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Se exportó harina de soja "libre de deforestación" a Europa

 


Argentina exportó 46 mil toneladas de harina de soja libre de deforestación a Europa

Fecha de Publicación
: 23/02/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los embarques se realizaron en el último trimestre de 2023 a Irlanda y España, según informaron desde CIARA-CEC.
Empresarios agroindustriales destacaron que la Argentina se posiciona con los primeros envíos de harina de soja libre de deforestación a Europa.
En total, se embarcaron hacia los puertos de España e Irlanda más de 46.000 toneladas de harina de soja, procedentes de más de 570 unidades productivas, entre participación directa e indirecta.
“Estamos orgullosos de comunicarle al mundo que en el último trimestre del 2023 partieron de los puertos argentinos 3 embarques de harina de soja con certificado georreferenciado, que garantiza que el producto proviene de campos libres de deforestación”, destacaron desde VISEC.
Esa plataforma es promovida por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) para reunir a todos los actores de la cadena de valor de la soja con el fin de “disminuir los impactos ambientales negativos, con foco en la deforestación y otros cambios en el uso del suelo”.
A su vez, los envíos fueron resultado de las pruebas piloto de la implementación del Protocolo VISEC en Argentina, cuyas exigencias están alineadas con los requisitos de la Regulación 2023/1115 de la Unión Europea (UE) vinculada a productos libres de deforestación, que entrará en vigor desde el 30 de diciembre de 2024.
El objetivo de estas pruebas fue consolidar mercadería proveniente de campos que no han sido deforestados de forma posterior a diciembre de 2020 y cuyos granos han sido respectivamente trazados y segregados a lo largo de todo el flujo de la cadena comercial, desde el campo hasta el puerto.
“De esta manera podremos realizar ajustes finos al sistema VISEC y prepararnos para el lanzamiento de la herramienta de trazabilidad y monitoreo que dará los primeros pasos desde abril del 2024″, explica Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
Desde la entidad además destacaron que empresas multinacionales como Bunge, LDC y Viterra hayan acompañado la iniciativa “para canalizar sus exportaciones y empezar a transitar este camino que recién comienza”.
“En los últimos años, Bunge ha implementado con éxito su sistema de trazabilidad y monitoreo junto a sus proveedores, para verificar tanto aspectos sociales y ambientales, como la identificación de la deforestación en nuestra cadena de valor. Sabemos que el desarrollo de cadenas de suministro trazables es un desafío, pero creemos en la fuerza de las iniciativas sectoriales, como VISEC”, dijo Rossano de Angelis Jr., vicepresidente de Agronegocios de Bunge en América del Sur.
“Los números ilustran la complejidad de la operación y apuntan a la participación de múltiples actores en la cadena de suministro de soja. De acuerdo con el compromiso de LDC con la trazabilidad y con la deforestación cero en sus cadenas de suministro, nuestro objetivo es seguir trabajando para ampliar el Protocolo de Sustentabilidad, hacer ajustes a la plataforma y aumentar la participación de los productores y el área georeferenciada en futuros envíos”, señaló Fernando Correa Urquiza, gerente Regional de Cereales y Oleaginosas de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste.
“En Viterra buscamos desarrollar soluciones que contribuyan al cuidado de medio ambiente y generen un impacto positivo en nuestras comunidades. Esto lo vemos como una ventaja competitiva y al mismo tiempo refleja nuestro compromiso con un modelo de negocio responsable y sostenible a largo plazo”, agregó Vladimir Barisic, CEO de Viterra para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Por último, desde CIARA-CEC remarcaron que estos envíos “marcan un hito en materia de sustentabilidad y el compromiso de todos los actores económicos”.
“Es un gran desafío para todas las cadenas de valor en Argentina. El sistema de monitoreo, reporte y verificación de VISEC genera costos adicionales y adaptaciones, así como cambios culturales que naturalmente deberán expresarse en el precio del producto final. No obstante, tenemos el compromiso de posicionarnos como proveedores de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”, concluyó Idígoras.
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La contaminación de agroquímicos llego a la CABA

 


CABA: el distrito urbano con mayor omnipresencia de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 22/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Capital Federal


