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Denunciaron a Milei por derogar la Ley de Tierras

 


Denuncian a Javier Milei en Córdoba por derogar la Ley de Tierras: "Muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento"

Fecha de Publicación
: 18/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La presentación quedó radicada en la Justicia federal de la provincia, y fue realizada por un profesor de UNC con el patrocinio legal de un ex juez.
El presidente Javier Milei sumó en las últimas horas una nueva presentación judicial por la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/2023, que ayer rechazó el Senado. El mandatario fue denunciado en la Justicia Federal de Córdoba, ya que su decisión, plantearon, es violatoria de tratados y convenios internacionales.
La presentación fue ante la Fiscalía de Turno, y la firmó Raúl Montenegro, docente de la Universidad Nacional de esa provincia. El denunciante planteó en su presentación que la derogación permitiría la venta ilimitada de bosques nativos, glaciares y yacimientos minerales, entre otros, a personas y corporaciones extranjeras, lo cual contraviene normativas ambientales y de consulta a comunidades indígenas.
Todo ello, violatorio del Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas.
La aludida ley ponía un límite del 15% a la compra de tierras por manos extranjeras. Ese porcentaje era a nivel del territorio nacional, provincial y departamental, con equivalencias fijadas en cada provincia, lo que lo tornaba en términos de hectáreas y productividad.

Qué dice la denuncia
Para los denunciantes, esa situación pone al presidente ante la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita. Por eso pidió a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no el asesor Federico Stuzenegger y otros consultores, "y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley".
No es la primera vez que surge un cuestionamiento contra la derogación de la Ley de Tierras. Hace algunas semanas, por ejemplo, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca) pidió que se declare inconstitucional de la normativa. Incluso, el Poder Judicial llegó a suspender la derogación de la ley, pero otro tribunal suspendió la cautelar que lo disponía.
"Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos", planteó el denunciante en la presentación.

Ministros, denunciados
La presentación no sólo apunta al presidente. También aparecen entre los denunciados el jefe de Gabinete Nicolás Posse, los ministros y ministras Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Andrés Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Antonio Russo (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Guillermo José Ferraro (ex Infraestructura y Sandra Pettovello (Capital Humano).
En la presentación, el denunciante calificó como "salvaje e insensata" a la "política de destrucción" de organismos estatales que se dedicaban al control de las actividades explotadas por empresas privadas.
"Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta la Argentina",
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Catamarca: ordenan frenar explotación de litio

 


La Corte ordenó detener la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto

Fecha de Publicación
: 16/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La sentencia también dicta que la provincia "deberá abstenerser de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral".
La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por la Comunidad Originaria Atacameños. La medida ordena detener la actividad minera en la zona del Salar del Hombre Muerto, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
En este sentido la sentencia además dicta al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, "abstenerse de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos - Salar del Hombre Muerto - Departamento Antofagasta de las Sierras".
La acción fue presentada en el 2021 por Román Elías Guitian, en representación de la Comunidad Originaria Atacameños.
El instrumento al que hizo lugar la Corte, solicita que se ordene a la provincia de Catamarca a revocar los decretos y las resoluciones ministeriales que autorizaron los proyectos mineros Ampliación de proyecto Fenix y Sal de Vida, de las empresas Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA, respectivamente, y todo otro proyecto de litio que esté situado en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, compartida entre las provincias de Salta y Catamarca, hasta que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa y se determine la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi PampaIncahuasi o Punilla, con la debida participación del Consejo Federal de Ambiente y la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y el derecho de consulta y participación, en todas las etapas, de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano.

Desdoblamiento del Estado
En el voto por mayoría emitido por  Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño, Néstor Hernán Martel y Marcela Isabel Soria Acuña, los ministros señalaron que "se encuentra constatado el daño ambiental, en el río Trapiche. Surge por las autorizaciones concedidas a la minera proyecto Fénix para construir una represa de agua para captar agua del Río Trapiche y utilizarla en su producción, existe alteración del mismo y del ecosistema de la zona por la inexistencia de cause de agua, debido a su sequía como consecuencia directa del desarrollo de la actividad minera y que se encuentra en proceso de restauración, informe brindado por la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera".
Además señalaron que "También se constata la existencia de 6 proyectos mineros para la extracción de litio, ubicados en la Cuenca del Río de Los Patos - Antofagasta de la Sierra: Fénix, Sal de Vida, Sal de Oro, Virgen del Valle Litio, Candelas, Candelas Oeste. Todos los proyectos mineros, en sus diferentes etapas, inciden sobre la misma zona, y no se advierten acciones tendientes al estudio de impacto ambiental de forma integral y acumulativa, como lo exige a modo de presupuesto mínimo la materia ambiental, a fin de poder conocer la situación real y potencialmente riesgosas o dañina".
En este sentido advirtieron el desdoblamiento de los organismos del Estado: "Reviste gran importancia, el detalle e identificación de varios permisos de explotación de aguas subterráneas de la Cuenca Río Los Patos del Salar del Hombre Muerto del Dpto. Antofagasta de la Sierra, por Decretos del Poder Ejecutivo y Disposiciones para los proyectos mineros, lo que implica un desdoblamiento de las áreas del Estado Provincial, por un lado se emiten las DIA de los emprendimientos mineros, en la órbita del Ministerio de Minería de la Provincia; y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos), se tramitan y otorgan las concesiones del agua, esta modalidad atenta contra este estudio y análisis integral y acumulativo", señalaron los magistrados en la sentencia.
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Directivos a juicio por contaminar el río Salado

