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Neuquén: Mapuches golpeados por la justicia
07:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Fallo contra mapuches, a favor de la minería
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Diariamente Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Justicia falló –en primera instancia- a favor del Estado neuquino y contra una demanda de la comunidad mapuche Mellao Morales, en relación a la legalidad del proceso de explotación minera de cobre en Campana Mahuida, en cercanías de Loncopué.
La jueza María Eugenia Grimau rechazó la demanda iniciada por la comunidad mapuche contra la empresa Corporación Minera del Neuquén SEP (Comine), por el contrato firmado en 2007 con la empresa Emprendimientos Mineros S.A. que otorga derechos de propiedad sobre el yacimiento de cobre Campana Mahuida, en Loncopué.
En la causa denominada “comunidad mapuche Mellao Morales c/ Cormine SEP s/ acción de nulidad”, expediente N° 381249/2008, tramitada ante el Juzgado Civil N° 4 de Neuquén, los demandantes pidieron la nulidad del contrato por entender que no se realizó consulta previa y se violó el convenio OIT 169; que no se realizó licitación pública; que la propiedad se vendió por precio vil; y que la venta implica la posibilidad de un privado de comprar tierra comunitaria.
La Fiscalía de Estado y Cormine alegaron que la concesión minera es anterior a la entrada en vigencia del Convenio 169, ya que la concesión se otorgó en 1991 y el convenio rige desde 2001; y que el contrato no implica una nueva concesión sino el cambio de titular de una ya existente. También indicó que se trata de un contrato entre empresas privadas por lo tanto no requiere licitación pública, y que no autoriza la compra de tierras comunitarias ni la explotación de las minas.
El viernes, la jueza Grimau emitió sentencia a favor del Estado provincial al argumentar que la Dirección Provincial de Minería concedió el derecho minero sobre Campana Mahuida a Cormine antes de la vigencia del Convenio 169, y que esa concesión nuca fue objetada por la comunidad mapuche.
También consideró que Cormine se rige por las leyes de las sociedades anónimas, aunque el paquete accionario sea propiedad del Estado, por lo tanto, los contratos y actos que realiza se rigen por el derecho privado y no por el derecho administrativo.
A su vez, la jueza indicó que ninguna de las partes solicitó o intentó la compra de tierras comunitarias o la constitución de servidumbres sobre ella.
Además, Grimau aclaró que las leyes argentinas no prohíben actividades mineras dentro de comunidades de pueblos originarios, sino que se requiere una consulta previa a su autorización.
Consideró que el Convenio 169 de la OIT no es aplicable dado que está previsto para los casos de políticas públicas respecto de recursos naturales y no para contratos entre privados, y que no existió desde el Estado ninguna autorización para explorar o explotar recursos dentro de la comunidad.
“Si la actora (comunidad) no cuestionó el derecho que la autoridad minera dio a Cormine, mal podría objetar el negocio jurídico que esa sociedad acordó con otra sociedad comercial”, explicó la magistrada en su fallo.
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Otro derrame en suelo mapuche por parte de YPF
Un grupo de mapuches descubrió un derrame de petróleo en Mendoza y multarán a YPF
Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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Fecha de Publicación: 26/06/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto
Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, la noticia comenzó a desparramarse y habrá consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de "Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha convertido en un dolor de cabeza no sólo para la empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino también para los pobladores del lugar, quienes aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que impacte también en la fauna autóctona.
Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. En tanto, desde el Ejecutivo provincial están decididos a accionar con multas contra la firma porque no dio aviso en tiempo y forma a las autoridades de Ambiente, de acuerdo al protocolo vigente; esto es antes de las 12 horas de ocurrido el incidente.
Hasta anoche tanto en YPF como en el cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños.
Según fuentes consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el desborde ya estaría controlado.
Sin embargo, el alerta de los pobladores mapuches, quienes viven a pocos kilómetros del lugar, es porque además no han vistos aún a personal de la empresa o del Gobierno trabajando en el sitio. El yacimiento de la petrolera estatal se encuentra en el límite con la provincia de Neuquén, cerca de las inmediaciones de la mina Potasio-Río Colorado.
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Territorio Mapuche bajo derrames petroleros
Neuquén: Conflictos por grave contaminación petrolera en territorio Mapuche
Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Kaos en la Red
Provincia/Región: Neuquén
En la provincia de Neuquén, en el marco del conflicto petrolero y la grave contaminación en diversos sectores, siguen asomando múltiples temas pendientes sobre planes de protección y reparación en materia de derechos humanos y ambiente, tales como: remediación de suelo y agua; revegetación; repoblamiento fauna silvestre; restauración de suelo y control de erosión; zonificación de áreas arqueológicas; certificación de calidad y finalización de tareas; el extremo control y dominio del territorio por parte de las petroleras en desmedro de los derechos de las comunidades Mapuche; desmembramiento, desnaturalización y pérdida cultural mapuche , entre otros daños e impactos que se siguen incrementando, donde la salud pública, como derecho básico, está gravemente afectado en zonas como Loma de la Lata y Vaca Muerta.
Más allá de toda medida de reparación, restauración, mitigación o indemnización ante los daños causados por las petroleras, varios considerados irreparables, el problema de fondo para las comunidades es la negación a ejercer sus derechos en un amplio sentido. El Estado argentino y sus autoridades no asumen su responsabilidad y obligaciones ante los evidentes impactos de las petroleras, donde las empresas salen con campañas mediáticas desmintiendo a las propias comunidades, con fuertes ofensivas y militarización de gendarmería.
La necesidad de una justicia ambiental y una implementación de los derechos Mapuche son aún temas estancados en Argentina, a pesar de algunos instrumentos tendiente a esto como el convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional y la Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que han servido para fundamentar denuncias pero no para cambiar las condiciones y limitaciones en el caso de las petroleras y las comunidades Mapuche sobre sus territorios y desprotección de los recursos, como el subsuelo.
A fines de mayo, comunidades del Consejo Zonal “Xawvnko” de la Confederación Mapuche de Neuquén pidieron a la petrolera estatal YPF re-establecer un diálogo para discutir una denunciada contaminación de los suelos en Vaca Muerta y la presencia de efectivos de la Gendarmería en el megayacimiento de energía no convencional localizado principalmente en la provincia de Neuquén, argumentando que la empresa no ha querido asumir la grave situación de contaminación que hay en el territorio.
“Llegamos hasta las oficinas de YPF porque estamos en un estado de alarma general en las comunidades porque se notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la Gendarmería Nacional”, señalaban desde la Confederación.
Este 19 de junio, la directora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Anmistía Internacional, Paola Garcia Rey, llegó a Neuquén, para interiorizarse de la escalada de agresión hacia las comunidades mapuche por parte de las petroleras en territorios comunitarios de esta zonal Xawvnko (Vaca Muerta).
Además de Vaca Muerta, otro sector gravemente contaminado es Loma de la Lata. Ya en el año 2001 se publicaba un estudio internacional pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén que indicaba que el daño ambiental alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad, aguas con, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Además, 42 personas, sobre un total de 98, contaban con síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos.
En marzo de 2017, una nueva denuncia por contaminación con metales pesados se denunciaba desde la comunidad mapuche en Loma de la Lata, indicándose que el daño afectaba el agua de las napas freáticas en cercanías del río Neuquén y del lago Los Barreales.