Así lo indican estudios científicos que comprobaron la existencia de glifosato y otros agroquímicos en sangre y orina de habitantes de zonas no rurales del AMBA, que llegarían a través del agua, frutas, verduras, polvo de hogar e, incluso, a través de la lluvia. Qué hay detrás del agronegocio y sus efectos en la salud.
La provincia de Buenos Aires es la principal exportadora de soja para alimentación animal, por lo que la utilización de agrotóxicos en los campos no es novedad. Los plaguicidas como el glifosato, 2.4D o atrazina, y los insecticidas como endosulfán o clorpirifos son altamente tóxicos y desde hace años causan graves daños a la salud de las comunidades cercanas a las cosechas donde se los utilizan.
Algunos de éstos pueden ser cancerígenos, incluso el clorpirifos que a pesar de estar prohibido en Argentina, su adquisición continúa siendo de fácil acceso. La falta de controles férreos a la actividad agrícola nos trae a una nueva problemática: el peligro ya no sólo es rural, la toxicidad llegó a la Ciudad.
Esta situación creciente abre nuevas incógnitas: cuánto perjudica a la salud, qué organismos estatales deberían intervenir o cómo evitar que lleguen a nosotros estos agroquímicos.
Entre los trabajos de investigación que buscan brindar algunas respuestas se destacan dos. Uno de ellos es el Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), que fue lanzado en septiembre de 2020 y trabaja con un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como representante de nuestro país. Tiene como objetivo evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas.
De igual forma, se creó el Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente), perteneciente a la ONG latinoamericana Democracia en Red, que realizó más de 200 análisis de orina humana durante el primer semestre de 2023.
La finalidad fue medir el nivel de exposición a los agroquímicos en personas de entornos rurales, que estuvieran cerca de campos donde se haga aplicación y en las zonas urbanas del AMBA.
En diálogo con @elargentinodiario, Don Powa, coordinador de este último proyecto, explicó: “El estudio lo hicimos en tres distritos distintos: unos netamente rurales, uno periurbano y uno 100% urbano, que fue en CABA. Medimos en Saladillo, Lobos y Mar Chiquita como el enfoque rural; y en La Matanza con enfoque periurbano porque lo hicimos en un asentamiento que está justo en el borde del partido, que se llama Barrio Nicole, donde de un lado tenés ciudad y del otro lado tenés campo”, detalló.
Contra todo pronóstico, aseguró que se sorprendieron cuando los resultados arrojaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el lugar con mayor positividad de agroquímicos en orina humana: 23%.
«Hacemos testeos con voluntarios y yo mismo fui uno. Vivo en Colegiales y me encontraron 4,5 partes por millón de glifosato en orina, mientras que el piso de detección es 1. Ahora tenemos pruebas concretas de que esta contaminación nos afecta a todos”, explicó.
Aunque los estudios sobre la proveniencia de estos químicos continúan, las personas que dieron positivo en sus estudios declararon tener altos consumos de frutas y verduras, y también de agua de red, embotellada e incluso filtrada.
“La gente de CABA claramente no tiene exposición por vía aérea a esta contaminación, a diferencia de los habitantes de municipios de provincia que sí, ya que están más cerca de las cosechas, aunque faltan estudios para que esto esté 100% probado”, señaló Powa.
Y alertó: “La principal hipótesis de cómo llegan estos agroquímicos a los porteños es a través de las frutas y verduras que entran por el mercado central. Y en Provincia, detectamos agroquímicos en el agua de red de pueblos como Vidal y Mar de Cobos; y en el agua de lluvia de Mar Chiquita, por ende, también en sus napas”.
Argentina vive del agronegocio y es la principal fuente de divisas. Por lo tanto, Don Powa planteó que no sólo es un problema de salud pública y ambiental, sino también “del modelo de generación de divisas a nivel país”: “La proyección es que los mercados internacionales se van a ir cerrando a este tipo de producciones. Esto implica empezar a pensar modelos de transición para la próxima década porque por ahí también se nos va a cortar a nosotros”.