 


Contaminación en el río Salado: Tres miembros del directorio de un frigorífico a juicio

Fecha de Publicación
: 15/03/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de los responsables de un frigorífico en General Belgrano. Los acusan de poner en riesgo la salud por la contaminación del río Salado.
Tres directivos de un frigorífico de General Belgrano irán a juicio oral, acusados por haber puesto en riesgo la salud de la población en un presunto caso de contaminación del río Salado. La elevación de la causa fue validada por el juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, a pedido del fiscal Juan Pablo Curi.
La investigación tiene como acusados a tres hombres, integrantes del directorio del Frigorífico General Belgrano S.A., a quienes se acusa del vertido de residuos peligrosos al cauce de un afluente del río Salado durante el periodo comprendido, cuanto menos, entre julio de 2019 y agosto de 2022, precisa el sitio Fiscales.org.

Los fundamentos y las pruebas de contaminación en el río Salado
La acusación fiscal sostuvo que la contaminación ocurrió como consecuencia de no haber desarrollado las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generó el frigorífico -como está establecido en el artículo 17 de la ley 24.051- y haberlos volcado sobre el canal pluvial ubicado en las inmediaciones del establecimiento situado en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, que tiene como receptora a la cuenca hídrica del río Salado.
En la investigación constan diversos estudios realizados que dan cuerpo a la acusación. La fiscalía ponderó, por un lado, la información brindada por la Autoridad del Agua, que el 10 de julio de 2019 labró un acta de inspección que dio como resultado que los niveles de DQO (Demanda Química de Oxígeno) excedían, mínimamente, el límite permitido.
En esa oportunidad, el inspector advirtió que “el efluente no estaba siendo clorado” y que desde la firma no se había exhibido ningún certificado de aptitud ambiental.
En noviembre de 2020, a través de tareas ordenadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) presentó un análisis que arrojó resultados de valores de DQO por sobre los límites admisibles, incluso superiores a los constatados anteriormente.
Luego fue el OPDS el que realizó una inspección, también a pedido del UFIMA, el 5 de enero de 2021: en ese momento se exhibió un Certificado de Aptitud Ambiental, que estaba vencido.
Ante ello, se requirió a la Autoridad del Agua una nueva inspección, que se realizó el 4 de febrero de 2022. “En dicha inspección se dejó asentado que los efluentes eran evacuados a zanja pluvial, cuenca río Salado, y que se observó que las instalaciones para el tratamiento de los mentados efluentes se encontraban en mal estado de conservación, ya que los separadores de estiércol, el decantador interceptor y el pozo de bombeo, estaban colmados de barros”, destacó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
En esa ocasión se extrajo otra muestra, “cuyos resultados demostraron que, no solo había aumentado el nivel de la sustancia que anteriormente se encontraba ya fuera de los límites permitidos -DQO- sino que también fueron objetables los resultados de otros (cuatro) ítems”, entre ellos, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).

Contaminación del río Salado ¿Qué responsabilidad se les adjudica a los directivos del frigorífico?
En cuanto a la atribución de la responsabilidad, la fiscalía indicó que los acusados “no orientaron su gestión empresarial a eludir el resultado lesivo de contaminación del medio ambiente y entonces pusieron en peligro la salud pública, cuando se encontraba en cabeza de aquellos la dirección y orientación productiva de la empresa”.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los acusados “conocían que los residuos generados por el frigorífico eran vertidos al cauce de un río, sin el debido tratamiento, por lo que se infringían los requerimientos ambientales determinados mediante normativa específica, establecidos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población”.
El fiscal Curi reparó en que “debe tenerse presente que la firma fue notificada de la realización de las extracciones de muestras efluentes efectuadas tanto por personal policial en el marco de la investigación preliminar de la UFIMA, como aquella realizada por la Autoridad del Agua. Entonces los imputados no podían desconocer que actuaban en contra de la norma legal en juego y generaban, así, un riesgo jurídicamente desaprobado” concluye el informe.
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Entre Ríos: legisladores analizan proyecto de agroquímicos

 


Diputados analizaron en comisión el proyecto de ley de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 09/03/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Diputados abre el micrófono para debatir Ley de Agroquímicos
La Cámara de Diputados convocará a productores, ambientalistas, universidades y otros sectores para opinar sobre la ley que debe regular las fumigaciones.
 Diputados convocarán a representantes de distintos sectores a opinar sobre el proyecto de Buenas Prácticas en el Uso de Agroquímicos, que comenzó a tratarse este miércoles en la primera reunión del año de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja provincial.
La propuesta, que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gustavo Bordet, tiene como objetivo la "protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria", mediante la utilización de "buenas prácticas" en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios.
La iniciativa declara que se busca asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.
El diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión, destacó que el expediente tiene estado parlamentario desde 2022 y que se buscará avanzar con la participación de representantes de distintos sectores.
“Fue una reunión informativa, en la propusimos una agenda de trabajo en el marco de la comisión, para convocar a los diferentes sectores a los que le interesa que se apruebe la ley: productores, ambientalistas, gente de la salud, universidades, profesionales, expertos y funcionarios de las diferentes áreas de gobierno”, señaló Rossi.
Por su parte, la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), coincidió: “La idea es consensuar una agenda de trabajo para poder tratar esta iniciativa, así como otros que están en la comisión”.
“Con diferencias que podemos llegar a tener en algunos puntos, sabemos que hay una necesidad de tener una ley. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, después de tantos intentos fallidos, podamos tenerla esta vez”, manifestó la legisladora.
Finalmente, mencionó que la iniciativa sigue los criterios que resolvió el Poder Judicial y que encomendó legislar a los integrantes de las cámaras parlamentarias.
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Se busca criminalizar la lucha ambiental

