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Gobierno promueve la trazabilidad de la soja y la carne

 


“Histórico”: Se firmó un acuerdo para evitar barreras paraarancelarias con la Unión Europea

Fecha de Publicación
: 22/09/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Este miércoles se firmó un "acuerdo histórico" entre el Gobierno, la industria y el sector agropecuario para desarrollar una plataforma de trazabilidad de soja y carne bovina libres de deforestación.
Los objetivos del acuerdo incluyen capacitación para productores agrícolas y ganaderos para que puedan acceder a la plataforma; acceso gratuito para todos los productores argentinos; transparencia en la plataforma; la aceptación de la plataforma en mercados internacionales; y utilizar la identificación de libre de deforestación en toda campaña de posicionamiento de productos argentinos en el mundo.
En la rúbrica del acuerdo estuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el presedente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el presidente del Consorcio Exportador de Carnes ABC, Mario Ravettino y el representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio.
La soja y la carne, los dos productos más importantes de la agroindustria argentina, una por volumen y otra por precio por tonelada, enfrentan una exigencia con plazo al 2025 desde la Unión Europea, el bloque comercial que más importa la harina de la oleaginosa y que pago los mejores precios por los cortes bovinos.
"Trabajaremos juntos para cumplir con estándares internacionales y promover la transparencia del sector", dijeron desde Ciara-Cec.
La semana pasada, durante el Congreso Internacional de Maíz, realizado en Paraná, Entre Ríos, Idígoras advirtió que mercados están entrando en una agenda de sustentabilidad, y empiezan a pedir información sobre el balance de carbono, emisiones netas, el consumo de agua por hectárea.
Y sobre todo, si los cultivos (por ahora soja y carne) se producen en una zona libre de deforestación. Pero destacó que también el maíz tendrá que certificarse próximamente.
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Ejes para proteger al Chaco argentino de la deforestación

 


Tres estrategias para proteger al Chaco argentino de la deforestación

Fecha de Publicación
: 22/06/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. En el segundo semestre de 2021, se perdieron 10 331 hectáreas de áreas forestales, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia del Chaco.
La iniciativa de MapBiomas —de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y publicada a finales de 2022— alertó sobre la pérdida de 9.5 millones de hectáreas entre 2000 y 2021 en la región del Gran Chaco que además del argentino incluye también Paraguay, Brasil y Bolivia, como resultado del uso del cambio de uso del suelo, principalmente de bosque a pastizales y agricultura.
Pero no todas son acciones en contra, ciudadanos y entidades estatales han creado estrategias para detener el efecto de las malas prácticas en este territorio que formó parte de lo que alguna vez fue el Gran Bosque Chaqueño y que atraviesa cuatro países:
Estas son tres iniciativas que buscan recuperar esta ecorregión que tiene bajo su tierra una gran reserva de carbono:

1 - Un territorio para el yaguareté
Hace dos décadas, los propietarios de la Reserva Tantanacuy —un área privada y protegida de conservación— comenzaron a realizar actividades ecoturísticas para protegerse de la tala que acabó con las áreas aledañas. Esta acción convirtió en un santuario a la reserva y logró salvar 2500 hectáreas de bosque nativo que se convirtieron en un espacio seguro para la fauna y la flora chaqueña.
En la zona donde se ubica la reserva, es posible el aprovechamiento forestal, pero no se permiten cambios de uso del suelo. No obstante, los vecinos de la reserva han logrado evadir la ley con argumentos técnicos para la aprobación de los cambios de uso de suelo, lo que continúa afectando el territorio. Es así como Tantanacuy se ha convertido en una fortaleza en medio de la deforestación.
Los safaris especializados y la observación de aves son un respiro para el Chaco argentino. Además, la reserva tiene un convenio con el Proyecto Yaguareté que logró documentar en los terrenos la presencia del jaguar o yaguareté (panthera onca), un hallazgo positivo, puesto que Argentina es el país sudamericano con menos ejemplares registrados.
Las iniciativas de conservación en tierras privadas son una oportunidad para disminuir costos en la operación de las áreas protegidas públicas. Sin embargo, es esencial la presencia del Estado para el control de las actividades turísticas, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además, también es necesario que las iniciativas particulares se acompañen con un diseño de paisaje que esté reflejado en el ordenamiento ambiental de los bosques nativos”, resalta el experto.