Silenciamiento
En diálogo con este medio, Claudio De Francesco, biólogo, investigador del CONICET y voluntario del Proyecto Sprint, explicó que la participación de Argentina en el mencionado proyecto debería concluir recién en el año 2025, pero finalizó tempranamente por decisión de las autoridades institucionales de INTA.
“Con esta decisión, tomada por Mariano Garmendia, presidente del INTA; y Nacira Muñoz, vicepresidenta, Argentina se aleja de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa del proyecto en forma conjunta con especialistas en neurociencias, medicina, toxicología, políticas públicas, economía, agronomía, veterinaria, entre otras áreas científicas”, detalló De Francesco.
El INTA, en ese marco, prohibió la publicación de los resultados del proyecto aunque igualmente lograron trascender: Argentina duplica o triplica la cantidad de plaguicidas que son utilizados en Europa, según la zona de estudio. Es que, en nuestro país, también se realizan mezclas de químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
Según comentó De Francesco, la justificación del organismo fue que “la investigación en humanos estaba fuera de su ámbito de incumbencia”. No obstante, en el contrato original firmado entre INTA y Sprint se especificaba que se realizarían muestreos en ambiente, animales, plantas y también en humanos, ocupándose de esta actividad específicamente profesionales del área de Salud, como finalmente ocurrió.
Tras este cambio institucional de opinión, el entrevistado adhirió: “También empezaron a decir que nuestros datos eran confidenciales. Sin embargo, los datos eran y son personales. Lo que yo quiera hacer con mis datos como voluntario es responsabilidad mía”.
Por lo expuesto, consideró también que el INTA debe una respuesta: “Cuando llegaron los resultados, que fueron muchos plaguicidas en sangre, orina, materia fecal y en el aire que respiramos, se desentendió de nosotros”.
Y finalizó: “El proyecto Sprint contaba con presupuesto de la Comisión Europea, permitía la interacción profesional de los científicos argentinos con otros, de otras partes del mundo y quedó trunco, dejó un sabor amargo en muchas personas, no solo en los voluntarios, así como muchas preguntas”.

Falta de control y reclamos
El INTA prohibió así que se realizara la segunda etapa de la investigación del Proyecto Sprint que consistía en la explicación de esos resultados y el diseño de caminos para disminuir la exposición a los plaguicidas.
Pero la responsabilidad de la falta de correcto control sobre la utilización de agrotóxicos no debe estar unificada. Mientras que De Francesco señaló que “a pesar de tener una buena Ley Ambiental, falta claridad en las reglas y en la regulación de la producción y comercialización”, Don Powa adhirió que la responsabilidad de diseñar y hacer cumplir “la normativa que regula el manejo, las distancias, las autoridades de control, las recetas electrónicas, la zonificación es de injerencia municipal”.
La autoridad máxima más próxima al domicilio de las personas afectadas, paradójicamente, podría tener la solución.

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Velocidad récord para aprobar transgénicos

 


Fuerte dato: el gobierno de Milei logró batir récords al aprobar un transgénico cada diez días