El Observatorio Petrolero Sur publicó el 2015 algunos antecedentes oficiales sobre la contaminación: “En 2012 al momento de tomar la gestión de YPF, el propio gobierno denunció más de 600 episodios de contaminación. Durante el 2013 se produjeron 4 derrames en once días originados por faltas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado”.
Por su parte, en el territorio mapuche Campo Maripe, la exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que genera alta preocupación, mientras la comunidad pretende seguir con sus actividades de pastoreo, sin embargo se ha denunciado que muchos de sus animales se mueren por la explotación.
Otra comunidad que ha sido gravemente afectada por la contaminación petrolera es Gelay Ko. En septiembre del 2013 el periodista Dario Aranda señaló que “Se produjo un nuevo derrame de petróleo en la comunidad mapuche de Gelay Ko, en Neuquén. Una vez más, y es algo que la comunidad ha venido denunciando reiteradamente, la multinacional petrolera Apache se encuentra detrás. La comunidad Gelay Ko, vive entre 222 pozos petroleros, (uno de fracking). No tienen gas, electricidad ni agua”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2017
Fuente: Kaos en la Red
Provincia/Región: Neuquén
En la provincia de Neuquén, en el marco del conflicto petrolero y la grave contaminación en diversos sectores, siguen asomando múltiples temas pendientes sobre planes de protección y reparación en materia de derechos humanos y ambiente, tales como: remediación de suelo y agua; revegetación; repoblamiento fauna silvestre; restauración de suelo y control de erosión; zonificación de áreas arqueológicas; certificación de calidad y finalización de tareas; el extremo control y dominio del territorio por parte de las petroleras en desmedro de los derechos de las comunidades Mapuche; desmembramiento, desnaturalización y pérdida cultural mapuche , entre otros daños e impactos que se siguen incrementando, donde la salud pública, como derecho básico, está gravemente afectado en zonas como Loma de la Lata y Vaca Muerta.
Más allá de toda medida de reparación, restauración, mitigación o indemnización ante los daños causados por las petroleras, varios considerados irreparables, el problema de fondo para las comunidades es la negación a ejercer sus derechos en un amplio sentido. El Estado argentino y sus autoridades no asumen su responsabilidad y obligaciones ante los evidentes impactos de las petroleras, donde las empresas salen con campañas mediáticas desmintiendo a las propias comunidades, con fuertes ofensivas y militarización de gendarmería.
La necesidad de una justicia ambiental y una implementación de los derechos Mapuche son aún temas estancados en Argentina, a pesar de algunos instrumentos tendiente a esto como el convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional y la Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que han servido para fundamentar denuncias pero no para cambiar las condiciones y limitaciones en el caso de las petroleras y las comunidades Mapuche sobre sus territorios y desprotección de los recursos, como el subsuelo.
A fines de mayo, comunidades del Consejo Zonal “Xawvnko” de la Confederación Mapuche de Neuquén pidieron a la petrolera estatal YPF re-establecer un diálogo para discutir una denunciada contaminación de los suelos en Vaca Muerta y la presencia de efectivos de la Gendarmería en el megayacimiento de energía no convencional localizado principalmente en la provincia de Neuquén, argumentando que la empresa no ha querido asumir la grave situación de contaminación que hay en el territorio.
“Llegamos hasta las oficinas de YPF porque estamos en un estado de alarma general en las comunidades porque se notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la Gendarmería Nacional”, señalaban desde la Confederación.
Este 19 de junio, la directora del Área de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Anmistía Internacional, Paola Garcia Rey, llegó a Neuquén, para interiorizarse de la escalada de agresión hacia las comunidades mapuche por parte de las petroleras en territorios comunitarios de esta zonal Xawvnko (Vaca Muerta).
Además de Vaca Muerta, otro sector gravemente contaminado es Loma de la Lata. Ya en el año 2001 se publicaba un estudio internacional pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén que indicaba que el daño ambiental alcanzaba 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad, aguas con, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Además, 42 personas, sobre un total de 98, contaban con síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos.
En marzo de 2017, una nueva denuncia por contaminación con metales pesados se denunciaba desde la comunidad mapuche en Loma de la Lata, indicándose que el daño afectaba el agua de las napas freáticas en cercanías del río Neuquén y del lago Los Barreales.
El Observatorio Petrolero Sur publicó el 2015 algunos antecedentes oficiales sobre la contaminación: “En 2012 al momento de tomar la gestión de YPF, el propio gobierno denunció más de 600 episodios de contaminación. Durante el 2013 se produjeron 4 derrames en once días originados por faltas en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, rupturas de tubos conductores o de piletones de almacenamiento; algunos llegaron al agua del río Colorado”.
Por su parte, en el territorio mapuche Campo Maripe, la exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que genera alta preocupación, mientras la comunidad pretende seguir con sus actividades de pastoreo, sin embargo se ha denunciado que muchos de sus animales se mueren por la explotación.
Otra comunidad que ha sido gravemente afectada por la contaminación petrolera es Gelay Ko. En septiembre del 2013 el periodista Dario Aranda señaló que “Se produjo un nuevo derrame de petróleo en la comunidad mapuche de Gelay Ko, en Neuquén. Una vez más, y es algo que la comunidad ha venido denunciando reiteradamente, la multinacional petrolera Apache se encuentra detrás. La comunidad Gelay Ko, vive entre 222 pozos petroleros, (uno de fracking). No tienen gas, electricidad ni agua”.
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Originarios perdieron el 21% del chaco salteño
Determinan cuántas tierras perdieron las comunidades originarias
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Reserva de Biosfera Laguna Blanca con minería?
Comunidades indígenas denuncian que una minera explora sin autorización una Reserva de Biósfera
Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Fecha de Publicación: 26/04/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Catamarca
Señalan a la empresa Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén.
Comunidades indígenas de Catamarca señalan a la empresa minera Buena Vista Gold S.A. por explorar sin la autorización adecuada tierras de propiedad comunitaria y la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, en el departamento de Belén, un área natural protegida ubicada en el norte de provincia, aunque un senador local negó que eso ocurriera.
Virginia Cruz, integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI) y la Asamblea Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Catamarca, dijo a Télam que en las primeras horas del jueves, mientras se desarrollaba una asamblea de 17 comunidades indígenas, vieron tres camionetas de Buena Vista Gold bajar desde la reserva de biosfera de Corral Blanco en Laguna Blanca con equipos de exploración y campamento.
"Mientras se desarrollaba la asamblea observamos tres camionetas bajar desde la reserva de biosfera y decidimos pararlas; si bien pudimos constatar que no llevaban nada, pedimos el permiso correspondiente que los habilitaba a transitar y explorar la zona y nos entregaron un papel impreso con una supuesta firma del secretario de minería de la provincia sin fecha de inicio ni finalización de exploración", explicó Cruz.
La asambleísta afirmó que la exploración sin el permiso correspondiente de la zona implica una violación a los derechos establecidos en la Constitución Nacional, en su Artículo 75, Inciso 17, que reconoce la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
"Nosotros solamente hablamos con el equipo de mineros y pedimos que nos muestren el permiso. En ningún momento hubo un cruce de palabras, ni mucho menos", agregó.
Sin embargo, el senador provincial por el departamento Belén, Jorge Solá Jais (del Frente para la Victoria), sostuvo que "no hay ninguna exploración".