2 - Una ganadería que cuide los bosques
Una de las apuestas del Refugio Privado El Cachapé es el engorde del ganado con pastizales naturales. Esto quiere decir que no se introducen especies de pastizales exóticas ni tampoco se remueven algunos pastos en beneficio de otros. Esto facilita que el mismo ambiente haga una selección natural y que los mismos animales sean quienes dispersen las semillas.
También seleccionan zonas de pastoreo de acuerdo con la época del año y controlan el número de animales que están en cada área. Esta manera de hacer ganadería, además de traer ventajas en la producción, protege el suelo. Sin embargo, Eduardo Boló Bolaño, dueño del refugio, asegura que todavía falta apoyo estatal para continuar con este modelo en otras áreas.
La transmisión de este conocimiento a sus trabajadores es otra de las actividades en la que está enfocado Boló. Si se conoce la importancia de conservar el lugar y de no cazar los animales, dice, será más fácil continuar protegiendo las 1800 hectáreas de bosque que tiene el refugio y en la que viven especies arbóreas con edades de entre los 300 y 400 años.

3 - La tecnología al servicio de la naturaleza
La falta de recursos estatales para monitorear el Chaco argentino es uno de los principales problemas para su conservación. En 2022, el gobierno provincial del Chaco expuso en Washington, Estados Unidos, el Eco-Token del Chaco. Se trata de una herramienta digital basada en criptomonedas para obtener recursos que ayuden a conservar este ecosistema. Lo que se busca es que los pagos provengan del mercado de capitales internacionales en compensación por los servicios ecosistémicos que entrega esta importante área boscosa.
Con los recursos, el gobierno provincial pretende tener un mayor control en el territorio con mejores sistemas de vigilancia que fortalezcan a los guías forestales y el control efectivo de la policía. La idea es empezar con cien mil hectáreas, de las cuales la mitad son áreas forestales y comprenden reservas estratégicas.
La propuesta deja algunas dudas como quiénes están interesados en este mercado, en especial porque estas tecnologías se caracterizan por su desconfianza hacia las entidades gubernamentales. También existe la pregunta de cuál sería el plan B si no funciona esta estrategia. El Chaco argentino tiene amenazas latentes que requieren de soluciones urgentes, aseguran los expertos.
“No debe perderse de vista la importancia de que estos servicios ecosistémicos sigan estando disponibles para las comunidades locales y los pueblos originarios. Se debe asegurar que cualquier mercadeo de los mismos no afecte negativamente a esos actores en territorio”, destacan desde la Fundación Vida Silvestre.
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Es falso que la ganadería argentina no contamine

 


Es falso que un estudio de la NASA haya demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina y derribado el mito sobre las vacas argentinas

Fecha de Publicación
: 18/03/2023
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


En medios y en redes sociales se viralizaron esta semana diferentes publicaciones (ver acá, acá, acá, acá y acá) que refieren a las supuestas conclusiones de un estudio de la NASA sobre el sistema ganadero de la Argentina y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Titulares y posteos afirman: “La NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas”, “La NASA demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”, entre otros.
Sin embargo, esto es falso. El estudio al que hacen referencia las publicaciones -que fue realizado por más de 60 científicos de todo el mundo usando datos satelitales del Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, entre otros- no fundamenta ni concluye aquello que afirman las publicaciones. Así lo confirmó a Chequeado el propio autor de la investigación, Brendan Byrne.
“No es posible concluir a partir de nuestro estudio si la industria ganadera de un país concreto es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que sólo estimamos las emisiones y absorciones netas de CO2 en todos los ecosistemas de un país”, explicó a este medio Byrne, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California.
Y agregó: “En otras palabras, nuestro estudio no incluye otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado y otros rumiantes. Estos otros gases deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la industria ganadera es una fuente neta de gases de efecto invernadero”.

Qué dicen las publicaciones y de dónde surgió la desinformación
En Twitter, un posteo de la Representación Permanente de la República Argentina ante las Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO/FIDA/PMA) afirmó: “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”.
También la Embajada argentina ante la Unión Europea sostuvo en un tuit: “¿El secreto de la carne Argentina? Alto en proteínas, bajo en emisiones. La producción ganadera como se hace en la Argentina es parte de la solución al cambio climático”. En ambos casos, los posteos citan el link al estudio de la NASA.
Por su parte, el diario La Nación tituló: “Una medición de la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas” y Clarín publicó: “La NASA derribó un mito sobre las vacas (…) El estudio demuestra que la ganadería argentina no contamina el medio ambiente”.
Consultados por este medio, tanto Clarín como La Nación y la Embajada argentina ante la Unión Europea refirieron como fuente de la información un trabajo publicado por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un organismo público-privado.
“NASA: la Argentina tiene balance positivo de carbono. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, es el título del artículo firmado por la economista Eugenia Brusca y el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, ambos del IPCVA.
Chequeado se comunicó con el área de Prensa del IPCVA, desde donde enviaron un documento con aclaraciones respecto de la nota sobre el trabajo de la NASA. “El sistema de alimentación de nuestras vacas se apoya en sistemas pastoriles y es allí donde se puede hacer el link con los resultados de la NASA que menciona a las tierras de pastoreo como un factor que contribuye a mejorar positivamente los balances de carbono”, explicó Bifaretti.
Desde Clarín, Pablo Vaca, jefe de la Mesa Central del medio, respondió ante la consulta de este medio: “Publicamos la nota confiando en una fuente habitual nuestra. Una vez que nos alertaron de que la información era errónea, decidimos despublicar la nota y pedimos disculpas por el inconveniente”. La Nación, por su parte, corrigió su nota: modificó el título y el texto del artículo.

