionales que es varias veces superior al de los tradicionales, indicó que se trata de un recurso natural de aprovechamiento común que debe administrarse entre distintos actores sociales: emprendimientos productivos agrícolas, producción rural, producción vitivinícola, uso para consumo humano poblacional, consumo de animales para la ganadería porque hay feed lot y aprovechamiento recreativo.
"Si vamos a administrar este recurso tenemos que saber que no es ilimitado y si todos pretenden igual derecho sobre el mismo recurso en algún momento se va a agotar, entonces los que vengan en el futuro, las generaciones futuras según se las indica en el derecho ambiental, van a exigir un derecho igual sobre ese recurso al que han tenido los anteriores. ¿Vamos a poder abastecer a todos con el mismo recurso?", explicó.
Acotó que en convencional el agua que se utiliza es para lubricar el trépano y llevarlo abajo, que no se caliente y se formen los lodos de retorno que equivale a un camión regador. En tanto –aclaró– el procedimiento no convencional es distinto y hay mucho de retorno. Se trabajan con plantas de tratamiento, se le da temperatura, se evapora el agua y se la condensa y se puede reutilizar.
Precisó que la participación debería ser previa sobre todo cuando se realizan fracturas en sitios de exploración porque en zonas de mayor actividad, como Loma La Lata, el impacto puede ser mínimo. "La participación debería relacionarse con la normativa que regule, ahí es donde debemos hablar de proyectos en áreas exploratorios, está llegando a zonas donde no se había avanzado nunca y no se conoce el impacto que puede causar el uso de la nueva técnica", opinó Fittipaldi. Si se da participación en la elaboración de la norma, en la codificación y "ojalá algún día tengamos un código ambiental provincial".
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Sistemas silvopastoriles violan la Ley de Bosques
Advierten que sistemas silvopastoriles pueden violar la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 12/05/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Más de cuarenta organizaciones sociales y diez científicos advierten sobre la falta de sustentabilidad de la mayoría de los sistemas silvopastoriles.
Elllo implica en muchos casos un desmonte, y solicitan a las provincias que suspendan su autorización hasta tanto cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Bosques. Las conclusiones llegan en el marco del marco del 2° Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que se está realizando en Santiago del Estero, El documento elaborado por profesionales y organizaciones advierte que “lamentablemente, la realidad indica que generalmente el “desmonte selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que normalmente se realiza con rolo o topadora, resulta un desmonte o el paso previo al desmonte; lo que, sumado a la implantación de pasturas exóticas, no garantiza el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, luego de la aplicación del rolo o la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie.
Además, el rolado intensivo y la implantación de pasturas implican la destrucción del futuro de ese bosque, el sotobosque, fuente de alimento para gran parte de la fauna que los habita”.
Los firmantes señalaron que algunas provincias están autorizando este tipo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo), que según la Ley de Bosques “podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”; y aclararon que el artículo 14 de la normativa nacional estipula claramente que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”.
Frente a esta situación, solicitaron en el texto a los gobiernos provinciales “que suspendan la autorización de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II(amarillo) hasta tanto los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Bosques”.
“A mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.”, describe el documento.
“Los sistemas silvopastoriles son considerados como una opción de producción ganadera intensiva y forestal, donde se busca mantener en pie a las especies leñosas maduras y se implantan pasturas para el forraje, bajo un sistema de manejo integral. Sin embargo, en la región chaqueña la mayoría de los sistemas existentes son básicamente ganaderos, donde el componente forestal posee una importancia secundaria”.
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Fecha de Publicación: 12/05/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Más de cuarenta organizaciones sociales y diez científicos advierten sobre la falta de sustentabilidad de la mayoría de los sistemas silvopastoriles.