 


Diputado de La Libertad Avanza pidió declarar a Greenpeace "organización terrorista"

Fecha de Publicación
: 06/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista Greenpeace rechazó "la explotación de los recursos naturales" y fue apuntada por el legislador bonaerense Agustín Rommo
Dentro de las distintas repercusiones que provocó el discurso de Javier Milei en el Congreso, el principal anuncio político fue el Pacto de Mayo que convoca a gobernadores y ex presidentes a acordar diez puntos económicos. En ese marco, la organización ecologista Greenpeace se opuso al sexto postulado, que propone "avanzar en la explotación de los recursos naturales del país", derivando en una petición de un diputado de La Libertad Avanza.
"Hay que declarar a Greenpeace organización terrorista", afirmó Agustín Rommo, uno de los principales asesores de comunicación del Presidente y diputado bonaerense. El legislador provincial planteó su postura luego de una publicación de Greenpeace, que ya había expresado su resistencia a las modificaciones de la ley ómnibus y del DNU pertinentes a la intervención en el medio ambiente.
En ese marco, este sábado Greenpeace sostuvo que las modificaciones sobre recursos naturales "no benefician en nada ni al país ni a la crisis ecológica que vive el planeta" y que "volver a insistir con dichas regresiones es contrario a las necesidades de Argentina y a la salud del medio ambiente. Se trata de leyes que han tenido un impacto positivo, y que más que derogarse, deberían perfeccionarse".
Para concluir, la organización consideró que "no podemos permitir que se sacrifiquen los recursos naturales que abastecen a ecosistemas, poblaciones y diversas actividades productivas solo para beneficio de unos pocos. Desde Greenpeace Argentina seguimos exigiendo que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales como las de bosques y glaciares. Hoy no existen certezas ni garantías respecto a que las modificaciones propuestas anteriormente no vuelvan a ser presentadas".
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Exploración offshore: la CSJ evalúa su impacto

 


La Corte Suprema evalúa el impacto ambiental de la exploración offshore en Argentina

Fecha de Publicación
: 05/03/2024
Fuente: Filo News
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lidera una batalla legal para proteger el ecosistema marino argentino de los efectos devastadores de la exploración y explotación de hidrocarburos en alta mar. ¿Cuáles son los riesgos y qué implicaciones tiene esta lucha para la biodiversidad y el cambio climático?
Los océanos constituyen uno de los pilares fundamentales de la vida en nuestro planeta. Sin embargo, en las últimas décadas, la salud de estos ecosistemas se vio amenazada por una serie de factores, desde la contaminación hasta la sobrepesca y el cambio climático. En este contexto, la protección del medio ambiente marino se convirtió en un tema candente tanto a nivel nacional como internacional.
En Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) asume un papel líder en la defensa de los océanos del país. El 19 de febrero de 2024, la organización presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en un caso en el que se debaten los impactos ambientales directos e indirectos de la exploración y explotación hidrocarburífera offshore. El foco de atención se centra en el potencial impacto de esta actividad en la rica biodiversidad marina, especialmente en especies vulnerables como la ballena franca austral.
La medida cautelar busca evitar daños irreversibles al ecosistema marino argentino, protegiendo la biodiversidad y exigiendo estudios ambientales exhaustivos. Cristián Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN, señala: "Nuestro objetivo es evitar un daño permanente al ecosistema marino, asegurando que los estudios ambientales consideren el impacto climático acumulado de esta actividad". La  acción se basa en la insuficiencia de líneas de base ambiental en los estudios de impacto ambiental de las empresas petroleras y la contradicción con los compromisos internacionales de Argentina en materia de cambio climático.
Laura Lapalma, especialista en Derecho Ambiental y Tutela Jurídica del Patrimonio Cultural en FARN, destaca los riesgos para las especies marinas, como la ballena franca austral: “La actividad offshore tiene dos grandes riesgos: por un lado, el riesgo de derrame de petróleo y otras sustancias tóxicas; y por el otro, todo el ciclo de exploración y explotación introducen ruidos en el mar (a niveles y frecuencias muy grandes) que tienen efectos negativos en la fauna marina”. “De hecho la prospección sistemática es la actividad de más alta energía acústica en el ambiente marino. Además en el mar, las ondas sonoras se propagan más rápido y a más distancia que en el aire”, agrega.
La especialista advierte que los impactos incluyen “lesiones graves”, deterioro de audición, cambios en el comportamiento y estrés, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad marina y el equilibrio ambiental. “Una amplia variedad de organismos marinos utilizan el sonido para diversas funciones biológicas esenciales, como la alimentación, la reproduccion, la socialización, el cuidado y reconocimiento de sus crías, la detección de presas, la orientación, la navegación y la comunicación entre individuos. Para los cetáceos (ballenas, delfines, etc), dependen de la producción y percepción de sonidos para la mayoría de sus funciones vitales”, explica Lapalma.
“Uno de los principales desafíos es conocer información detallada y precisa acerca de dónde se encuentran especies en peligro de extinción como la ballena franca austral y qué comportamiento tienen en el ecosistema marino”, asegura Fernández con preocupación, y añade: “Afortunadamente, gracias a la tarea del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y organizaciones como el Instituto de Conservación de Ballenas que hacen un seguimiento de las rutas migratorias de estos mamíferos marinos es posible obtener esa información”. “Ello nos permite conocer cómo la exploración sísmica y la explotación hidrocarburífera en el mar argentino puede impactar de manera directa e indirecta en las ballenas, en sus rutas migratorias, en sus lugares de alimentación y de reproducción”, dice.