Qué dice (y que no dice) el estudio en cuestión
El estudio “Presupuestos nacionales de C02 (2015-2020) inferidos a partir de las observaciones de CO2 atmosférico en apoyo de los balances (stocktake) globales” fue publicado el 7 de marzo último por la revista científica Earth System Science Data.
Se trata de un estudio internacional, realizado por más de 60 investigadores, que utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, así como una red de observaciones desde la superficie, para cuantificar los aumentos y descensos de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono entre 2015 y 2020.
La metodología que se utiliza habitualmente para la medición del carbono se basa en el recuento y la estimación de la cantidad de dióxido de carbono que se emite en todos los sectores de una economía, como el transporte y la agricultura. El estudio plantea como una prueba piloto un enfoque basado en mediciones de arriba hacia abajo (o top-down).
“Este análisis viene a complementar los procesos de inventarios nacionales, no reemplaza la actual metodología de abajo hacia arriba (bottom-up). Con una combinación de métodos y datos, los autores infieren el flujo de CO2 entre la Tierra y la atmósfera para una región determinada. Estas mediciones de CO2 atmosférico sirven más para estimar flujos de carbono a grandes escalas, por eso las limitaciones que mencionan los propios autores para países de menor superficie”, explicó a Chequeado Virginia Vilariño, una de las autoras del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).
El comunicado de prensa del estudio incluye un mapa que muestra las emisiones y absorciones netas medias (promedio) de dióxido de carbono de 2015 a 2020. Los países en los que se eliminó más dióxido de carbono del que se emitió aparecen como depresiones verdes, mientras que los países con mayores emisiones son de color naranja o rojo.
En el caso de la Argentina, se encuentra en color verde. Esto significa que el consumo de combustibles fósiles y la actividad industrial emitieron en ese tiempo menos CO2 de lo que los sistemas naturales remueven de la atmósfera. “Pero no se puede atribuir ese cambio en el stock de carbono a un sector económico o actividad particular, ya que depende no sólo de tierras bajo manejo sino sobre todo de ecosistemas naturales (bosques, selvas, pastizales, ríos, lagos, etc), los cuales no pueden asociarse discrecionalmente a una actividad productiva en particular”, sostuvo Vilariño, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador (USAL).
Sin embargo, las desinformaciones circulantes concluyen erróneamente que “el balance positivo (color verde) es debido a la captura de carbono en las tierras de pastoreo”, cuando -como señaló Vilariño- el stock de carbono estimado en el estudio incluye tierras bajo manejo y tierras no manejadas (ecosistemas naturales).
“Aunque en algunos países de América del Sur se observa un aumento de las reservas de carbono terrestre, no es posible atribuirlo específicamente a los pastos utilizados para alimentar al ganado”, explicó a este medio Byrne, autor principal del estudio.
Y agregó: “En el documento afirmamos que existe una absorción neta en algunos países cuando se suman todos los ecosistemas, pero no estimamos las contribuciones de los distintos ecosistemas dentro de un mismo país ni atribuimos la absorción en un ecosistema concreto a factores específicos”.
Además, la investigación solo incluye emisiones de CO2, no toma en cuenta ni el metano (CH4) ni el óxido nitroso (N2O), que son los gases de efecto invernadero más relevantes de la actividad ganadera. Por lo tanto, es falso que la NASA haya derrumbado el mito sobre las vacas argentinas o demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina el ambiente como afirman las publicaciones virales.