"Laguna Blanca es una zona protegida y si hay circulación de vehículos corresponde a intereses particulares, no hay exploración minera, todo eso sería posible con autorización de la Secretaría de Minería o el Juzgado de Minas", explicó el legislador.
Solá Jais aseguró que sí existe el conflicto por las tierras entre una comunidad originaria y los propietarios, pero "es una zona protegida y no creo que el juzgado de minas autorice algún tipo de actividad exploratoria".
Por su parte, Cruz denunció el estado de inseguridad que padecen las comunidades indígenas de Corral Blanco y Aguas Calientes por el avasallamiento de sus derechos por parte de las empresas mineras.
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Una caminata de Mapuches de 800 km por tierras
Comunidad Mapuche caminará más de 800 kilómetros para reclamar por tierras
Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Río Negro
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará desde Bariloche hasta Viedma en rechazo al nuevo código de tierras.
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará a pie desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma entre el 20 y el 24 de abril en rechazo al proyecto del nuevo código de tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck, informaron este domingo integrantes de la comunidad Waiwen kurruf.
Bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", las comunidades originarias rionegrinas marcharán más de 800 kilómetros "en rechazo a la profundización de las políticas que ponen en serio riesgo los espacios territoriales del pueblo Mapuche", aseguró Hugo Aranea, integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI).
El dirigente afirmó que "el proyecto del Ejecutivo avanza en el saqueo del territorio que no sólo pertenece al pueblo Mapuche, sino a toda la sociedad".
En julio del año pasado el gobierno rionegrino presentó en la legislatura el nuevo proyecto de "Código de Tierras Fiscales", que busca "actualizar el marco normativo con previsiones modernas para adecuar las leyes a las demandas actuales y prever las herramientas para el desarrollo productivo de las próximas generaciones", afirmó en su momento el asesor legal de la Dirección de Tierras local, Enrique Álvarez Costa.
"Estamos modernizando las previsiones legales porque tenemos en vigencia leyes con más de 50 años en los ámbitos rurales y urbano", sostuvo. El funcionario aclaró que se pretende "modernizar y restringir al máximo posible el poder de discrecionalidad de los funcionarios de tierras actuales y de las próximas generaciones, para que en cualquier régimen sea necesaria una aprobación legislativa".
El prototipo de reforma estructural de tierras fiscales fue elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico de la Dirección para que sea elevado al parlamento legislativo "sin acuerdo de ministros, para que exista un amplio debate de los actores sociales involucrados y que cada uno pueda aportar y enriquecer el proyecto", afirmó Álvarez Costa.
Por su lado, Aranea enfatizó que "la idea es llegar a Viedma con un fuerte reclamo en rechazo de ese proyecto, pero también reconociendo nuestros derechos territoriales".
"Es un paso muy importante que sirve para construir la unidad de las organizaciones, de las comunidades y de los referentes, porque visualiza la preocupación que existe por estas decisiones políticas", remarcó. Para Aranea el proyecto "no es nuevo", sino que "los afecta desde hace muchos años".
"En las ciudades hay muchos hermanos que están en las periferias y se quedaron sin un lugar donde vivir, producto de estas políticas de saqueos y arrebato", aseguró.
Así, la marcha comenzará el próximo jueves 20 de abril en Bariloche, donde se sumarán comunidades de El Bolsón que arribarán por la noche a la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.
Al día siguiente continuarán hasta la localidad de Sierra Colorada, donde se encontrarán con más comunidades y continuarán su camino hacia la localidad de Valcheta, precisaron. Los organizadores tienen previsto arribar a Viedma el domingo "para realizar el reclamo frente a la Casa de Gobierno rionegrina el lunes 24", confirmó Aranea.
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Fecha de Publicación: 12/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Río Negro
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará desde Bariloche hasta Viedma en rechazo al nuevo código de tierras.
El pueblo Mapuche de Río Negro marchará a pie desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma entre el 20 y el 24 de abril en rechazo al proyecto del nuevo código de tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck, informaron este domingo integrantes de la comunidad Waiwen kurruf.
Bajo el lema "Estamos vivos, por eso caminamos", las comunidades originarias rionegrinas marcharán más de 800 kilómetros "en rechazo a la profundización de las políticas que ponen en serio riesgo los espacios territoriales del pueblo Mapuche", aseguró Hugo Aranea, integrante del Consejo Asesor Indígena (CAI).
El dirigente afirmó que "el proyecto del Ejecutivo avanza en el saqueo del territorio que no sólo pertenece al pueblo Mapuche, sino a toda la sociedad".
En julio del año pasado el gobierno rionegrino presentó en la legislatura el nuevo proyecto de "Código de Tierras Fiscales", que busca "actualizar el marco normativo con previsiones modernas para adecuar las leyes a las demandas actuales y prever las herramientas para el desarrollo productivo de las próximas generaciones", afirmó en su momento el asesor legal de la Dirección de Tierras local, Enrique Álvarez Costa.
"Estamos modernizando las previsiones legales porque tenemos en vigencia leyes con más de 50 años en los ámbitos rurales y urbano", sostuvo. El funcionario aclaró que se pretende "modernizar y restringir al máximo posible el poder de discrecionalidad de los funcionarios de tierras actuales y de las próximas generaciones, para que en cualquier régimen sea necesaria una aprobación legislativa".
El prototipo de reforma estructural de tierras fiscales fue elaborado a lo largo de un año por el equipo técnico de la Dirección para que sea elevado al parlamento legislativo "sin acuerdo de ministros, para que exista un amplio debate de los actores sociales involucrados y que cada uno pueda aportar y enriquecer el proyecto", afirmó Álvarez Costa.
Por su lado, Aranea enfatizó que "la idea es llegar a Viedma con un fuerte reclamo en rechazo de ese proyecto, pero también reconociendo nuestros derechos territoriales".
"Es un paso muy importante que sirve para construir la unidad de las organizaciones, de las comunidades y de los referentes, porque visualiza la preocupación que existe por estas decisiones políticas", remarcó. Para Aranea el proyecto "no es nuevo", sino que "los afecta desde hace muchos años".
"En las ciudades hay muchos hermanos que están en las periferias y se quedaron sin un lugar donde vivir, producto de estas políticas de saqueos y arrebato", aseguró.
Así, la marcha comenzará el próximo jueves 20 de abril en Bariloche, donde se sumarán comunidades de El Bolsón que arribarán por la noche a la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.
Al día siguiente continuarán hasta la localidad de Sierra Colorada, donde se encontrarán con más comunidades y continuarán su camino hacia la localidad de Valcheta, precisaron. Los organizadores tienen previsto arribar a Viedma el domingo "para realizar el reclamo frente a la Casa de Gobierno rionegrina el lunes 24", confirmó Aranea.
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Chubut: avanza la minería en territorios indígenas
Un emprendimiento minero avanza sobre territorios indígenas
Fecha de Publicación: 10/04/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Chubut
Este día, la empresa Inversiones Mineras Argentinas (IMA) convoca a una reunión de urgencia en la sede del Centro Nacional Patagónico (CenPat – Conicet) con la participación de funcionarios de Chubut, “los investigadores anfitriones (y financiados por la misma IMA) y dos de las comunidades elegidas” para anunciar que “se retiraría del área durante los meses de invierno”. La investigadora Julieta Gómez Otero explicó: “Esto significaba que el (cerro) chenque y los demás sitios arqueológicos perdían la vigilancia del personal de la minera y existía la posibilidad de que pudieran ser saqueados”. Ante “el riesgo de destrucción, se recomendó aplicar la arqueología de rescate y proceder a la excavación y reubicación del chenque” (Darío Aranda. Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias).