Elllo implica en muchos casos un desmonte, y solicitan a las provincias que suspendan su autorización hasta tanto cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Bosques. Las conclusiones llegan en el marco del marco del 2° Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles que se está realizando en Santiago del Estero, El documento elaborado por profesionales y organizaciones advierte que “lamentablemente, la realidad indica que generalmente el “desmonte selectivo”, “desarbustado” o “desbajerado”, que normalmente se realiza con rolo o topadora, resulta un desmonte o el paso previo al desmonte; lo que, sumado a la implantación de pasturas exóticas, no garantiza el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, luego de la aplicación del rolo o la topadora son muy pocos los árboles que quedan en pie.
Además, el rolado intensivo y la implantación de pasturas implican la destrucción del futuro de ese bosque, el sotobosque, fuente de alimento para gran parte de la fauna que los habita”.
Los firmantes señalaron que algunas provincias están autorizando este tipo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo), que según la Ley de Bosques “podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica”; y aclararon que el artículo 14 de la normativa nacional estipula claramente que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”.
Frente a esta situación, solicitaron en el texto a los gobiernos provinciales “que suspendan la autorización de sistemas silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II(amarillo) hasta tanto los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Bosques”.
“A mediados de la década de 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada para soja; y la ganadería intensiva, que históricamente se producía en la región pampeana, empezó a ser “corrida” hacia el norte del país propiciada por el bajo precio de la tierra.”, describe el documento.
“Los sistemas silvopastoriles son considerados como una opción de producción ganadera intensiva y forestal, donde se busca mantener en pie a las especies leñosas maduras y se implantan pasturas para el forraje, bajo un sistema de manejo integral. Sin embargo, en la región chaqueña la mayoría de los sistemas existentes son básicamente ganaderos, donde el componente forestal posee una importancia secundaria”.
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Fallece el chico en Corrientes por fumigaciones
Fallece el chico que ingirió tierra contaminada con agroquímicos
Fecha de Publicación: 11/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Corrientes
El niño oriundo de la ciudad de Lavalle, que había comido tierra aparentemente intoxicada con agroquímicos, falleció en horas de la siesta del miércoles en el Hospital de Pediatría “José Pedro Garrahan” de la ciudad de Buenos Aires, producto de un paro cerebral, informó ayer oficialmente el Departamento de Relaciones Institucionales de la Jefatura local.
José Rivero, de cuatro años, había sido trasladado, días atrás desde el Hospital pediátrico “Juan Pablo II” hacia Buenos Aires, a causa de una encefalopatía hepática.
El caso conmocionó a todo Corrientes y, en particular, a la ciudad de Lavalle –población distante 201 kilómetros al Sur de esta capital, donde organizaciones intermedias denunciaron en reiteradas ocasiones la incidencia de las chacras hortícolas ubicadas muy cerca del ejido urbano.
Junto al pequeño habían viajado a Buenos Aires sus padres, David Rivero y María Eugenia Sánchez. El pequeño José se encontraba grave en una de las salas de Terapia Intensiva del mencionado hospital porteño. En principio se barajaba la posibilidad de un trasplante de hígado, cuyo donante sería el jefe de familia, sin embargo quedó trunco, tras el terrible deceso.
Todo empezó hace veinte días, cuando la familia sintió olores nauseabundos muy cerca de la finca donde residían como cuidadores, al parecer por una serie de fumigaciones en una chacra lindera. Posteriormente, cayeron muertas las mascotas, instancia que impulsó a los Rivero a solicitar ayuda al abuelo del pequeño, cuidador de otra quinta de Lavalle.
Sin embargo la salud de José se agravó, hasta que el sábado 5 de Mayo fue trasladado de urgencia, en medio de una crisis de convulsiones.
Desde el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se informó que el niño sufría una encefalopatía hepática, no obstante se aseguró que no se podía establecer si la causal era por incidencia de productos agroquímicos.
En 2011, los niños Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez también recibieron internación por el mismo problema, con el agravante que el varoncito perdió la vida antes de ser trasladado a Buenos Aires, en tanto que la niña aún permanece con tratamiento. En el caso de Nicolás, la autopsia determinó incidencia de productos clorados.