Un poco de contexto
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2018 (último dato disponible) el sector ganadero contribuyó con un 18% de las emisiones de dióxido de carbono, principalmente a través del metano que se genera durante la digestión (fermentación entérica) de bovinos y el óxido nitroso de la excreta de pasturas de bovino de carne.
Desde el sector ganadero vienen abogando porque se revisen las metodologías utilizadas para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina y se contabilice a favor el carbono capturado en praderas y pastizales. Sin embargo, los ambientalistas denuncian que la estrategia de compensar las emisiones de ganado con la absorción por pastizales es un caso típico de lobby del sector para no asumir sus responsabilidades.
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Duro informe de la ONU sobre DDHH y recursos naturales

 


Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación
: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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El balance ambiental de Argentina en 2022

 


Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación
: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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Commodities argentinos afectados por normativa de la UE

 


Las ventas de soja y carne argentinas en riesgo por una medida de la UE

Fecha de Publicación
: 09/12/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Bloque europeo decidió restringir las importaciones de productos donde haya deforestación. Un acuerdo histórico que incluye alimentos como el cacao, el café o la soja.
Este martes, la Unión Europea selló un acuerdo histórico para prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación, como el café, cacao o la soja.
El acuerdo se produce en vísperas de la COP15 de la Biodiversidad en Canadá y la medida podría afectar las ventas de soja y carne argentinas al viejo continente, ya que, se estipula que todo producto producido o fabricado generando deforestación quedará prohibido para su importación.
En la lista de insumos se incluyen: el cacao, el café, el aceite de palma, el caucho, la madera y, entre las grandes exportaciones argentinas, la carne vacuna y la soja. Asimismo, afectará a productos derivados de esos insumos que Europa importa directamente, como chocolates, cuero, muebles, papel o carbón.
“El Parlamento ha añadido (a la lista) el caucho, el carbón vegetal y productos de papel impreso también. Se va a prohibir que esas materias sean adquiridas porque la Unión Europea va a rastrear su origen y demostrar si están vinculadas a la destrucción del medioambiente, a la degradación de los bosques o directamente a la deforestación ilegal. La impunidad se va a acabar”, dijo al respecto el eurodiputado César Luena, citado por rFi.
De acuerdo con un informe de Global Witness, los bancos radicados en la Unión Europea otorgaron, entre 2016 y 2020, unos 30 mil millones de euros en financiación a 20 gigantes de la industria agroalimentaria responsables de deforestación. Es por ello que a partir de ahora se va a aplicar un control basado en riesgos, agregó el eurodiputado.
“La Comisión va a clasificar a los países en riesgo bajo, estándar o alto. Eso lo va a hacer en los próximos 18 meses, a la entrada en vigor del reglamento. Al país que se considere en riesgo alto y que pueda estar involucrado en esta comercialización, se le va a aplicar un 9% de controles a todas las transacciones que realicen”, explicó Luana.
En ese contexto, el reglamento dice que cualquier producto generado en un terreno deforestado a partir de diciembre de 2022 tendrá prohibida su entrada a los 27 países que conforman la Zona Euro.
Según consigna NA, el control de origen estará a cargo de las empresas importadoras, que bajo la amenaza de multas tendrán que controlar de dónde viene el producto que importan. Por ejemplo, deberán controlar territorios con ayuda de agentes nacionales, de altos de trazabilidad que permitan localizar el origen de los productos y hasta de imágenes satelitales para describir si aumenta la deforestación.
Como todas las normas aprobadas por la Unión Europea, esta medida pasó por varias instancias. Sin embargo, en las negociaciones no se decantó, por el contrario, se endureció, lo que expone el nivel de compromiso del bloque para con el medio ambiente.
Si bien todavía no se conoce la lista de países que se encuentran oficialmente en riesgo alto, ya hay indicios según adelanta el eurodiputado Luena: “Quizás Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México… son países donde hay mucha deforestación. Se debe determinar si está ligada a la producción y comercialización de productos”, citado por rFi.
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El bosque primario ha sido devastado en 20 años

 


En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación
: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
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Argentina lleva el agronegocio a la cumbre climática

 


"En la COP27 vamos a demostrar que nuestros modelos de producción son sostenibles"

Fecha de Publicación
: 07/11/2022
Fuente: Agencia Telam
Provincia/Región: Nacional