Fecha de Publicación
: 10/02/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Nunca otro gobierno habría imprimido tanta velocidad a la aprobación comercial de nuevos transgénicos
El gobierno de Javier MIlei no ha podido lograr que el Congreso le cediera superpoderes para gobernar como quería. Pero en apenas 60 días de gestión, ha logrado batir un récord impensado: aprobó en promedio un nuevo OGM (Organismo Genéticamente Modificado) cada diez días.
Nunca otro gobierno habría imprimido tanta velocidad a la aprobación comercial de nuevos transgénicos. Pero desde el 10 de diciembre (en realidad, desde el 2 de enero, cuando empezó esta saga), la Secretaría de Agricultura avaló la salida al mercado de cinco eventos de levaduras modificadas para mejorar la elaboración de bioetanol y una bacteria modificada para hacer una vacuna para porcinos. Ahora, con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 3/2024, volvió a lo tradicional, con la autorización de una soja transgénica resistente a herbicidas. Es una variante de la famosa Xtend de Monsanto, que de todos modos no podrá ser sembrada en el país sino solamente importada.
Lo curioso es que se trata de una soja OGM que estaba bajo análisis por lo menos hace ocho años y que nunca se autorizó para la siembra, al punto tal que el expediente había sido presentado por la empresa Monsanto, que en 2018 fue vendida a la alemana Bayer y que incluso anunció que levantaba sus líneas de investigación en semillas de soja de la Argentina, por falta de un régimen que le garantizara la propiedad intelectual de sus desarrollos. Incluso la ex Monsanto llegó a destruir sus ensayos locales en septiembre de 2016.
La disposición, de nuevo firmada por el subsecretario de Bioeconomía, Pablo Nardone, una suerte de alter ego del secretario Fernando Vilella, autorizó la comercialización en el país de una nueva variedad de soja con modificaciones genéticas, que acumula los eventos MON-87751-7 x MON-87701-2 x MON-87708-9 x MON-89788. Estos permiten que ese cultivo resista la aplicación de varios agroquímicos de acción herbicida: el famoso glifosato, el glufosinato de amonio pero también el Dicamba.
Una curiosidad es que esta aprobación no implica que los productores argentinos tendrán en su poder un nuevo material para sembrar. Según admite la Secretaría de Agricultura en un comunicado, el aval oficial correrá “con fines exclusivamente agroindustriales a solicitud de la empresa solicitante. La misma no está autorizada para ser sembrada”.
¿Y para qué aprobar un transgénico que no va a poder ser utilizado? Para facilitar las importaciones de soja, que este año llegaron en gran cantidad luego del quiebre productivo de la campaña 2022/23, cuando la producción local de soja cayó a la mitad. En 2023, según informó Bichos de Campo, las importaciones del poroto desde países vecinos llegaron a la cifra récord de 10 millones de toneladas. La mayor parta de esas cargas provenían de Brasil, donde ese evento está autorizado desde 2018, y de Paraguay, donde esa variedad de soja se aprobó en 2022.
Es decir que esa soja OGM, una variación de la Xtend lanzada por Monsanto hace varios años para incorporar la resistencia al Dicamba, solo puede ser utilizada por la industria aceitera (la gran pregunta es si no lo hicieron antes de esta probación y ahora sacan esta resolución para cubrir embarques ya realizados). Para eso se desempolvó la vieja razón social Monsanto Argentina SRL, que según el Boletín Oficial “solicitó mediante la nota de fecha 10 de octubre de 2023 la autorización comercial de la acumulación de eventos de soja MON-87751-7 x MON-877Ø1-2 x MON-877Ø8-9 x MON-89788-1, con el objetivo de utilizar dicho material como materia prima para el procesamiento agroindustrial y con fines de uso alimentario humano y animal”.
El propio Nardone reconoció que este permiso contribuye a mejorar la oferta de poroto de soja proveniente de otros países y “podrá maximizar el aprovechamiento de la amplia capacidad instalada en la Argentina. Esto es muy importante en caso se demande para exportación o consumo interno, una mayor cantidad de materia prima para obtener harinas, aceites u otros productos derivados de la soja”, añadió.
La Argentina ya había aprobado en 2018, unos días después de la venta de Monsanto a Bayer, el uso para fines industriales de soja proveniente de los eventos MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 y su parental MON-877Ø8-9, con el objetivo exclusivo de ser utilizados como materia prima para su procesamiento agroindustrial”. En aquel momento, otra sequía de menor talante que la que afectó a los productores locales en 2023, perjudicó la oferta local del poroto hacia las aceiteras.
Agricultura explicó que esta nueva soja aprobada (que suma eventos de resistencia a aquella), “desde el punto de vista agronómico, brinda protección contra insectos lepidópteros -plagas comunes en el cultivo- reduciendo así la dependencia de insecticidas en su manejo. Simultáneamente, la combinación de resistencia a los herbicidas Dicamba, glufosinato de amonio y glifosato permite un manejo más inteligente del cultivo y la aplicación diferencial de herbicidas de manera optimizada”.
De todos modos, esa descripción solo sirve para que los productores locales se queden con las ganas, porque aquí esa soja no podrá ser sembrada.
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Las semillas también en peligro por la Ley Ómnibus

 


Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación
: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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Agua con glifosato en La Matanza y una orden de la justicia

 


Agua con glifosato en La Matanza: la Justicia ordenó entregar bidones de agua potable a una familia fumigada

