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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
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Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Córdoba sin remediaciones
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Paraná: que se vetó de la ordenanza anti glifosato?
Cuáles son los artículos vetados de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Muerte de peces en el Litoral: ¿calor o agroquímicos?
Alerta por la gran mortandad de peces en los ríos del litoral argentino
Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Entre Ríos: sociedad se organiza contra los agrotóxicos
Contra los agrotóxicos, en la calle y en tribunales
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Multarán a empresa que quemaba bidones de agroquímicos
Multarán a empresa agroindustrial por cometer una falta ambiental gravísima
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Cóndores envenenados: se entrega el puestero prófugo
Se entregó el puestero que estaba prófugo tras la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra
El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Tras la muerte de cóndores piden trazabilidad de agrotóxicos
Ambientalistas piden ley de trazabilidad para agrotóxicos por la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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¿Una Ley de Presupuestos Mínimos para fumigaciones?
El Gobierno busca reglamentar las fumigaciones en las que se utilicen agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fumigaciones en Córdoba resistidas y reprimidas
La policía cordobesa, del lado de los sojeros
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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1.500 las hectáreas afectadas en Chaco con el 2.4D
Se elevan a 1.500 las hectáreas afectadas por herbicidas hormonales
Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Más denuncias de fumigaciones sobre una escuela
Denuncian fumigaciones ilegales sobre una escuela
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Santa Fe: denunciar fumigaciones puede ser peligroso
Denuncian una persecución a ambientalistas en Alvear
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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