El secretario de Agricultura habló ante entidades del sector privado durante un encuentro donde se consensuó el documento que el Gobierno llevará a la próxima cumbre sobre el cambio climático, que la ONU realizará del 6 al 18 de noviembre en Egipto.
El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) se demostrará que los modelos de producción de la Argentina “son sostenibles y de calidad".
Bahillo habló ante las entidades del sector privado durante un encuentro donde se consensuó el documento que el Gobierno llevará a la próxima cumbre sobre el cambio climático, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará del 6 al 18 de noviembre en Egipto.
"Tenemos que trabajar articuladamente entre el sector público y el privado, para ir hacia una validación de los procesos que no dé lugar a ninguna duda sobre la sostenibilidad de nuestra forma de producir", destacó Bahillo.
Aseguró que "vamos a dar ese debate pero sobre la base de producir más, en el marco de una mirada que compartimos con Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Australia".
 Desde el sector privado resaltaron el rol que lleva adelante Agricultura para alcanzar una declaración conjunta, no solo a nivel local sino también regional, con el fin de demostrar "que somos eficientes ambientalmente en cuanto a producción".
Bahillo estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Fernández Arocena; y los subsecretarios de Coordinación Política, Ariel Martínez; y de Alimentos, Luis Contigiani.
Por el sector privado estuvieron presentes el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcios Regionales de Experimentación Agraria (CREA), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) y la Fundación Barbechando.
 Por su parte, el coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional, Juan Cano, consideró que “es imperativo acordar las reglas para los mercados de carbono en Argentina”, ya que señaló que “aún hay muchas incertidumbres para que se desarrolle un mercado que sea atractivo y confiable para el desarrollo de este tipo de proyectos”.
A su criterio, “es necesario contar con marcos normativos y políticas públicas que establezcan con claridad cuestiones básicas como las alternativas de comercialización a mercados regulados y voluntarios y la titularidad de los créditos de carbono generados, como así también los beneficios o requerimientos impositivos de potencial aplicación”.
“Las empresas y personas que hoy integran la Mesa se han unido para llevar en conjunto propuestas e ideas a los poderes legislativos y ejecutivos nacionales y provinciales para la elaboración de un marco normativo y de instrumentos de política pública para la regulación y promoción de los mercados de carbono en Argentina”, subrayó Cano.
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Lobby empresarial logró frenar la Ley de Humedales

 


Ley de Humedales: tras la suspensión del tratamiento, ambientalistas protestan frente al Congreso

Fecha de Publicación
: 30/09/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Manifestantes denuncian "un lobby que presiona para que no salga" la regulación sobre los humedales en el territorio nacional. Todos los bloques parlamentarios consensuaron aplazar el tratamiento a partir de un pedido de los gobernadores del Norte Grande.
Integrantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales manifestaban en la mañana del jueves frente al Congreso para que se apruebe la Ley de Humedales y denunciaron la existencia de «un lobby que presiona para que no salga» esa iniciativa, luego de que suspendiera el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tenía previsto reunirse para emitir dictamen sobre el tema.
Con carteles con leyendas como «Basta de ecocidio al servicio del FMI», «Destruir humedales es ecocida-No sancionar la Ley también» y «Basta de extractivismo. Ley de humedales ya», los manifestantes cortaban desde las 10 el tránsito sobre la avenida Rivadavia a la altura de calle Riobamba, frente al Palacio Legislativo.
El miércoles, a instancias de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, fue suspendido el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto que este jueves trataría los proyectos de ley para la protección y gestión sostenible de los humedales.
Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que «se fije una nueva fecha» para la continuidad del debate, «con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales».
Así sucedió luego de una carta enviada por los gobernadores de la región Norte Grande, que pidieron que en el debate sea tenida en cuenta una propuesta elaborada en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente que, no obstante, aún no fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.
En este sentido, indicaron que ese proyecto de ley «representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años» y plantearon que «debería ser tomada en cuenta en este debate».

Lobby contra la Ley de Humedales
En ese contexto, las organizaciones ambientalistas que se habían convocado para el jueves para reclamarle al plenario de comisiones la urgente sanción de una norma -en un contexto agravado por los recurrentes incendios forestales que afectan a esos ecosistemas- redoblaron el reclamo frente a la suspensión del encuentro en el que las expectativas estaban puestas en dar un paso clave con la emisión de un dictamen de mayoría.
Al respecto, Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, declaró a Télam que «la situación es verdaderamente vergonzosa, estos son los lobbies que vienen presionando desde hace más de 10 años para que la ley no salga y que durante todo el año operan desde las sombras, pero que en algún momento cuando lo consideran estratégico salen a la luz como lo vimos esta semana con falacias y falsos estudios».
«La verdad que es lamentable que se expongan tantas mentiras y que queda completamente a la vista de todos que esto es una ley que viene a diferenciar lo que es producir de lo que es destruir y es evidente que hay gente que no le conviene porque no saben producir sin devastar los territorios y sin someter a la población a la enfermedad y a la pobreza», denunció.
Por su parte, Jésica Gentile, coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, sostuvo que la movilización es porque «el escándalo que volvió a protagonizar la clase política ayer cuando decidió de manera unilateral e improvisada suspender el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales cuando había un cuarto intermedio de la semana pasada donde había un compromiso de que saliera un dictamen hoy».
«Sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por mñas de 300 organizaciones, donde están universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales. Es crucial proteger nuestros principales aliados para enfrentar la crisis climática como son los humedales», sentenció Gentile, en declaraciones a Télam.
En el mismo sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que «la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores, no surge por generación espontánea, nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos».
«Esto no solamente atenta contra un reclamo histórico, como lo es la exigencia por la aprobación de una ley que no solo protege a los ecosistemas sino también interviene directamente sobre la calidad de vida de la gente, sino que también es un atentado contra la calidad democrática», aseveró Rodríguez.