Fecha de Publicación
: 09/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Ante los constantes problemas de salud de sus hijos, una mamá golpeó puertas hasta dar con una toxicóloga que asoció esas dolencias a los agrotóxicos del entorno. Comenzó así una lucha que logró alejar las fumigaciones del Barrio Nicole. Ahora, un nuevo fallo de la Cámara Federal prioriza su derecho al acceso al agua segura.
El último día hábil del año que se fue, la Cámara Federal de San Martín otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable a una familia de Barrio Nicole que lleva años luchando contra los agrotóxicos y sus efectos. Tras conseguir frenar las fumigaciones a su alrededor, el nuevo fallo entiende que los niveles de glifosato detectados en el agua representan un riesgo y que debe respetarse su derecho a acceder a agua segura.
La lucha de Erika Gebel empezó por los problemas de salud de sus hijos. Sarpullidos, erupciones, sangrados de nariz, dolores de cabeza, descomposturas, pérdida de peso, molestias en las articulaciones. En la búsqueda de explicaciones a esos síntomas dio con una toxicóloga que apuntó a los agroquímicos en su entorno. Y el reclamo de una familia se convirtió en el reclamo de todo un barrio, en el municipio que es corazón del territorio bonaerense.
El reciente fallo de la Justicia Federal implica un paso más y hace lugar al pedido de acceso a agua potable planteado por esa familia, que logró reunir pruebas sobre la presencia de glifosato en sus cuerpos y también en el agua de pozo que consumen. Lo que sigue: hacer extensiva la exigencia de bidones a todo el barrio, también afectado por el agua contaminada.

La cuestión del agua y el glifosato
“Si bien la Cámara está resolviendo sobre la cautelar y no el tema de fondo, pone sobre la mesa la cuestión de cuál tiene que ser el valor de seguridad del agua. Lo venimos sosteniendo en causas como Pergamino: se tiene que tomar el valor de referencia de la Unión Europea (UE), que estableció que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar los 0,1 ug/l (microgramos por litro) por cada uno, y si hay varios el cóctel no puede superar los 0,5”, dijo el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos y representante de la familia demandante.
“El problema es que Código Alimentario, que es la pauta de referencia en Argentina, incluye un par de agrotóxicos pero -salvo dos- los otros fueron prohibidos hace 30 años”, agregó el abogado. El glifosato, sospechado de cancerígeno, no está incluido en ese parámetro. “La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) trajo como referencia la normativa de Estados Unidos y Canadá, que usan niveles exorbitantes. Lo que decimos es que se tiene que aplicar principio pro homine: el mejor criterio de protección que exista. Porque lo que está en juego es la salud”, remarcó Cabaleiro. Y cuestionó la “complicidad de Acumar”, que hizo el primer informe sobre el agua del Barrio Nicole, en el laboratorio de AYSA, y concluyó que no había glifosato, “pero el sistema que se usó tiene un nivel de detección a partir de los 500 microgramos, lo cual es una barbaridad”. Luego, un estudio de la Universidad de Buenos Aires costeado por la comunidad arrojó la presencia de 2,5 microgramos por litro de glifosato en el agua que consumía la familia en su vivienda.
“En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho”, firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, al revocar la resolución emitida en mayo y ordenar “que se adopten las medidas necesarias para la entrega de agua segura a la familia actora”.