La investigadora sostuvo después que ese procedimiento era una forma de “armonizar los intereses de los pueblos originarios, de la Secretaría de Cultura, de los arqueólogos y de la empresa”. Se había omitido informar que otras cinco comunidades se oponían a la medida apetecida por la minera. Las comunidades tehuelches argumentaron que “el destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológicos, son de nuestros antepasados y, por lo tanto, sagrados”.
El proyecto “Navidad” había fijado su interés en un predio, ubicado a 50 kilómetros de Gan Gan, donde habían detectado un importante yacimiento de plata y plomo, y para llevarlo adelante necesitaban eludir la resistencia de las comunidades, que además de quedarse sin el terreno (vital para sus actividades ganaderas) perderían también el uso de escasos reservorios de agua y se verían expuestas al uso de productos químicos de elevada toxicidad.
El yacimiento fue considerado como uno de los más grandes del mundo aún sin explotar.
Meses después de esta maniobra, el proyecto quedó en manos de la compañía canadiense Aquiline Resources. Cuyos directivos sostenían que “Los recursos minerales aumentaron un 52 por ciento y llegan a 600 millones de onzas de plata (…) Contamos con 3.500 millones de libras de plomo”. En tanto, el precio del plomo había aumentado de 0,20 dólares a 1,50.
En 2009, “el yacimiento pasó a manos de Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, decidida a acelerar los tiempos”
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Fecha de Publicación: 10/04/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Chubut
Este día, la empresa Inversiones Mineras Argentinas (IMA) convoca a una reunión de urgencia en la sede del Centro Nacional Patagónico (CenPat – Conicet) con la participación de funcionarios de Chubut, “los investigadores anfitriones (y financiados por la misma IMA) y dos de las comunidades elegidas” para anunciar que “se retiraría del área durante los meses de invierno”. La investigadora Julieta Gómez Otero explicó: “Esto significaba que el (cerro) chenque y los demás sitios arqueológicos perdían la vigilancia del personal de la minera y existía la posibilidad de que pudieran ser saqueados”. Ante “el riesgo de destrucción, se recomendó aplicar la arqueología de rescate y proceder a la excavación y reubicación del chenque” (Darío Aranda. Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias).
La investigadora sostuvo después que ese procedimiento era una forma de “armonizar los intereses de los pueblos originarios, de la Secretaría de Cultura, de los arqueólogos y de la empresa”. Se había omitido informar que otras cinco comunidades se oponían a la medida apetecida por la minera. Las comunidades tehuelches argumentaron que “el destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológicos, son de nuestros antepasados y, por lo tanto, sagrados”.
El proyecto “Navidad” había fijado su interés en un predio, ubicado a 50 kilómetros de Gan Gan, donde habían detectado un importante yacimiento de plata y plomo, y para llevarlo adelante necesitaban eludir la resistencia de las comunidades, que además de quedarse sin el terreno (vital para sus actividades ganaderas) perderían también el uso de escasos reservorios de agua y se verían expuestas al uso de productos químicos de elevada toxicidad.
El yacimiento fue considerado como uno de los más grandes del mundo aún sin explotar.
Meses después de esta maniobra, el proyecto quedó en manos de la compañía canadiense Aquiline Resources. Cuyos directivos sostenían que “Los recursos minerales aumentaron un 52 por ciento y llegan a 600 millones de onzas de plata (…) Contamos con 3.500 millones de libras de plomo”. En tanto, el precio del plomo había aumentado de 0,20 dólares a 1,50.
En 2009, “el yacimiento pasó a manos de Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, decidida a acelerar los tiempos”
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Qom reprimidos en Rosario
Integrantes de la comunidad Qom fueron violentamente reprimidos por la Policía en Rosario
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Santa Fe
El domingo 2, a primeras horas de la mañana, agentes del Comando Radioeléctrico de la ciudad argentina de Rosario arremetieron contra cuatro jóvenes Qom que iban por la calle. Los vecinos salieron en su defensa y a todos los agredieron echándoles en cara su condición de indígenas. Varios policías ingresaron por la fuerza y sin orden de allanamiento a dos viviendas, golpearon a sus habitantes y dispararon sus armas al aire. Se llevaron a 14 personas detenidas; hay un adolescente y una chica hospitalizada. La comunidad reclama que no se trata de un hecho aislado.
Participaron cerca de 50 policías y en ningún momento explicaron los motivos de la detención. Pérez contó de la humillación sufrida y de los denigrantes insultos de los uniformados en medio de un “descontrol total” de los encargados del orden. Todavía no sabe qué ocurrió con los detenidos durante el trayecto a la seccional policial, que se demoró mucho más de lo que debería haber llevado; sólo sabe que fueron brutalmente castigados –a una chica le fracturaron la costilla- y presumen otros tipos de acoso.
Pérez relacionó este accionar con una forma de proceder de la Policía, que no sólo arremete contra las comunidades originarias. Pero hay más ribetes: “Nos están vinculando con otras causas que no tienen nada que ver”, afirmó Pérez, y especificó que la Policía está tratando de vincularlos con armas, cuando ninguno de ellos las tiene.
Como dirigente Qom, Pérez recurrirá a las herramientas legales para condenar estos hechos y apelará al diálogo con el Ministerio de Seguridad para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Los detenidos, 12 varones y dos mujeres, fueron liberados por la tarde del domingo. Según publica hoy el diario argentino Página 12, el fiscal Gustavo Ponce Ashad presentó una denuncia contra el médico policial, quien no dejó constancia de los golpes y heridas que sufrieron los detenidos.
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Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Santa Fe
El domingo 2, a primeras horas de la mañana, agentes del Comando Radioeléctrico de la ciudad argentina de Rosario arremetieron contra cuatro jóvenes Qom que iban por la calle. Los vecinos salieron en su defensa y a todos los agredieron echándoles en cara su condición de indígenas. Varios policías ingresaron por la fuerza y sin orden de allanamiento a dos viviendas, golpearon a sus habitantes y dispararon sus armas al aire. Se llevaron a 14 personas detenidas; hay un adolescente y una chica hospitalizada. La comunidad reclama que no se trata de un hecho aislado.
Participaron cerca de 50 policías y en ningún momento explicaron los motivos de la detención. Pérez contó de la humillación sufrida y de los denigrantes insultos de los uniformados en medio de un “descontrol total” de los encargados del orden. Todavía no sabe qué ocurrió con los detenidos durante el trayecto a la seccional policial, que se demoró mucho más de lo que debería haber llevado; sólo sabe que fueron brutalmente castigados –a una chica le fracturaron la costilla- y presumen otros tipos de acoso.
Pérez relacionó este accionar con una forma de proceder de la Policía, que no sólo arremete contra las comunidades originarias. Pero hay más ribetes: “Nos están vinculando con otras causas que no tienen nada que ver”, afirmó Pérez, y especificó que la Policía está tratando de vincularlos con armas, cuando ninguno de ellos las tiene.