Más Información:

Rosario Plus - Ambientalistas ratifican marcha por la Ley de Humedales: "Mostró el poder de lobby"
Ante la cancelación de último minuto del plenario de comisiones para el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales que se iba a dar este jueves, los ambientalistas nucleados en la Multisectorial ratificaron la movilización que tenían prevista al Monumento a las 17 ante lo que consideraron una “traición” de los jefes de bloques.

La Capital - Ley de humedales: isleños y productores plantearon su oposición sobre el puente Rosario-Victoria
Un grupo de productores de la zona de islas convocado por la Asociación Civil Comunidad Islera realizaban este jueves por la mañana una protesta sobre el puente Rosario-Victoria para mostrar su oposición al proyecto de ley de humedales, cuyo tratamiento en el plenario de comisiones fue suspendido este miércoles en el Congreso Nacional.

El Ciudadano - Diputados de diferentes bloques cuestionaron postergación del debate sobre humedales
Los diputados nacionales Leonardo Grosso (Frente de Todos); Enrique Estévez (Socialismo), Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Myriam Bregman (Izquierda) cuestionaron este jueves la decisión de la mayoría de los bloques de la Cámara, incluido el oficialismo, de suspender el plenario de comisiones previsto para mañana en el que se buscaba dictaminar sobre el proyecto de Ley de Humedales.

Página 12 - Fuerte lobby del sector minero contra la ley de humedales
Como las empresas con intereses en la Puna, el gobernador salteño dijo que la medida “podría impedir el desarrollo de la minería del litio”. Quienes impulsan la ley aseguran que no afecta la producción ni se avasalla la soberanía provincial sobre los recursos naturales. El debate sigue en Diputados.

MDZ - Humedales: empresarios cuestionan en duros términos el proyecto oficial
La discusión en el Congreso del proyecto de ley de Humedales aún está lejos de lograr el consenso de la sociedad. Desde diversas organizaciones empresarias apuntaron al impacto que tendría el proyecto de presupuestos mínimos en la actividad productiva.

La Nación - Movilización: decenas de productores se manifestaron en contra de la ley de humedales
Desde las 10 de la mañana decena de productores autoconvocados se acercaron al puente que une Rosario con Victoria en rechazo por la ley de humedales que se busca abordar en el Congreso. A ese lugar también se sumó la sociedad en general para pedir, dicen, la aplicación de las leyes de humedales vigente.
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El 'productivismo' por sobre lo ambiental

 


Advierten por la ley sobre humedales que impulsa el oficialismo: por qué es un riesgo para la producción