Consecuencias ambientales de la destrucción del ecosistema marino
La destrucción del ecosistema marino tendría un impacto devastador en la biodiversidad y el equilibrio ambiental en la región. El riesgo de derrames de petróleo y la producción de sonidos sísmicos pueden desencadenar un deterioro significativo en el hábitat natural de especies emblemáticas del país. “El Mar Argentino alberga zonas de características ecológicas y oceanográficas de particular importancia para la conservación. Éstas son clave para la estructura funcional, ecológica y climática del mar, áreas de alta productividad, y/o esenciales para la migración, reproducción y alimentación de diversas especies”, enfatiza Lapalma.
En este contexto, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se presenta como una herramienta crucial para la toma de decisiones sobre la actividad offshore. Fernández explica que “(la EAE) permite dialogar con políticas a largo plazo que vean más allá del horizonte de proyectos particulares”. “También incentiva el análisis de alternativas energéticas, propone analizar impactos acumulativos y viene a dialogar con compromisos internacionales como el Acuerdo de París en materia de clima o el Convenio de protección de la diversidad biológica. Asimismo, nos permite trazar una hoja de ruta para una transición energética justa”, subraya.
Una decisión adversa de la Corte Suprema tendría repercusiones significativas para la protección del medio ambiente marino y los esfuerzos para abordar el cambio climático en Argentina. Fernández advierte que habilitaría la actividad offshore sin el marco legal adecuado, lo que podría conducir a “daños irreparables en los ecosistemas marinos”. Sin embargo, confía “en que la Corte Suprema dictará una sentencia en armonía con la justicia climática y la conservación de la fauna marina”.
En medio de este debate, la sociedad civil y las organizaciones ambientales juegan un papel crucial. Lapalma destaca su rol "en la producción y divulgación de información, la defensa activa del medio ambiente y la participación pública en el proceso judicial". Asegura que la sociedad civil y las ONGs son fundamentales para la conservación y defensa de la fauna marina y la preservación del medio ambiente. Existe una necesidad urgente de repensar las políticas energéticas y adoptar medidas que protejan nuestros océanos para las generaciones futuras.
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Como sigue la causa Comarsa por contaminación

 


Comarsa: Los basureros del fracking en la picota

Fecha de Publicación
: 29/02/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Neuquén


La justicia neuquina dispuso un millonario embargo contra directivos de una empresa que manejaba la disposición de residuos de la actividad petrolera. Avanza la investigación del negocio de los basurales de Vaca Muerta denunciado por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas.
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para disponer allí un “basurero del fracking”. En el lugar acumularon millones de metros cúbicos de material de descarte a cielo abierto y sin ningún tratamiento, proveniente de las perforaciones de Vaca Muerta.
En diciembre de 2020, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina (AAdeAA) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa.
Luego de la instrucción de la causa, el pasado 15 de febrero en audiencia pública, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó a dos empresarios y un ejecutivo de la compañía por la contaminación provocada por el basurero petrolero. Los imputados por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta son Juan Manuel Luis, fundador y director de la empresa; Héctor Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y Federico Ponce, gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.
A solicitud del ministerio público, el juez de Garantías Mauricio Zabala ordenó el embargo por 7 millones de dólares de las cuentas del dueño y del ex director suplente de la empresa, residentes en provincia de Buenos Aires y la CABA, quienes asistieron a la audiencia en forma virtual. También se les dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización y se declaró la inhibición general de bienes de la empresa.

Pasivo ambiental
“En las perforaciones (del fracking), a la vez se lleva a cabo un proceso de inyección de millones de litros de agua y de una gran sopa química de entre 500 y 900 componentes y de remoción de muchos metros cúbicos de tierra y rocas. Después, cuando se lleva a cabo el proceso de extracción de los hidrocarburos no convencionales es importante mencionar el fluido de retorno, todo lo que regresa: el agua, las arenas, la sopa química, que se lleva a sitios de deposición y de tratamiento (entre comillas) que es lo que precisamente nosotros estamos denunciando sobre la empresa COMARSA”, explicaba el abogado de la AAdeAA Rafael Colombo en una entrevista con Canal Abierto.
Justamente, la imputación por administración fraudulenta es por la simulación de ganancias por la realización de tratamientos que nunca se efectuaron. El fiscal estableció en la audiencia que Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, que fue acumulando dentro del predio, a la vez que emitía certificados y cobraba por tratamientos no realizados.
“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, sólo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó Breide Obeid.
La fiscalía sostiene que los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.
Según la evaluación de la fiscalía especializada remediar el pasivo ambiental que causó la empresa rondaría la cifra que se solicitó embargar a los acusados.