La lucha de una familia
Hace once años, cuando Érika llegó al barrio, le gustaba ver el vehículo que pasaba regando el campo frente a su casa. Porque ella, en un primer momento, creía que eso que arrojaban sobre los cultivos era agua. Pero no. Era un mosquito fumigando plantaciones de soja.
Pasó un tiempo hasta que asoció esa postal con los olores que percibía. Y, luego, con los síntomas en los cuerpos de sus hijos e hijas. Atravesó un largo periplo de tres años hasta que una voz médica le advirtió sobre el riesgo que implicaba para esos cuerpos la exposición a agroquímicos.
“Vine a vivir acá cuando mis hijos tenían 7 y 5 años, y 8 meses. Al toque empezaron los síntomas. Llegué un verano y al mes que habían fumigado yo empecé a ir al hospital. Los primeros síntomas son similares a una alergia. Nadie me dijo ‘señora, es porque vive ahí, se tiene que ir’. Yo no sabía. Vine a vivir al campo creyendo que iba a respirar aire puro”, lamentó, en diálogo con Tiempo.
Según consta en la causa judicial, en 2020 la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez –a cargo de Elda Cargnel- le dijo que los problemas de salud de la familia “podían estar relacionados con la exposición a los agrotóxicos, por lo que se les indicaron análisis de orina sobre presencia de glifosato, que dieron positivo en dos de sus integrantes”.
Al año siguiente, la toxicóloga les recomendó “que no tomen agua de la perforación y que debían mudarse de continuar las fumigaciones con agrotóxicos”. Érika pudo irse a alquilar a otro sitio, pero solo por un tiempo. Después, no le quedó otra que volver y seguir luchando por cuidar el entorno y la salud de su familia. Y en ese camino impulsó la organización de la Asamblea de vecinos envenenados por glifosato en la Matanza y el reclamo comunal.
“Se logró una cautelar sobre mil metros de distancia para las fumigaciones y después que el Consejo Deliberante sacara una resolución por mil metros en toda La Matanza. La ordenanza es del 28 de diciembre de 2022, pero no se publicaba en el Boletín Oficial. Hasta que se hizo una marcha y se planteó el tema y se logró recién en agosto de 2023”, recordó el abogado Cabaleiro. Tras ese logro, faltaba resolver el acceso al agua limpia.
“Esto es una de las victorias para festejar. No es el fin, es apenas el comienzo. Vengo solventando el agua de mi casa hasta para lavarme los dientes. Compro agua mineral, que sale muy cara. No sé cuándo empezarán a llegar los bidones, pero ya deberían estar hace dos años”, planteó la mujer que encabezó esta lucha.
El nuevo fallo fue una buena noticia en ese sentido. Pero queda pendiente no sólo alcanzar el cumplimiento efectivo de la medida sino que también llegue al resto de las vecinas y vecinos afectados por el agua contaminada, algo en lo que trabaja el abogado de Naturaleza de Derechos, junto a una ONG que se presentará en representación de la comunidad.
“Sabemos que si no lo hacemos público, esto queda en el silencio. La labor de nuestra asamblea es alertar a la población de que el agua está contaminada, que hay una ordenanza que limita las fumigaciones, que se debe extender la red de agua potable. Al menos, para que otras personas no digan ‘no sabía’.”, cerró Érika.
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UICN Argentina pide al Congreso rechazar Ley Ómnibus

 


UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación
: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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INTA: antes de irse, Garmendia bajó al proyecto Sprint

 


Antes de irse, el extitular del INTA retiró al organismo de un proyecto global para medir el impacto de los agroquímicos en personas y ambiente

Fecha de Publicación
: 30/12/2023
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Mariano Garmendia dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei. Antes, firmó una resolución que quita a la Argentina de SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea. En octubre, ya había prohibo difundir los resultados de una investigación de una profesional de INTA Balcarce, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa.
El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.
Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.
En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.
De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.
También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.
Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.
“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.
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Una ley ómnibus regresiva en materia ambiental

 


Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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Justicia declara inconstitucional una norma sobre agroquímicos

 


Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Harina de soja libre de deforestación, primeras exportaciones

 


Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación
: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Advierten de la presencia de agroquímicos en Buenos Aires

 


Don Powa: «Hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires»

Fecha de Publicación
: 15/12/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El 21,62% de las personas testeadas en Mar Chiquita tienen glifosato en orina. El dato de Proyecto PIS se suma a evidencias previas sobre agrotóxicos en agua y ambiente en distintos puntos bonaerenses y en CABA. "Se requiere una mirada integral, un enfoque transicional e incorporar la variable de salud pública", alerta el director de Democracia en Red.
Las evidencias se acumulan y comienzan a dialogar entre sí. Distintos estudios prueban la presencia de agrotóxicos en aire, agua, suelo y hasta en el polvo de las casas, así como en sangre, orina y materia fecal. “No es precipitado decir que hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires”, planteó Don Powa, director de Democracia en Red, la ONG que encabeza Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente) y analiza la presencia de glifosato y derivados en la orina de hombres y mujeres de distintos distritos bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires.
Powa se refirió a esa “omnipresencia” tras dar a conocer los resultados de PIS en Mar Chiquita: en 21,62% de los testeos de orina realizados allí se detectaron glifosato y su metabolito AMPA. El 88% de quienes dieron positivo no viven en un ámbito rural, cerca de las fumigaciones, sino en el ejido urbano del partido.
Dos meses atrás, había causado revuelo la difusión de datos similares sobre CABA, muy lejos de los pueblos fumigados. De todos los lugares analizados por PIS, Ciudad de Buenos Aires fue el que registró mayor positividad: 9 de las 39 muestras analizadas tenían restos del cuestionado herbicida. Es decir, el 23.08% de los casos.