Fecha de Publicación
: 27/09/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El El experto Manuel Chiappe remarcó que podrían afectarse varias actividades agropecuarias.
“Los humedales hoy están protegidos por ley”. Con esta enfática afirmación, Manuel Chiappe, quien es ingeniero ambiental y director General de la Fundación Barbechando, advirtió sobre los proyectos de ley que está tratando de impulsar el oficialismo en la Cámara de Diputados con la excusa de los incendios que se están dando en el Delta del Paraná.
Según explicó, los humedales están protegidos por la Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención de Ramsar (ley 25335), que es un convenio internacional que Argentina se adhirió.
Además, ya hay dos normas para proteger los humedales de los incendios. La Ley 26815 -Manejo del Fuego- y la ley 26562 -Presupuestos Mínimos para Quemas Controladas.
"Tal vez se establece esta leyes no están bien redactadas o no son efectivas o no tienen la planificación suficiente para combatir los incendios. Ahí está la falla y no hay que generar otra legislación. Esto no quiere decir que hay que oponerse a una nueva ley de humedales porque son ambientes muy diversos y fundamentales para el desarrollo de la humanidad. pero tampoco engañar a la sociedad que con una nueva ley de humedales se van a apagar los incendios”, disparó el especialista.
“Sí creemos que con una nueva ley de humedales se van a apagar los incendios, no va a ocurrir. Ahora, diputados insisten en una nueva ley de humedales que ninguno de los proyectos habla específicamente de combatir incendios”, agregó el directivo de Barbechando que viene siguiendo el tema desde muy cerca.
De acuerdo con el mapa que publicó el INTA esta semana, la superficie de humedales en la Argentina alcanza a casi 277 mil kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país. En gran parte del territorio nacional se realizan diversas actividades productivas entre las que se destacan la ganadería, la producción forestal, la frutícola y agrícola.
 En este contexto, hay varios proyectos sobre humedales pero el trabajo que más difusión tiene es el de Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que según alertó Chiappe, tiene varios artículos conflictivos.
Entre los puntos más polémicos para la producción, el directivo de Barbechando indicó que hay un artículo que prohíbe la liberación de sustancias químicas y fumigación terrestre o aérea.
A su vez, detalló que en otro de los artículos se especifica que el que produzca monocultivo, cultivo intensivo o agricultura industrial, necesita hacer un estudio de impacto ambiental autorizada por la autoridad de aplicación.
“Además de ser un problema productivo, es un problema socio-económico porque hay muchas familias que viven en el humedal, hay mucho trabajo. Esto genera un impacto que no lo están evaluando”, apuntó
Chiappe estimó, aunque son muy preliminares, que por lo menos un 20% a 30% de las exportaciones del país serán impactadas y un 3% del empleo que aportan las cadenas agroindustriales..
“Hay riesgo de las actividades socioeconómicas que se desarrollan en los humedales”, advirtió. “Tenemos que tener en cuenta la variable socioeconómica, además del ambiental, y nosotros vemos que está variable en algunos proyectos no está contemplada”, cerró.
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Salta busca una nueva ley de bosques, pero 'productivista'

 


El acuerdo, casi imposible, que se busca para la ley de bosques

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Insisten en que el ordenamiento habilite nuevas áreas de producción. Buscan conciliar con una mediación posturas productivistas y conservadoras.
La intención del Gobierno provincial es que antes de fin de año esté terminada la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, que ya viene con un retraso de 9 años, de acuerdo a lo que marca la ley nacional de bosques (Ley 26.331). Sin embargo, el proceso participativo requerido para su aprobación se enfrenta a una disyuntiva entre los sectores, que se podrían reducir como "productivistas" y "conservadores" o ambientalistas. Esas posturas, autoimpuestas como contrarias, ya hicieron fracasar en otras oportunidades la posibilidad de ordenar de manera eficaz las zonas en las que se pueda, justamente, producir (agricultura y ganadería) y proteger el medio ambiente en Salta. Dos visiones que no se cumplen en gran parte del territorio salteño.
Como dio a conocer la semana pasada El Tribuno, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que es donde se encara la revisión del OTBN, buscarán contrartar un servicio de mediación para tratar de conciliar a las partes.
La coordinadora del proceso, María Gil, explicó en esa oportunidad que el trabajo que están realizando no apunta a reducir las áreas protegidas, categorizadas en rojo, amarillo y verde. Cada color restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Consultados para esta nota, dirigentes del campo salteño insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. Es en referencia a la superficie pintada de amarillo donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Especialmente a las dos millones de hectáreas que corresponden a gran parte de Rivadavia y el este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
"Lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente", dijo Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña.
"En la medida que el ordenamiento territorial signifique mayores limitaciones a la actividad productiva el sector no va acompañar esa revisión del mapa de ordenamiento territorial", fijó postura el dirigente.
Lucas Norris, titular de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), sostuvo, en tanto, que en las discusiones por el OTBN "no haya una cuestión de ideología".
"Tenemos que pensar con el desarrollo qué es lo se puede hacer, que nos dejen hacerlo o habilitarlo y que no haya una cuestión de ideología que diga que no se puede hacer nada", señaló Norris.
"Es positivo que el gobernador se haya manifestado a favor de una provincia productiva, porque en definitiva es lo que necesitamos, hay que ver cómo logramos hacerlo y que no quede en palabras", agregó.

Acciones
El trabajo de revisión del mapa se realiza desde el año pasado. Al proceso participativo de consulta lo integran especialistas de las universidades locales, científicos del Conicet y miembros de diferentes instituciones relacionadas con la temática.
Según adelantaron a este diario desde la Secretaría de Ambiente, en los próximos días se publicarán en la página web del organismo los distintos documentos, mapas y estudios técnicos que se elaboraron y desarrollaron para el OTBN de Salta.
El nuevo mapa estaría listo a fines de noviembre o en diciembre. El trabajo será elevado, luego, a la Legislatura para su tratamiento. Ese último paso se realizaría el año próximo.
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Córdoba: Ambiente con menos presupuesto y más desmontes

 


Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba

Fecha de Publicación
: 20/07/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


El pasado 12 de julio, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) publicó un nuevo informe especial titulado “Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba” que muestra cómo el modelo económico del cordobesismo trae aparejada la destrucción ambiental, sumado al desfinanciamiento de los programas de cuidado del ambiente por parte del gobierno provincial.