Afectados
La fiscalía solicitó la declaración de caso complejo y pidió un año más de plazo para realizar las investigaciones dado el elevado número de víctimas, la complejidad de las pericias que restan realizar y que “la fiscalía considera que se trata también de un caso de delincuencia organizada”.
La planta de Neuquén se encuentra a apenas 500 metros de barrios densamente poblados de la periferia de la capital neuquina, “es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados”, señaló el fiscal en su exposición.
“Nadie asegura que los efectos de los daños ambientales no duren muchísimos años más, no afecten nuestra salud y los derechos de las generaciones presentes y futuras”, se sostiene en el fallo judicial.
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Catamarca: denunciaron un derrame y ahora son investigados

 


Denunciaron posible derrame de una minera y la Justicia quiere investigarlos

Fecha de Publicación
: 26/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Desde la Asamblea El Algarrobo creen que es parte de un amedrentamiento.
La Asamblea El Algarrobo, un grupo socioambiental de Catamarca, realizó meses atrás una denuncia por posibles derrames de combustible en el río Minas, de Andalgalá, por parte de la empresa minera MARA, pero hasta el momento la Justicia no ha brindado información a la comunidad acerca del tema, ni ha dado a conocer los resultados de la investigación.
A cambio, desde la fiscalía de Andalgalá pidieron información acerca de quiénes pudieran haber dado a conocer detalles del posible derrame. Para las vecinas y vecinos preocupados por los hechos, se trata de un amedrentamiento.
Los primeros indicios del posible derrame surgieron entre diciembre y enero pasados. Muchas personas de la comunidad dieron cuenta de posibles accidentes que habrían provocado derrames de combustible. “En un primer momento creímos que el derrame había sido en la central de acopio que tiene la empresa en el cerro, pero estamos en duda. Por eso hicimos la denuncia en la comisaría cuarta, y fue tomada por la Fiscalía de Andalaglá”, explica Enzo, integrante de la Asamblea.
“Hace unos días nos llamaron para hacer una ampliación de la denuncia, pero nos llamó la atención que el mayor requerimiento era saber quiénes nos habían pasado los datos del derrame”, señaló. “Parece que se abrió una investigación, pero las causas que se vienen denunciando quedaron todas en la nada”, lamentó.
A casi tres meses de la denuncia la comunidad de Andalgalá sigue sin respuestas acerca de si hubo o no derrame, y qué medidas se tomaron al respecto. “Nos están queriendo investigar como en una cacería de brujas; nos piden nombres, apellidos y números de teléfonos de las personas que nos habrían aportado los datos, pero no dan respuestas acerca de la investigación”, lamentan. “Un derrame de combustible como el que creemos que hubo en el cerro afecta a toda la población de Andalgalá, tenemos relatos de que habría ingresado incluso a la planta potabilizadora, es algo grave porque todos tomamos de esa agua”, afirman.
“Hasta el momento no recibimos ninguna información de la Fiscalía acerca de las actuaciones y alguna conclusión que aporte información sobre el tema”, lamentan.
“Nosotros brindamos información que sale del informe de impacto ambiental de la DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera), que es el ente regulador, en donde se da cuenta de que la empresa coloca fardos de alfa en el río Minas cada ciertos metros y los renueva periódicamente, nosotros aportamos esa información para ser investigada, pero tampoco tuvimos respuesta de eso”, aseguran.
MARA, (fusión de las mineras Agua Rica y Alumbrera), es un proyecto de exploración minera de cobre, molibdeno, oro y plata que se encuentra en los nevados del Aconquija. “Incluso en la etapa de exploración ya están dejando su huella negativa en el agua que consumimos los andalgalenses. Los caminos en cornisa van en deterioro, los campamentos que se han instalado con 200 personas también están dejando su impacto en una zona en la que se condensa prácticamente toda el agua de la región, ya que tenemos clima árido”, explicaron desde la asamblea.
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Catamarca buscará controlar emisiones

 


Buscan controlar las emisiones gaseosas industriales y mineras

Fecha de Publicación
: 23/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno Provincial elevará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a que empresas entreguen un informe obligatorio -en carácter de declaración jurada- sobre las emisiones gaseosas que promueven a la atmósfera local los diferentes establecimientos que conforman cada compañía. En este sentido aseguraron que el proyecto está dirigido especialmente las empresas que se encuentran en etapa de exploración avanzada y etapa de aprovechamiento general.
En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera, por lo que se considera sumamente necesario medir e informar sobre los niveles de estas emisiones dentro del marco del compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la provincia.
La información proporcionada es considerada necesaria a los efectos de implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.
El gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunieron con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, quienes explicaron el tenor de la iniciativa que establece que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, debido a las consecuencias que representan tanto para la salud humana como también para el medio ambiente.
Gustavo Báez, secretario de Energía y Medio Ambiente, explicó que “el proyecto de ley tiene por objetivo el informe obligatorio por parte de empresas industriales y mineras, en condición de declaración jurada, sobre emisiones gaseosas y que apunta a definir cuál es nivel de carbono que tienen las actividades productivas en nuestra provincia y como generar una compatibilidad con el interés general y reducir los efectos negativos del cambio climático”.
Se espera que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para marzo.
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Dueños de Comarsa imputados por contaminar