En todas partes
“Los datos dialogan con los de otros estudios de la zona que ayudan a dar un diagnóstico bastante más integral o sistémico sobre la situación, no es solo nuestra información. Los distintos estudios muestran, en Mar Chiquita y en municipios que la bordean, presencia de agroquímicos en el sistema de agua de red -es tal vez lo más problemático: el agua de canilla tiene gran variedad de agroquímicos-; hay en el aire dentro del ejido urbano, en el agua de lluvia, en las napas subterráneas y están los datos del estudio Sprint, que midió aire, materia fecal, sangre, orina y polvo domiciliario”, enumeró Powa.
El proyecto Sprint dio que hablar por los resultados que arrojó y por las denuncias sobre intentos de silenciar esos resultados. Se trata de un estudio internacional con diez países europeos y la Argentina. La pata local estaba encabezada por la investigadora de Virginia Aparicio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el Consejo Directivo de esa entidad decidió frenar la difusión de los datos obtenidos. ¿Qué decían? Que en las muestras argentinas hay menos variedad pero más concentración de agrotóxicos que en las europeas. En ese marco, se hallaron trazas de agroquímicos en el 100% de las personas testeadas de Mar Chiquita.
“Se podría redundar con más datos, pero la conclusión de Sprint y la nuestra es la misma: hay omnipresencia de agroquímicos distintos y no hay un único vector. No es que entran porque falta una barrera forestal -que falta-, sino que también entran por agua, si está en la lluvia entran también en las huertas orgánicas. Esto pasa en Mar Chiquita y en una docena de municipios de la zona. Y es una hipótesis para toda la Provincia de Buenos Aires, no es precipitado decirlo”, remarcó Powa.

Glifosato en el cuerpo
Fabiana Sicco tiene 58 años, es arquitecta y vive en Mar de Cobo –localidad del partido de Mar Chiquita- desde hace dos décadas. Fue una de las voluntarias de Proyecto PIS y así supo que tenía glifosato en la orina. “Para mí fue la confirmación de algo que ya me imaginaba. Vivo a 400 metros de la Ruta 11, estamos rodeados por campos y me fumigaron en tres oportunidades”, contó.
Recuerda a la perfección esos tres episodios en los que sintió de forma directa el impacto de las fumigaciones sobre su cuerpo. Las tres veces, en la ruta. “La primera vez fue hace unos nueve años. Venía con mi familia y empezamos a sentir olor a químico. Cerramos las ventanillas, pero el olor era insoportable. Cuando entramos a Mar de Cobo, en el campo estaban fumigando con mosquitos”.
“A partir de la primera fumigación, a los poco meses, me diagnosticaron diabetes de tipo 1, inmunosupresora. Se puede dar en adultos, pero no es tan común. En la última fumigación, yendo a Mar del Plata, me broté y estaba como ahogada. En la salita de Mar de Cobo me pusieron oxígeno pero no me quisieron poner en el certificado médico que esto había sido por la fumigación. Me dijeron que tenían orden de no hacerlo”, relató a Tiempo.
Además de esas aplicaciones sobre los campos que atravesó en forma directa, “cada vez que fumigan a la noche me doy cuenta porque siento dolor en los pulmones, es como si me apretaran los pulmones. Y se ven las luces en el campo cuando fumigan de noche”.
Después de su diagnóstico, Sicco se empezó a enterar de más enfermedades en la zona. “Me crucé con amiga del pueblo con cáncer de esófago, el segundo caso que escuchaba. Es raro en un pueblo chico, de 3000 habitantes. Empecé a relacionar cosas”. A partir de entonces comenzó a militar por el freno a las fumigaciones desde la Asamblea Paremos el Desierto Verde.