Como dirigente Qom, Pérez recurrirá a las herramientas legales para condenar estos hechos y apelará al diálogo con el Ministerio de Seguridad para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Los detenidos, 12 varones y dos mujeres, fueron liberados por la tarde del domingo. Según publica hoy el diario argentino Página 12, el fiscal Gustavo Ponce Ashad presentó una denuncia contra el médico policial, quien no dejó constancia de los golpes y heridas que sufrieron los detenidos.
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Yacimiento Loma La Lata: disputa entre Mapuches e YPF
Mapuches denuncian contaminación; YPF dice que no dejan remediar
Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Fecha de Publicación: 30/03/2017
Fuente: Diairo Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad kaxipayiñ llevó el reclamo a la fiscalía por contaminación con residuos peligrosos. La empresa rechazó.
Integrantes de la comunidad kaxipayiñ presentaron ayer una denuncia por contaminación con residuos peligrosos en su territorio. Lo hicieron en la fiscalía federal. Apuntaron a YPF y sus contratistas, a las que consideran responsables, al exgobernador Jorge Sapag y a quien era responsable de la cartera de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
En un comunicado oficial de YPF que firma Federico Califano, gerente de Asuntos Externos, la empresa dijo anoche que es la misma comunidad la que “impide el saneamiento de las situaciones ambientales dentro del yacimiento Loma La Lata”. La petrolera aclaró que “no se pudieron ejecutar las acciones necesarias” para remediar el lugar “por la oposición de algunos líderes de la comunidad, que persiguen intereses que no responden ni a los de la comunidad ni a la defensa del medio ambiente”.
“Nosotros creemos que hay suficientes pruebas. Es alarmante ya que se ha constatado desde el año 2009, en el incidente conocido como la ex fosa de quema, la existencia de metales pesados e hidrocarburos en suelo y agua y lo que llama la atención es que se trata de agua subterránea, de napas freáticas que pueden tener conexión con el río Neuquén y con el lago Barreales, lo que además se transformaría en una situación que excede el interés de la comunidad. La comunidad está defendiendo no sólo su territorio sino el interés de los centros poblados de mayor magnitud en la Patagonia norte”, aseguró el abogado Emiliano Guagliardo.
Agregó: “el único organismo de control en las áreas petroleras son las comunidades que promueven este tipo de denuncias. Sea convencional o no convencional la actividad está realizándose en un marco de descontrol y fuera de todo tipo de resguardos ambientales.”
El lonco de la comunidad, Gabriel Cherqui, dijo que ya en 1995 se decía “que los indios lo único que querían era plata. Hoy creo que tenemos la sociedad a favor de nosotros, que ya los indios no es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no solo los mapuches, sino toda la ciudadanía de Añelo, El Chañar”.
“No es que queremos plata sino que queremos vivir con una salud digna porque eso es lo que nos merecemos. Y no sólo los mapuches”.
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Pueblos Originarios llegan a la capital Jujeña para reclamar
Llega a la capital jujeña la Marcha de Pueblos Originarios que partió de La Quiaca
Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Fecha de Publicación: 25/03/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Luego de caminar desde el 16 de este mes, partiendo desde La Quiaca bajo el lema "Por el Derecho a la vida en los Territorios", la Marcha de Pueblos Originarios llegas hoy a la capital jujeña, donde en horas del mediodía realizará un acto en Plaza Belgrano.
Wily Subelza, integrante de una de las comunidades de la Puna contó en el inicio de la protesta que se marcha "por la amenaza continua de las mineras a cielo abierto, en el caso de la Minera Chinchilla, que va a contaminar la Laguna de Pozuelos; porque nuestros líderes continuamente están siendo hostigados por la policía y la justicia, por defender a nuestro pueblo”.
Agregó además que "las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri y en la provincia Gerardo Morales, desconoce los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que habíamos logrado que se reconocieran como el respeto de nuestros pueblos ancestrales. Los gobiernos están tratando de anular la vida de los pueblos indígenas al implementar políticas a favor de los grandes empresarios sin tenernos en cuenta”.
Las comunidades, tomarán partes este viernes de los actos por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Villa la Angostura: desmontan para una pista de motocross
Greenpeace denunció la deforestación para la pista de motocross en Villa la Angostura
Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Mapuches denuncian desmontes en bosques nativos
Comunidades mapuches denuncian el desmonte de un bosque nativo en Neuquén
Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Chubut entregó aporte por conservar bosques
Bosques entregó aporte de casi 300 mil pesos
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
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Urtubey acciona contra derechos de pueblos originarios
Preso por reclamar derechos
Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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Actividad hidrocarburifera contamina Rincón de los Sauces
Denuncian grave contaminación en Rincón de los Sauces
Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche convocó a un equipo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo era que estudiaran la zona de Rincón de los Sauces por lo que, sus integrantes, consideran un desastre ecológico producido por la actividad hidrocarburifera.
“Hemos pedido al Ministro de Seguridad y Ambiente que realice una inspección a cada uno de los lugares denunciados. Llegaron dos inspectores ambientales de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia y expresaron la necesidad urgente de clausurar locaciones que evidenciaban una total falta de seguridad y derrames que se dirigían directamente al Río Colorado”, aseguró Jorge Nahuel.
Sin embargo, hasta el momento no se tomó ninguna medida y se niega la copia del informe elaborado por esa visita ambiental.
La alarma surge por los casos de enfermedades de piel, de vista, de tumores cancerígenos que serían generados por el agua respecto, Alejandra Pérez, investigadora de la UBA manifestó que luego del análisis de muestra concluyen que la situación es alarmante.
En declaraciones a Radio Universidad Calf sostuvo que hay contaminación de todo tipo. En este sentido, precisó que las empresas YPF, Chevron, Gas Medanito, Oldelval largan gases tóxicos en el aire y también arrojan desechos después del agua de lava que es tratada con anticorrosivos o tóxicos de distintas categorías. Estos materiales contaminantes llegan al Río Colorado.
Ahora, la Confederación espera a un grupo de médicos que tomará análisis a pobladores de Puesto Hernández, Agua la Cerda, Lomita, Narambuena y Desfiladero Bayo.
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Fecha de Publicación: 13/02/2017
Fuente: Neuquén al Instante
Provincia/Región: Neuquén
La Confederación Mapuche convocó a un equipo de antropólogos de la Universidad de Buenos Aires.
El objetivo era que estudiaran la zona de Rincón de los Sauces por lo que, sus integrantes, consideran un desastre ecológico producido por la actividad hidrocarburifera.
“Hemos pedido al Ministro de Seguridad y Ambiente que realice una inspección a cada uno de los lugares denunciados. Llegaron dos inspectores ambientales de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia y expresaron la necesidad urgente de clausurar locaciones que evidenciaban una total falta de seguridad y derrames que se dirigían directamente al Río Colorado”, aseguró Jorge Nahuel.
Sin embargo, hasta el momento no se tomó ninguna medida y se niega la copia del informe elaborado por esa visita ambiental.
La alarma surge por los casos de enfermedades de piel, de vista, de tumores cancerígenos que serían generados por el agua respecto, Alejandra Pérez, investigadora de la UBA manifestó que luego del análisis de muestra concluyen que la situación es alarmante.