 


Acusan al dueño de Comarsa Neuquén de contaminar y falsear balances

Fecha de Publicación
: 19/02/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Le formularon cargos al titular de la empresa, al director suplente y a un gerente general. Recibieron cifras millonarias de YPF y otras empresas para remediar residuos a los que nunca le dieron tratamiento.
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para tratar residuos peligrosos. Pero según la acusación de la fiscalía y la querella contra sus responsables, recibió materiales por encima de su capacidad de procesamiento y los dejó sin curar. Además «simuló ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población».
Hoy en día, en el predio hay 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratar, que equivalen a 10.000 camiones. La planta está ubicada a 500 metros de barrios con mucha población, y en el último temporal la lluvia provocó el derrame de lodos empetrolados más allá de su perímetro.
Los datos fueron aportados por el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, quien junto con la asistente letrada Julieta González formuló la acusación contra el dueño de Comarsa, el ex director suplente y el ex gerente general.
Se los identifica respectivamente con las iniciales JML, HEB y FAP, porque el juez que dirigió la audiencia, Mauricio Zabala, resolvió a pedido de la defensa que no se publiquen sus nombres ni sus fotos.

Los delitos que les imputan
La fiscalía les imputó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En la acusación estuvo acompañado por la APDH Neuquén, representada por Bruno Vadalá y Pedro Peralta, y la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas, con los letrados Darío Kosovsky, Emanuel Roa Moreno y Enrique Viale.
Los dos principales acusados, que viven en Provincia de Buenos Aires y CABA, siguieron la audiencia por Zoom. El fiscal Breide Obeid no ocultó su molestia ya que había solicitado expresamente que asistan de manera presencial. «Yo no sé si están en sus casas o en el exterior», dijo.
Los defensores del dueño de la empresa y del ex director suplente son Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz. El ex gerente general, quien reside en la región, fue asistido por la defensora pública Eliana Lazzarini.

El pasivo ambiental en números
Breide detalló en su acusación que el perjuicio económico por el delito ambiental es de 5 millones de dólares. Le sumó 2.375.000 dólares que el dueño de la empresa recibió como ganancia.
Se trata de un empresario con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, ya que pagó el impuesto a las grandes fortunas.
Además de Comarsa, es dueño de una empresa que le alquila maquinaria vial y de otras dos firmas dedicadas al rubro gastronómico y la provisión de viandas.
El fiscal jefe pidió la inhibición general de bienes de la empresa, que tiene una planta en el Parque Industrial y otra en Añelo. Sus contratos más grandes son con YPF.

Barrios afectados
Sobre el daño ambiental, indicó que «es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados». A menos de 500 metros de la planta hay barrios densamente poblados como 7 de Mayo, el Nido, Loteo Social y Cuenca XV.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF le reportaron a Comarsa ingresos por más de 700 millones de pesos; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

El predio en Añelo
Breide Obeid señaló que en 2015 se publicó el Decreto 2263/15 que manda a que las empresas que tratan residuos peligrosos se ubiquen fuera del ejido municipal y al menos a ocho kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales.
«Ante la nueva normativa y por la presión social de los vecinos; la empresa presentó a la Provincia un plan de cierre y traslado de sus actividades; por el cual fue beneficiada con la asignación de un terreno en Añelo», continuó.
En este plan Comarsa «declaró tener acopiados 135.000 metros cúbicos de residuos peligrosos; dato falso, ya que la empresa contaba con aproximadamente 244.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento».
Investigarán el lote en Añelo, donde hay indicios de que también acopian material sin tratar.

Embargo de las cuentas
La acusación también solicitó, y el juez le hizo lugar, el embargo de las cuentas del dueño y del ex director suplente. Pidió que cubran un monto de 7 millones de dólares. También se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización.
La fiscalía y las querellas solicitaron además que se dicte una medida cautelar para que no avance un desarrollo inmobiliario de la Municipalidad de Neuquén a pocos metros de la planta de Comarsa.
El juez Zabala no les hizo lugar porque es un asunto ajeno a la audiencia penal. «Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental», arriesgó.
«Hay sectores que se enriquecen y los residuos quedan en la población»
La APDH, al sostener la acusación, afirmó que «Comarsa es el reflejo de la improvisación, la desigualdad y la impunidad con la que se maneja la industria petrolera en Neuquén. Es el ejemplo perfecto: mientras hay sectores que se enriquecen, los residuos quedan en la población».
«Hay seis incidentes ambientales por día, más de 400 sismos en zonas donde no había sismos y millones de toneladas de residuos». Remarcó Bruno Vadalá que «una parte están a cinco minutos de acá si vamos en auto por la Circunvalación».