Los casos están judicializados, y el de Arévalo permanece en el Juzgado de Instrucción 2, con carátula provisoria. Fuentes judiciales dijeron a NORTE que hay pruebas contundentes sobre la intoxicación por influencia de productos a base de endosulfán, pero el juez aún no se expidió, a pesar de que ha pasado más de un año.
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Fecha de Publicación: 11/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Corrientes
El niño oriundo de la ciudad de Lavalle, que había comido tierra aparentemente intoxicada con agroquímicos, falleció en horas de la siesta del miércoles en el Hospital de Pediatría “José Pedro Garrahan” de la ciudad de Buenos Aires, producto de un paro cerebral, informó ayer oficialmente el Departamento de Relaciones Institucionales de la Jefatura local.José Rivero, de cuatro años, había sido trasladado, días atrás desde el Hospital pediátrico “Juan Pablo II” hacia Buenos Aires, a causa de una encefalopatía hepática.
El caso conmocionó a todo Corrientes y, en particular, a la ciudad de Lavalle –población distante 201 kilómetros al Sur de esta capital, donde organizaciones intermedias denunciaron en reiteradas ocasiones la incidencia de las chacras hortícolas ubicadas muy cerca del ejido urbano.
Junto al pequeño habían viajado a Buenos Aires sus padres, David Rivero y María Eugenia Sánchez. El pequeño José se encontraba grave en una de las salas de Terapia Intensiva del mencionado hospital porteño. En principio se barajaba la posibilidad de un trasplante de hígado, cuyo donante sería el jefe de familia, sin embargo quedó trunco, tras el terrible deceso.
Todo empezó hace veinte días, cuando la familia sintió olores nauseabundos muy cerca de la finca donde residían como cuidadores, al parecer por una serie de fumigaciones en una chacra lindera. Posteriormente, cayeron muertas las mascotas, instancia que impulsó a los Rivero a solicitar ayuda al abuelo del pequeño, cuidador de otra quinta de Lavalle.
Sin embargo la salud de José se agravó, hasta que el sábado 5 de Mayo fue trasladado de urgencia, en medio de una crisis de convulsiones.
Desde el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” se informó que el niño sufría una encefalopatía hepática, no obstante se aseguró que no se podía establecer si la causal era por incidencia de productos agroquímicos.
En 2011, los niños Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez también recibieron internación por el mismo problema, con el agravante que el varoncito perdió la vida antes de ser trasladado a Buenos Aires, en tanto que la niña aún permanece con tratamiento. En el caso de Nicolás, la autopsia determinó incidencia de productos clorados.
Los casos están judicializados, y el de Arévalo permanece en el Juzgado de Instrucción 2, con carátula provisoria. Fuentes judiciales dijeron a NORTE que hay pruebas contundentes sobre la intoxicación por influencia de productos a base de endosulfán, pero el juez aún no se expidió, a pesar de que ha pasado más de un año.
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Policía minera en Mendoza
Presentan controles para la minería
Fecha de Publicación: 10/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía Minera, que se encargará de supervisar las tareas de exploración y explotación de las compañías. Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los empresarios cuestionaron las señales ambiguas del Gobierno.
La orden es nacional y la "necesidad" es provincial. Aún con amagues, el Gobierno empezó a abrir la puerta a la minería como alternativa a la matriz productiva mendocina. Con un fuerte discurso minero, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el subsecretario de Hidrocarburos y Energía, hoy interventor de YPF, Walter Vázquez, presentaron la Policía Minera como una forma de dar garantía a la sociedad de que todo proyecto de extracción mineral será "controlado" y correlativamente "sustentable".
El timón lo tomó Vázquez y la ausencia del gobernador fue notable, pese a que Baldasso justificó el faltazo de Pérez por "problemas de agenda", dijo. "La policía ambiental es parte de una serie de medidas que darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. La actividad minera es muy noble. Hoy hay regiones que no tienen equilibrio y, por lo tanto, están siendo relegadas", defendió el interventor de YPF y dijo sin titubear: "La Pampa Húmeda no nos va a sacar de la falta de recursos", aseguró.