¿El modelo productivo?: desmonte y más desmonte
Como se viene sosteniendo desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en informes anteriores, la economía cordobesa presenta un proceso de reprimarización y desindustrialización en los últimos años. De hecho, al analizar el Producto Geográfico Bruto (PGB), aquellas actividades que experimentaron un mayor crecimiento entre 2010 y 2020 fueron la agricultura y las actividades inmobiliarias respectivamente.
A su vez, como indican desde Proyecto MonTeS, entre los principales factores que explican la pérdida de bosque nativo en Córdoba, se encuentran el corrimiento de la frontera agropecuaria, los incendios y el crecimiento urbano. El modelo productivo cordobés se vincula directamente con uno de los principales problemas ambientales de la provincia, la pérdida de bosque nativo.
Un claro ejemplo de este vínculo entre modelo productivo y desmonte es que las zonas de la provincia donde ha crecido la explotación agropecuaria en los últimos años, el noroeste provincial, es donde más bosque nativo se ha perdido. Las imágenes a continuación muestran esta relación.
Variación de Explotación Agropecuaria por superficie en hectáreas entre 2002 y 2018. Fuente: OTES en base a datos de Proyecto MonTeS.

¿El presupuesto ambiental?: arrasado como el bosque nativo
En Argentina, por disposición de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. A su vez, Córdoba, a través de su constitución provincial en sus artículos 11, 66 y 68, establece lo siguiente: “Art. 11. El Estado provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el ambiente y preserva los recursos naturales; Art. 66, establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano; Art. 68, el Estado provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables”.
¿Cómo cumple el Estado provincial con estas obligaciones? Desde OTES, se realizó un análisis de la evolución del presupuesto que la provincia destina al cuidado y protección del ambiente. Se tomaron tanto los programas que componen la Secretaría de Ambiente como otros que se encuentran por fuera de la misma, pero están orientados a la protección, conservación o recuperación del patrimonio ambiental.
Al analizar estas partidas, se observa que, entre 2016 y 2021, se llevó a cabo una caída constante en los montos disponibles de los programas de Ambiente. En el monto presupuestado en 2022, se produce un repunte, pero no logra recuperar los niveles previos a 2020. A precios de hoy, se han recortado cerca de $390 millones entre 2016 y 2022. La figura a continuación muestra esta evolución.
Al desagregar el presupuesto de políticas ambientales, dentro de los principales datos, se destaca la fuerte caída en el programa Ambiente, el cual pierde el 50% de sus recursos. Este programa está compuesto entre un 97% y un 85% (dependiendo del año) por pago de salarios, lo cual implica una fuerte reducción en el presupuesto destinado al personal encargado de llevar a cabo los programas de ambiente.
A la hora de analizar política presupuestaria, no solo es necesario conocer el monto destinado a los diferentes programas, sino que también es interesante observar cuánto es lo que efectivamente se ejecutó. En este punto, el informe del OTES señala que la ejecución de los programas ambientales venía en ascenso desde 2016 hasta 2019 (alcanzando el 97% de ejecución). Sin embargo, en 2020, cayó el porcentaje a 86% y, en 2021, se devengó el 89% del presupuesto. Esto implica que, en 2021, quedaron sin utilizar $136 millones, lo que equivale a todo el programa de Ordenamiento de Bosques Nativos.

En síntesis
Si bien la preocupación ambiental está cada vez más presente en el discurso público, en Córdoba, al analizar sus aristas económicas, vemos que las perspectivas no son buenas. Por un lado, el modelo productivo fomentado desde el oficialismo provincial conlleva que las dos actividades económicas que más crecieron en la última década en Córdoba sean la explotación agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios. Ambas vinculadas directamente a uno de los mayores desastres ambientales que sufrimos quienes habitamos en Córdoba, la desaparición de nuestro monte nativo.
Por otro lado, el presupuesto provincial destinado a la preservación del ambiente cae desde 2016 y, aunque en 2022 apunta a crecer, no logra alcanzar los valores de seis años atrás. A su vez, en 2020, con la llegada de la pandemia, la ejecución de este presupuesto se redujo y aún no se recuperaron los niveles previos.
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