En declaraciones a Radio Universidad Calf sostuvo que hay contaminación de todo tipo. En este sentido, precisó que las empresas YPF, Chevron, Gas Medanito, Oldelval largan gases tóxicos en el aire y también arrojan desechos después del agua de lava que es tratada con anticorrosivos o tóxicos de distintas categorías. Estos materiales contaminantes llegan al Río Colorado.
Ahora, la Confederación espera a un grupo de médicos que tomará análisis a pobladores de Puesto Hernández, Agua la Cerda, Lomita, Narambuena y Desfiladero Bayo.
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Los mapuches son pueblos preexistentes
Investigadores del CONICET: "Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes"
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Fecha de Publicación: 19/01/2017
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Patagonia
Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Nos sumamos, de este modo, a los múltiples comunicados de repudio realizados por comunidades y organizaciones indígenas, investigadores, docentes y estudiantes, trabajadores del Estado, agrupaciones religiosas y organismos de derechos humanos.
Al mismo tiempo, comunicamos nuestra preocupación, una vez más, por la recurrencia de discursos y relatos sesgados y erróneos sobre la realidad de los pueblos indígenas actuales y sus orígenes. Como investigadores que trabajamos con pueblos originarios de Argentina y de otros países de América del Sur, respaldamos una parte sustancial de nuestras investigaciones en etnografías llevadas a cabo en los territorios comunitarios y en los márgenes de las zonas urbanas, en las que se instalaron las familias indígenas que fueron forzadas a desplazarse desde mediados del siglo pasado.
Si bien en las últimas décadas la destrucción de sus territorios intensificó las migraciones, también se da un proceso inverso y algunos deciden volver a la tierra. Este proceso de retorno —al que suelen referir como “recuperaciones”— pone al descubierto el despojo territorial que vivieron sus mayores, así como los métodos fraudulentos y violentos empleados tanto por privados como por el propio Estado.
Numerosas investigaciones antropológicas e históricas contextualizan estos procesos de despojo y permiten explicar por qué Benetton es hoy el mayor propietario de la Patagonia, en tanto que la mayoría de las comunidades indígenas territoriales se encuentran en tierras consideradas fiscales, sin títulos de propiedad comunitaria, bajo la amenaza constante de desalojo. Por lo tanto, las “recuperaciones” no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional, tal como sostiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. Son llamados de atención sobre historias silenciadas en el relato oficial de la colonización, sobre los efectos negativos de la extranjerización de la tierra y de la intervención del capitalismo extractivista, y revelan la continuidad de la colonialidad en el presente.
Por otro lado, tal como indica el nombre de nuestro lugar de trabajo, algunos de nuestros estudios examinan las clasificaciones etnológicas, sus contextos de producción y las relaciones de poder subyacentes. Coherentes con dichas investigaciones, nos vemos en la obligación de aclarar dos enunciados fundados en el desconocimiento que, si bien son antiguos, se actualizan en estos días.
Afirmamos, por lo tanto, que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. La mayoría de los etnónimos (nombres de los pueblos indígenas) variaron entre el siglo XVIII y el presente; algunos son nombres que se dan a sí mismos —como por ejemplo “mapuche”— y otros fueron impuestos —como es el caso de los términos “araucano” y “tehuelche”. Vale decir que “araucanos” no es el “verdadero nombre” de los mapuche ni tampoco es el nombre de los “antiguos mapuche”; es apenas el nombre que los españoles quisieron darles.
Los mapuches, por otra parte, no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina, así como había tehuelches en lo que hoy es Chile. A su vez, las alianzas matrimoniales entre unos y otros y los desplazamientos producidos por el avance de los Estados sobre sus territorios dieron lugar a que muchas familias se identifiquen en el presente como mapuche-tehuelche, tal como ocurre en la actual provincia de Chubut. Los tehuelches, por otra parte, no “se extinguieron”, sino que desde hace varios años luchan para demostrar que continúan existiendo y, en la Patagonia austral, han comenzado a identificarse en el espacio público como aonek’enk. Los responsables de su marginación e invisibilización no fueron los mapuches, sino las políticas de colonización.
Convencidos de la importancia de evitar lecturas sesgadas de la historia y del presente, en la vía para reparar injusticias y subordinaciones, invitamos a quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos temas a considerar, en primer lugar, las voces de los propios pueblos originarios, que se expresan a través de sus organizaciones y líderes, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los invitamos también a consultar los numerosos estudios actualizados, disponibles en internet, mediante los cuales los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de diversas universidades nacionales contribuimos a resolver problemas que preocupan a nuestra sociedad.
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Chubut, otra violenta represión a Mapuches
Sigue la tensión en Chubut: la comunidad mapuche denunció ataque de Gendarmería
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Chubut
Hay tres integrantes de la comunidad heridos. Aseguran que los efectivos entraron a la comunidad y efectuaron disparos.
Integrantes de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen de la zona cordillerana de Chubut denunciaron el miércoles que efectivos de la Policía provincial y la Gendarmería los atacaron en los terrenos que habitan en el marco de un operativo que dejó un saldo de tres personas resultaron heridas.
"Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a Télam Soraya Maicoño.
Según consignaron desde esta comunidad, Emilio Jones (35 años) es el herido que mayor gravedad revista al recibir un disparo en el cuello por el cual debió ser trasladado a un centro asistencial de la localidad de El Hoyo.
"Estamos ahora el la Fiscalía provincial de Esquel para presentar un hábeas corpus por los once detenidos de nuestra comunidad que se encuentran en la Unidad Penal 14 de Esquel. Y queremos que los uniformados dejen de entrar a nuestra comunidad a reprimir", subrayó Maicoño.
Tensión
Por su parte, el Juzgado Federal de Esquel informó hoy que cinco gendarmes y dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen, en conflicto con el terrateniente italiano Luciano Benetton en el oeste de Chubut, resultaron heridos el martes durante la intervención de la Gendarmería Nacional para liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut.
Por orden del juez federal Guido Otranto, personal del Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón, aisló con alrededor de 200 gendarmes la comunidad mapuche e ingresó para remover obstáculos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.
Ese recorrido atraviesa el Lof Cushamen, en tierras ancestrales mapuches recuperadas por la comunidad dentro de la estancia Leleque, que forma parte de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del Sud, de decenas de miles hectáreas en la zona andina de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Luego de la remoción de obstáculos el tren hizo el trayecto de ida y vuelta entre El Maitén y Esquel, en el marco de gran tensión por el operativo de la Gendarmería.
Otranto informó que entre los heridos las tres mujeres de Gendarmería fueron las que se llevaron la peor parte: una de ellas sufrió conmoción cerebral al recibir un piedrazo en la cabeza, otra tuvo una fractura en una pierna y la tercera una fuerte contusión en un brazo al recibir un palazo.
Las tres se recuperaban favorablemente, al igual que los gendarmes varones, que sufrieron lesiones leves en todo el cuerpo.
Además de "resistir violentamente" al procedimiento de Gendarmería, los detenidos son investigados por el delito de entorpecimiento del transporte público.
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Otra vez la policía reprimió a los mapuches que reclaman por sus tierras
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Chubut
Miembros de la comunidad relataron que les dispararon con proyectiles de goma y también de plomo y que uno de ellos recibió un balazo en el cuello.
Por segundo día consecutivo, la comunidad mapuche Pu Lof denuncia represión por parte de Gendarmería y de la Policía de Chubut. El hecho ocurrió luego de que el Gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, haya dicho que la comunidad "es un grupo de violentos".