Vázquez, muy cerca de los funcionarios nacionales, tomó las riendas de la instalación de la minería y lo evidenció en la presentación de la Policía Minera que controlará y sancionará a las empresas que no cumplan con los mecanismos estipulados para la extracción. Pero esta especie de apertura que ha empezado a encarar el Ejecutivo tiene un sustento social basado en una encuesta que el PJ pidió al encuestador preferido por el partido, Enrique Bollati. El especialista sondeó, en marzo, los ánimos de los mendocinos con respecto a la actividad en discusión.
Los resultados arrojaron que un 20 por ciento de los encuestados está en contra por militancia, un 30 por ciento estaría a favor por historia y un 50 por ciento de la población "no tendría problemas de su desarrollo, siempre y cuando el Estado controle". Este último grupo es el que intenta captar el Gobierno con acciones públicas que den como mensaje: "El Estado garantiza la sustentabilidad". "La minería es una actividad noble. Seamos portadores del mensaje tranquilizador para los pueblos", pidió en consonancia el subsecretario.
Con más prudencia, Baldasso pronunció: "Es una semana de festejos porque es la semana de la minería. Es una actividad trascendente que ha sido estigmatizada como si fuera un pecado y, en realidad, es una actividad que permite subsistir".
Ante la pregunta de la prensa: Para proyectos metalíferos ¿también habrá control?, el ministro respondió: "Si sale minería metalífera, también habrá control". El escenario y los invitados tuvieron voz propia. El titular de la Cámara de Minería, Roberto Zenobi; Pablo Soria, gerente de Ambiente de Vale S.A; el director de Minería, Carlos Molina y la senadora por Malargüe, Silvia Calvi; presenciaron el acto y marcando su clara postura a favor de la minería.
Ultimátum nacional
El ultimátum nacional a la apertura de Mendoza a la minería quedó evidenciada en el acto de ayer pese a que el gobernador no se hizo presente. De hecho, Vázquez aseguró: "Estamos orgullosos de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros)". La postura del mandatario ha sido más tambaleante y hasta por momentos ambigua. Incluso, en el acto del uno de mayo, Pérez destacó la ley 7.722 y dijo que se necesita licencia social para la minería.
Precisamente de ese discurso se hizo eco Zenobi quien fue muy duro con el gobernador. "Quisiera saber qué es licencia social. ¿Un grupo que se opone a una actividad que es lícita?". Con mucha crudeza en sus declaraciones, Zenobi cuestionó: "La cabeza está pensando en una cosa y los pies en otra.., yo sigo a los pies", haciendo referencia a Pérez y a sus ministros. Este último comentario fue desestimado en el séptimo piso de Casa de Gobierno donde aseguran "estar encolumnados detrás del proyecto de Francisco Pérez".
Sin embargo, Zenobi siguió hablando. "El gobernador, lamentablemente, se carga una mochila que no le corresponde. Que delegue a su gente", y le dijo a Pérez: "No se puede cambiar el destino". El titular de la Cámara aseguró que hay más de 60 proyectos mineros (incluidos los metalíferos) que requieren de la declaración de impacto ambiental pero que la Secretaría de Ambiente se niega a reconocerlos. "La cordillera está pedida (para la explotación) sobre todo la parte oeste", sentenció.
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Fecha de Publicación: 10/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro Baldasso puso en funcionamiento la Policía Minera, que se encargará de supervisar las tareas de exploración y explotación de las compañías. Los funcionarios reivindicaron a la actividad y los empresarios cuestionaron las señales ambiguas del Gobierno. La orden es nacional y la "necesidad" es provincial. Aún con amagues, el Gobierno empezó a abrir la puerta a la minería como alternativa a la matriz productiva mendocina. Con un fuerte discurso minero, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el subsecretario de Hidrocarburos y Energía, hoy interventor de YPF, Walter Vázquez, presentaron la Policía Minera como una forma de dar garantía a la sociedad de que todo proyecto de extracción mineral será "controlado" y correlativamente "sustentable".