«¿Qué pasa con los funcionarios?»
Por su parte la Asociación de Abogados destacó que «los imputados ocupaban terrenos públicos sin previa autorización; se instalaban y la obtenían luego».
«Resta por saber dónde están los otros actores, ante esa tragedia ambiental que tenemos, qué pasa con los funcionarios públicos a cargo del control», se preguntó Darío Kosovksy.
Señaló que el dueño de Comarsa tiene empresas «que históricamente se dedicaron a proveer de alimentos a hospitales en Buenos Aires».
Comarsa, añadió, «está dejando un pasivo ambiental para nuestros hijos y nietos. El tratamiento no lo pueden hacer, el traslado de materiales sin tratar es imposible».
Dijo que «es una empresa que dibujaba balances para poder retirar fondos en concepto de honorarios. Simulaba ser tratadora, simulaba ganancias, y aquí nadie sabía nada».
La audiencia comenzó a las 11 y terminó a las 14.40. Este viernes habrá revisión, en particular de los embargos dispuestos por el juez.
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Hasta la ONU alerta de las políticas ambientales de Milei

 


Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación
: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Mendoza tendrá una fiscalía de delitos ambientales

 


Crearon una fiscalía de delitos contra el medio ambiente y los animales en el Gran Mendoza

Fecha de Publicación
: 08/02/2024
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


Ante la necesidad de dar una respuesta más rápida y eficiente del sistema de justicia frente a casos de maltrato y crueldad animal, se creó la Unidad Fiscal de delitos contra el medio ambiente, delitos contra los animales y delitos no especializados. El nuevo espacio brindará contención y atención a los animales que sufren maltrato o crueldad y establecerá canales de comunicación entre la justicia, la sociedad y los especialistas en la temática. «Lo primero que hay que decir es que esta resolución abarca la primera circunscripción judicial (Gran Mendoza y Ciudad de Mendoza). En el 2016 el procurador de la Suprema Corte, el Doctor Alejandro Gullé, realizó una modificación en el trabajo del Ministerio Público. Antes las unidades fiscales estaban divididas por territorios, pero ahora se dividen por tipos de delitos especializados. Por ejemplo, existe la Unidad Fiscal de homicidios, delitos de la Integridad sexual o robos y hurtos. Ahora bien, los delitos que no cuadraban en ninguna de las categorías iban a la Unidad de Delitos no especializados. Esa unidad es la que se modificó. A pedido del doctor Gullé la nueva unidad se ha especializado contra el medio ambiente, delitos contra los animales», explicó a FM Vos 94.5 Martín Ahumada, director de prensa del Ministerio Público Fiscal. «Los delitos que impliquen daño ambiental o maltrato animal serán investigados por esta unidad fiscal. La responsabilidad penal es tanto para las personas físicas como jurídicas. Si una empresa causa un daño al medio ambiente, la fiscalía tomará cartas en el asunto», amplió Ahumada. «Al principio se aplicará en la primera circunscripción. Se hará como una prueba piloto. Con el tiempo se verá cómo se instaura esto en las demás», circunscripciones», agregó. Más adelante, definió la cantidad de circunscripciones del Poder Judicial de Mendoza y el radio de cobertura de cada una. «La primera circunscripción abarca el Gran Mendoza y Ciudad de Mendoza. La segunda comprende todo el sur provincial, mientras que la tercera cubre el este de la provincia. La cuarta circunscripción es la que se corresponde con Valle de Uco», precisó. Para finalizar, contó cuáles son las ventajas de contar con unidades fiscales especializadas. «Especializar los delitos permite generar patrones de investigación que agilizan el sistema. Hubo condenas penales a los 13 días del hecho cometido», concluyó.
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Grave denuncia de caza de animales autóctonos en extinción

 


Denuncian que traen extranjeros a matar animales autóctonos en extinción

Fecha de Publicación
: 06/02/2024
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Nacional


Gabriel Bonomi, integrante de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, mostró su indignación por cotos de caza en los que se paga para matar especies autóctonas protegidas, como el zorro aguará guazú y el yaguareté.
La denuncia fue realizada este miércoles por la periodista Isabel de Estrada en su columna del Diario La Nación. En los cotos –ubicados en Buenos Aires y Santiago del Estero- se hallaron 180 cadáveres de animales protegidos taxidermizados y fotos de Yaguaretés, Aguará Guazú y Pumas muertos por cazadores.
En 2018, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Jorge Noya –conocido operador de caza- en Vicente López, dos predios suyos en Santiago del Estero (un coto y una casa de hospedaje para cazadores) y otro coto llamado El Pantanal en Dolores, Provincia de Buenos Aires.
Lo que la justicia halló allí fue terrorífico: 180 cadáveres de animales protegidos taxidermizados, fotografías de cazadores y el propio Noya posando junto a Yaguaretés, Aguará guazú, Ñandúes y Carpinchos (todas especies protegidas) cazados por ellos, y hasta el cadáver de un Puma dentro de un freezer. En las fotos, “se pueden contabilizar al menos 40 Yaguaretés diferentes” indica la nota. Según el informe, “los cazadores extranjeros pagan fortunas por cada trofeo: cuanto más raro; mejor y más valioso”.
Finalmente, la investigación indica que “a pesar de los resultados del allanamiento, el coto El Pantanal siguió funcionando con autorización de las autoridades bonaerenses”. Asimismo, el sitio de internet Caza & Safaris Argentina, fundado por Noya sigue ofreciendo cazar especies protegidas y en peligro de extinción.
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Impugnarán el EIA de la extracción de areneras para fracking

 


Impugnarán el estudio de impacto ambiental de las areneras de Ibicuy

Fecha de Publicación
: 06/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero.
En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó al portal Era Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.