La denuncia en este caso indica que hay una persona herida de gravedad por una bala de plomo. El herido es Fausto Emilio Jones Huala. A su vez, indicaron que otra persona de la comunidad recibió un disparo y que se desconoce el estado.
En medio de la represión, representantes de la comunidad Mapuche responsabilizan "a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien".
Mientras tanto, en Esquel, familiares, vecinos y organizaciones se congregaban en la Unidad 14 para saber la situación de los detenidos. Según informaron desde la Comunidad, hubo detenidos, que fueron llevados con heridas, pero se desconoce aún su paradero.
"Para quienes no conocen, Cushamen es una comunidad Mapuche, mujeres, niños y hombres, jóvenes y ancianos habitan sus tierras ancestrales, ocupadas por Benetton (en referencia al empresario italiano Luciano Benetton", informaron a AIM fuentes que se encontraban en el lugar.
"Gendarmería reprimió y abrió fuego sobre unas tierras recuperadas por mapuches a Benetton. Las mujeres estaban cercadas con sus hijos, y amenazaban con prenderse fuego, porque se llevaron a los hombres de la comunidad por la fuerza. Van a resistir, no se van a entregar", eran los mensajes que circulaban por redes sociales y celulares, ya que no había presencia de periodistas ni transmisión de los medios de comunicación, afirmaron representantes de la comunidad.
Desde el lugar, la comunidad originaria remarcó: "Esto es un llamado desesperado del pueblo mapuche, gendarmería está con más de 150 efectivos, con carros, entrando para reprimir, para desalojo, solicitamos el apoyo de todos".
Cabe recordar que el territorio de la Comunidad Pu Lof está en disputa desde hace muchos años con el empresario Benetton, quien dice ser dueño de miles de hectáreas de esa zona.
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Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Chubut
Hay tres integrantes de la comunidad heridos. Aseguran que los efectivos entraron a la comunidad y efectuaron disparos.
Integrantes de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen de la zona cordillerana de Chubut denunciaron el miércoles que efectivos de la Policía provincial y la Gendarmería los atacaron en los terrenos que habitan en el marco de un operativo que dejó un saldo de tres personas resultaron heridas.
"Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos", señaló a Télam Soraya Maicoño.
Según consignaron desde esta comunidad, Emilio Jones (35 años) es el herido que mayor gravedad revista al recibir un disparo en el cuello por el cual debió ser trasladado a un centro asistencial de la localidad de El Hoyo.
"Estamos ahora el la Fiscalía provincial de Esquel para presentar un hábeas corpus por los once detenidos de nuestra comunidad que se encuentran en la Unidad Penal 14 de Esquel. Y queremos que los uniformados dejen de entrar a nuestra comunidad a reprimir", subrayó Maicoño.
Tensión
Por su parte, el Juzgado Federal de Esquel informó hoy que cinco gendarmes y dos integrantes de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen, en conflicto con el terrateniente italiano Luciano Benetton en el oeste de Chubut, resultaron heridos el martes durante la intervención de la Gendarmería Nacional para liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut.
Por orden del juez federal Guido Otranto, personal del Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón, aisló con alrededor de 200 gendarmes la comunidad mapuche e ingresó para remover obstáculos que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel.
Ese recorrido atraviesa el Lof Cushamen, en tierras ancestrales mapuches recuperadas por la comunidad dentro de la estancia Leleque, que forma parte de la empresa de Benetton Compañía de Tierras del Sud, de decenas de miles hectáreas en la zona andina de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Luego de la remoción de obstáculos el tren hizo el trayecto de ida y vuelta entre El Maitén y Esquel, en el marco de gran tensión por el operativo de la Gendarmería.
Otranto informó que entre los heridos las tres mujeres de Gendarmería fueron las que se llevaron la peor parte: una de ellas sufrió conmoción cerebral al recibir un piedrazo en la cabeza, otra tuvo una fractura en una pierna y la tercera una fuerte contusión en un brazo al recibir un palazo.
Las tres se recuperaban favorablemente, al igual que los gendarmes varones, que sufrieron lesiones leves en todo el cuerpo.
Además de "resistir violentamente" al procedimiento de Gendarmería, los detenidos son investigados por el delito de entorpecimiento del transporte público.
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Otra vez la policía reprimió a los mapuches que reclaman por sus tierras
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Chubut
Miembros de la comunidad relataron que les dispararon con proyectiles de goma y también de plomo y que uno de ellos recibió un balazo en el cuello.
Por segundo día consecutivo, la comunidad mapuche Pu Lof denuncia represión por parte de Gendarmería y de la Policía de Chubut. El hecho ocurrió luego de que el Gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, haya dicho que la comunidad "es un grupo de violentos".
La denuncia en este caso indica que hay una persona herida de gravedad por una bala de plomo. El herido es Fausto Emilio Jones Huala. A su vez, indicaron que otra persona de la comunidad recibió un disparo y que se desconoce el estado.
En medio de la represión, representantes de la comunidad Mapuche responsabilizan "a los gobiernos nacional y provincial, a Gendarmería, y todos los brazos armados de la policía de Chubut que participan en este operativo de cualquier daño en la vida y la salud de nuestros pu peñi ka pu lamien".
Mientras tanto, en Esquel, familiares, vecinos y organizaciones se congregaban en la Unidad 14 para saber la situación de los detenidos. Según informaron desde la Comunidad, hubo detenidos, que fueron llevados con heridas, pero se desconoce aún su paradero.
"Para quienes no conocen, Cushamen es una comunidad Mapuche, mujeres, niños y hombres, jóvenes y ancianos habitan sus tierras ancestrales, ocupadas por Benetton (en referencia al empresario italiano Luciano Benetton", informaron a AIM fuentes que se encontraban en el lugar.
"Gendarmería reprimió y abrió fuego sobre unas tierras recuperadas por mapuches a Benetton. Las mujeres estaban cercadas con sus hijos, y amenazaban con prenderse fuego, porque se llevaron a los hombres de la comunidad por la fuerza. Van a resistir, no se van a entregar", eran los mensajes que circulaban por redes sociales y celulares, ya que no había presencia de periodistas ni transmisión de los medios de comunicación, afirmaron representantes de la comunidad.
Desde el lugar, la comunidad originaria remarcó: "Esto es un llamado desesperado del pueblo mapuche, gendarmería está con más de 150 efectivos, con carros, entrando para reprimir, para desalojo, solicitamos el apoyo de todos".
Cabe recordar que el territorio de la Comunidad Pu Lof está en disputa desde hace muchos años con el empresario Benetton, quien dice ser dueño de miles de hectáreas de esa zona.
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Originarios ahora son “amenazas para la seguridad social”
Acusaciones con aroma empresario
Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Fecha de Publicación: 09/12/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de pueblos originarios y organismos de derechos humanos rechazaron un documento del Ministerio de Seguridad porque interpreta reclamos como “amenazas para la seguridad social”.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.
En su informe de gestión de agosto pasado, el ministerio de Seguridad acusó a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno del ministerio conducido por Patricia Bullrich muestra una imagen de powerpoint (que fue dado a conocer en este diario por Horacio Verbitsky) titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”.
Ese informe, en referencia a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.