El timón lo tomó Vázquez y la ausencia del gobernador fue notable, pese a que Baldasso justificó el faltazo de Pérez por "problemas de agenda", dijo. "La policía ambiental es parte de una serie de medidas que darán ánimo al pueblo y que garantizarán la sustentabilidad. La actividad minera es muy noble. Hoy hay regiones que no tienen equilibrio y, por lo tanto, están siendo relegadas", defendió el interventor de YPF y dijo sin titubear: "La Pampa Húmeda no nos va a sacar de la falta de recursos", aseguró.
Vázquez, muy cerca de los funcionarios nacionales, tomó las riendas de la instalación de la minería y lo evidenció en la presentación de la Policía Minera que controlará y sancionará a las empresas que no cumplan con los mecanismos estipulados para la extracción. Pero esta especie de apertura que ha empezado a encarar el Ejecutivo tiene un sustento social basado en una encuesta que el PJ pidió al encuestador preferido por el partido, Enrique Bollati. El especialista sondeó, en marzo, los ánimos de los mendocinos con respecto a la actividad en discusión.
Los resultados arrojaron que un 20 por ciento de los encuestados está en contra por militancia, un 30 por ciento estaría a favor por historia y un 50 por ciento de la población "no tendría problemas de su desarrollo, siempre y cuando el Estado controle". Este último grupo es el que intenta captar el Gobierno con acciones públicas que den como mensaje: "El Estado garantiza la sustentabilidad". "La minería es una actividad noble. Seamos portadores del mensaje tranquilizador para los pueblos", pidió en consonancia el subsecretario.
Con más prudencia, Baldasso pronunció: "Es una semana de festejos porque es la semana de la minería. Es una actividad trascendente que ha sido estigmatizada como si fuera un pecado y, en realidad, es una actividad que permite subsistir".
Ante la pregunta de la prensa: Para proyectos metalíferos ¿también habrá control?, el ministro respondió: "Si sale minería metalífera, también habrá control". El escenario y los invitados tuvieron voz propia. El titular de la Cámara de Minería, Roberto Zenobi; Pablo Soria, gerente de Ambiente de Vale S.A; el director de Minería, Carlos Molina y la senadora por Malargüe, Silvia Calvi; presenciaron el acto y marcando su clara postura a favor de la minería.
Ultimátum nacional
El ultimátum nacional a la apertura de Mendoza a la minería quedó evidenciada en el acto de ayer pese a que el gobernador no se hizo presente. De hecho, Vázquez aseguró: "Estamos orgullosos de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros)". La postura del mandatario ha sido más tambaleante y hasta por momentos ambigua. Incluso, en el acto del uno de mayo, Pérez destacó la ley 7.722 y dijo que se necesita licencia social para la minería.
Precisamente de ese discurso se hizo eco Zenobi quien fue muy duro con el gobernador. "Quisiera saber qué es licencia social. ¿Un grupo que se opone a una actividad que es lícita?". Con mucha crudeza en sus declaraciones, Zenobi cuestionó: "La cabeza está pensando en una cosa y los pies en otra.., yo sigo a los pies", haciendo referencia a Pérez y a sus ministros. Este último comentario fue desestimado en el séptimo piso de Casa de Gobierno donde aseguran "estar encolumnados detrás del proyecto de Francisco Pérez".
Sin embargo, Zenobi siguió hablando. "El gobernador, lamentablemente, se carga una mochila que no le corresponde. Que delegue a su gente", y le dijo a Pérez: "No se puede cambiar el destino". El titular de la Cámara aseguró que hay más de 60 proyectos mineros (incluidos los metalíferos) que requieren de la declaración de impacto ambiental pero que la Secretaría de Ambiente se niega a reconocerlos. "La cordillera está pedida (para la explotación) sobre todo la parte oeste", sentenció.
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