Participación ciudadana
En el Salón Punto Digital de Ibicuy, ubicado en calle Belgrano 919 de Ibicuy se llevará adelante el 20 de febrero venidero, a las 10, un encuentro de Participación Ciudadana. Se trata de una reunión abierta a la comunidad para interiorizarse y hacer preguntas sobre un análisis de impacto ambiental acumulativo de la actividad minera que se realiza en el Departamento Islas del Ibicuy para extraer arenas silíceas.
La instancia se abrió a partir de un recurso de amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.
En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, que fue elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue puesto a consideración pública en un sitio dispuesto por la Justicia. Para saber de qué se trata este estudio, la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable, convocó así para este encuentro informativo.
En esta audiencia pública, el abogado Ricardo Luciano, expondrá lo que entiende son “yerros gravísimos” del Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) que fue publicado, adelantó en diálogo con el portal Era Verde. El profesional es actor en otras demandas judiciales respecto al accionar de las empresas de explotación de arena silíceas, y tienen una mirada crítica respecto a los mecanismos para otorgar permisos y controles a estas firmas. Apunta que se trata de “un negocio millonario en dólares que se estima para este año en sólo la arena de sílice extraída en Entre Ríos para Vaca Muerta de 700 millones de dólares. ¿Qué les queda a los entrerrianos? Nada, sólo depredación”, describe para dar cuenta del delicado escenario del que se habla.

Fruto venenoso
De lo analizado, Luciano señala que “contiene yerros inexcusables, burdos, que más que un EdIA es un ‘copia y pegue’ de los estudios ya presentados por las areneras que actúan en la zona, y se sabe que son realizados a medida e interés de las areneras”, criticó. Esto, afirma el letrado, lo ha dicho “en cada audiencia pública que he asistido, lo he manifestado. Pero ni siquiera el ‘copia y pegue’ les impidió caer en el yerro inexcusable que denunciare en su oportunidad”, anticipó. Por este actuar, entiende el abogado, el documento “tiene una pifia, vicio, error de origen que, como dicen los penalistas, todo lo que sigue después es nulo, ‘Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso´”.
El detalle de las observancias tomará forma de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó Luciano al portal Era Verde, que será presentada “a las autoridades correspondientes: Municipalidad de Ibicuy y Secretaría de Ambiente provincial, y que ambas tendrán que responder, a cada punto”. Hasta tanto no se evacúen las solicitudes de información, la aprobación estará en suspenso, planteó.
Lo que más ha llamado la atención de Luciano, y uno de los ejes de esa impugnación es respecto a lo que se denomina Plan de Cese, “o dicho de otra forma ‘cómo solucionamos los pasivos / daños ambientales generados por la actividad minera’” que, según se menciona en la página 243 se “dan como alternativa a la ‘Acuicultura en canteras’”. En este orden, en el punto 3.13 propone que “el cese y abandono está previsto para el año 2032, con una prórroga por condiciones complementarias hasta 2037. El destino proyectado con el cual se reemplazará a la actividad minera en el establecimiento será producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura como propuesta productiva”. Al respecto, el profesional explicó que “se debe entender como ‘humedal antrópico’ a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador, es decir dejan como pasivo/daño ambiental una modificación ‘contra natura’ de lo que la naturaleza sabiamente generó durante miles de años”. Y que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.
Respecto a la cría de “peces en cautiverio”, a Luciano le surgen algunas incógnitas, como “quién instruirá a los lugareños de la zona en la nueva actividad; de donde surgirán los capitales y el agua para la ‘nueva y revolucionaria’ actividad económica; como harán para cambiar la idiosincrasia de los habitantes de la zona que tienen muy arraigada su forma de vida que se sustenta en la cría de ganado bobino, ovino, y equino’.
Finalmente, calificó a quienes realizaron el estudio como “desinformados y faltos de preparación”, que “intentan de cualquier forma hacer parecer viable algo que es inviable”.
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La derogación de la ley de Tierras suspendida por la justicia

 


La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación
: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
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Por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

 


Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación
: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

 


Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación
: 30/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los activistas alertan sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
"Hay que eliminar el capítulo ambiental”. "Es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida”. "Entrega recursos soberanos”. Con estas definiciones se plantan las organizaciones ambientalistas en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y su adlátere -–o viceversa--, el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas --como pretendía el texto original--, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megamineria.
El dictamen extiende además el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y norma otra sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono ("otro sinsentido" apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino” sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares” detalla el abogado ante Página/12 al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros -–oro y plata, por caso--, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, sino queda en el articulado de la ley, "al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo” anticipa.

No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico, trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen” reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados” agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos --los glaciares-- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado -–señala Bilbao--. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajo considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.

Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares” afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial -–su nombre oficial--, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales” comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana” detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “Las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida” anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.

Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que contaba con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tacita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe” acierta Viale.
La norma sin embargo ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que "estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.  
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