El ministerio hizo mención al juicio de extradición del lonko (autoridad) Facundo Jones Huala, en el que el juez federal Guido Otranto dictaminó que no debe ser extraditado, y señaló un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
Amnistía Internacional, Serpaj, APDH, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), CELS, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, junto a un centenar de organizaciones, repudiaron el accionar del gobierno nacional. “Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado.
Las organizaciones también repudiaron los dichos del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien pidió juicio político para el juez Otranto por no haber condenado a Jones Huala. Das Neves señaló en conferencia de prensa: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
Las organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas cuestionaron al Gobernador: “Emite expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la ley vigente. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente”.
La última semana, las comunidades mapuches de Chubut y la Asamblea de Vecinos del No a la Mina de Esquel denunciaron que la zona estaba “militarizada”, tras la llegada de más de cien efectivos de gendarmería nacional. También circularon versiones insólitas de que los mapuches habían reconocido la autoría en atentados incendiarios, algo que inclusive medios locales de gran tirada dieron como un hecho.
El Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen –al que pertenece Facundo Jones Huala, y que mantiene conflicto con la multinacional Benetton– desmintió la participación mapuche en cualquier hecho de violencia. Denunciaron un “montaje mediático”, pidieron a los medios de comunicación que rectifiquen lo publicado y solicitaron que se los consulte ante cualquier noticia que los involucre. Alertaron sobre el accionar de servicios de inteligencia y denunciaron el armado de escenario represivo contra las comunidades.
La semana pasada, las mismas organizaciones de derechos humanos e indígenas emitieron otro comunicado, sobre la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (Neuquén). “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, es el título de documento que cuestiona al ministerio de Seguridad por haber afirmado que “se arman comunidades indígenas y se toman tierras en zonas petroleras”.
El ministerio conducido por Patricia Bullrich hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
La Confederación Mapuche de Neuquén destacó como factor decisivo en la criminalización la situación de Vaca Muerta, donde una decena de empresas multinacionales (entre ellas Chevron-YPF) violó toda la legislación indígena (nacional e internacional), y no realizó la “consulta previa” ni obtuvo el “consentimiento libre, previo e informado”, derechos básicos de los pueblos indígenas. En respuesta a esa vulneración, la comunidad Lof Campo Maripe mantiene un corte permanente desde el 19 de julio pasado, cerrando el paso a la petrolera Chevron-YPF.
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Diaguitas piden explicación sobre la 'Coherencia Minera'
La comunidad del pueblo Diaguita exige explicación del proyecto 'Coherencia Minera'
Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Fecha de Publicación: 06/11/2016
Fuente: EnergyPress
Provincia/Región: Catamarca
A través de un escrito, la comunidad del pueblo Diaguita, de Andalgalá, exige explicación científica y constitucional del proyecto “Coherencia Minera”, autoría del senador por el departamento, Jorge Solá Jais (FPV), que además cuenta con media sanción.
Cabe recordar que dicha iniciativa propone quitar el porcentaje de regalías mineras a aquellos municipios que rechazan la actividad minera.
En ese contexto, la comunidad del pueblo Diaguita, integrada por 18 caciques, en asamblea manifestaron sentir la obligación de manifestarse públicamente frente a los hechos conocidos de supuesto “avasallamiento”, según dicen, de autoridades provinciales, en relación con las políticas mineras, en especial sobre Minas Capillitas y Cerro Atajo. “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”, aseguran.
En esa línea, sostienen: “Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”.
En el documento señalan también: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años.
Finalmente, la comunidad manifiesta: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, señalaron.
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Mapuches reforestan en el PN Nahuel Huapi
Mapuches reforestan área natural talada para un circuito de motocross
Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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Fecha de Publicación: 20/08/2016
Fuente: Periódico Brújula
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año.mapuches
En abril se corrió la cuarta fecha del Mundial de Motocross en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapí, para hacer la pista tuvieron que desmontar varias hectáreas de bosque nativo, violando todas las leyes vigentes, la fecha se corrió igual. La comunidad Mapuche Kintupuray y un grupo de ambientalistas reforestarán este domingo el área desmontada. Le costará 200 años a la naturaleza volver a tener un bosque allí.
Un par de horas de competencia de motocross le costará a la naturaleza al menos 200 años en recuperar el daño hecho en la cuarta fecha del Mundial de Motocross llevada a cabo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en abril de este año. Una comunidad mapuche el próximo domingo reforestará las tierras arrasadas por el comercio y la banalidad humanas.
Lucas Kintupuray, el Lonko (Jefe) de la Comunidad Mapuche Kintupuray comentó que “el circuito de motocross afectó 15 hectáreas y de ese total 12 pertenecen al ejido del municipio y tres hectáreas son de Parques Nacionales que son las que nosotros vamos a comenzar a reforestar”.
Dueños de un respeto ancestral por las tierras que les han permitido vivir desde tiempo inmemoriales, el Lonko informó a la prensa que antes de comenzar con las labores de reforestación, la acción “comenzará con una ceremonia mapuche antes para después forestar unos 60 plantines de ñire, coihues y otras especies nativas”.
En abril de este año la cuarta fecha del Mundial de Motocross se corrió dentro de áreas protegidas por leyes nacionales. En aquel momento los mapuches ya habían denunciado la tala de árboles en lugares protegidos. Pero la corrupción, pudo más y la fecha se corrió a pesar de tener que talar cientos árboles y arbustos nativos.
“Queremos informar que en esa oportunidad se han infringido varias normas de la Administración de Parques Nacionales (APN), sobre todo porque este tipo de competencias está expresamente prohibido por la APN en su Reglamento para la realización de Eventos Especiales en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, comenta Lucas.
El referente mapuche explicó que “en la construcción de la pista, también se ha infringido la Ley de Bosques y el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo del Neuquén (OTBN). Es una manera de empezar esta reforestación que se hará en la línea divisoria de la pista de motocross en el límite entre el municipio de Villa la Angostura y Parques Nacionales”.
Asimismo Greenpeace en su informe anual que da cuenta del desmonte que se produce en nuestro país, incluye un apartado en el que se refiere al episodio de Villa la Angostura. “El 3 de febrero la Dirección de Bosques detectó un desmonte de bosque nativo por topado y movimiento de suelo de 12 hectáreas (clasificadas en la Categoría II – amarillo); el cual había invadido la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi llegando la máquina a topar la vegetación riparia de la Laguna de Los Choros. El desmonte advertido constituiría una violación de carácter grave a la ley”.
“Un mes después la Administración de Parques Nacionales informó al Municipio que el apeo de vegetación nativa y la remoción de suelo afectaron una superficie de 3 hectáreas dentro del área protegida (Categoría I – rojo); estimó en $ 203.730 el daño ecológico ocasionado y recomendó su urgente restauración ante la inminente realización del Mundial de Motocross. Sin embargo, el área no fue reforestada y se realizó la carrera. Posteriormente, Parques Nacionales estimó en 200 años el plazo en cual podrá producirse la recuperación del suelo y la instalación de un bosque de ñire maduro a partir de semillas”, explica el informe de Greenpeace.
Aún hoy muchos acusan a los mapuches de ser una etnia chilena, pero acaso este hecho refleje más que ninguno cómo una comunidad originaria pretende vivir la vida, los nativos argentinos fueron los que permitieron el desmonte en un comercio ilegal, y son los mapuches quienes van a curar las heridas de un bosque que fue vulnerado y escenario de la codicia de empresarios y dirigentes argentinos.
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