En el territorio
En Mar Chiquita rige desde 2020 una ordenanza que establece que no se puede fumigar a menos de 200 metros de escuelas rurales y a 25 de cursos de agua, entre otros parámetros. Previamente, una cautelar había ordenado el freno a las aplicaciones con agroquímicos en un rango mayor, pero el reclamo local indicaba que se incumplía.
En tanto, las organizaciones sociales en territorio lograron reunir abundante evidencia sobre la situación que denuncian. Entre 2021 y 2022, desde Gesta Colectiva –conformado por investigadores del Conicet- analizaron la presencia de agroquímicos en aire, agua de red y de pozo. Nueve de las diez muestras dieron positivo.
Luego, en octubre de este año, se realizó un monitoreo ambiental entre Proyecto PIS y el Centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia: se comprobó la presencia de agroquímicos en el agua de red, de lluvia y de pozo en Coronel Vidal, dentro de Mar Chiquita. A esto se sumaron los datos de Proyecto Sprint.
“No tengo una posición de decir ‘agroquímicos sí o no’ de forma binaria. Busco soluciones realistas, posibles. Se requiere una mirada integral sobre el tema. No es una ordenanza o una sola cosa, hace falta un enfoque transicional. Tarde o temprano esto va a cerrar mercados: cuanto antes empecemos los procesos de transición, mejor parados vamos a estar para cuando eso suceda”, planteó Powa. Y resaltó la necesidad de “incorporar la variable de salud pública” al abordaje del tema.
En un contexto sociopolítico donde lo público tambalea, a instancias de la propuesta de Javier Milei para achicar el Estado nacional, el referente de Democracia en Red señala que “lo que tal vez era un problema ahora puede ser una oportunidad. Porque quien mayor poder de policía y ordenamiento territorial tiene son los municipios, luego la Provincia. Y la Nación casi no regula ni ordena. Así que la realidad nacional, si bien puede afectar por generar pautas generales, en términos reales no afecta”.
Además de la difusión de resultados de glifosato en orina en distintos puntos (Lobos, Saladillo, La Matanza, CABA y Mar Chiquita), en el marco de Proyecto PIS lanzaron herramientas para entender y cotejar ordenanzas sobre fumigaciones en cada partido, y un mapa donde ver áreas pobladas, escuelas rurales, cursos de agua y demás aspectos que tanto municipios como productores y habitantes deberían conocer para saber cómo actuar y cuándo reclamar. También diseñaron afiches para que cada comunidad pueda tener a mano un compendio de los datos que necesita ante una fumigación: que el tractor tenga patente, que haya viento en contra, que esté el ingeniero agrónomo, entre otros ítems.
“Estas herramientas deberían servir para que el Municipio controle la ordenanza y la gente sepa desde dónde hacer denuncias. Incorporamos contactos de docentes de escuelas rurales, porque la ordenanza obliga a que avisen al director ante aplicaciones en la zona. También les sirve a los productores. A toda la comunidad, entendiendo a los productores como parte de la comunidad”, concluyó Powa.
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Justicia limita fumigaciones en Pehuajó

 


Agroquímicos: El caso que puso límites a las fumigaciones en un municipio bonaerense

Fecha de Publicación
: 07/12/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia limitó las fumigaciones por tierra en Pehuajó tras un caso en el que resultó afectada una familia. El HCD deberá sancionar una ordenanza en 90 días.
La Justicia Federal estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en la ciudad de Pehuajó- la aérea se encuentra prohibida- y fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria. Fue en marco de una medida cautelar solicitada por una fiscal local a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francismo Madero.
La medida estará vigente durante ese lapso e implica que habrá dos áreas de 300 metros cada una: la más próxima a las zonas pobladas, con una prohibición total de aplicación; la segunda, con productos de baja toxicidad y de baja volatilidad, explicó el sitio judicial Fiscales.org.
Se trata de una disposición tomada por el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh.
La decisión judicial fue adoptada el 27 de noviembre pasado, luego de una audiencia pública donde el juez recibió diferentes planteos y aportes. Allí participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad.

Agroquímicos: el caso de una familia intoxicada y la respuesta judicial
En la investigación penal, la fiscal Mc Intosh había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.
El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. En el caso se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.
El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente.
La fiscalía luego amplió los fundamentos expuestos en la petición cautelar y aportó los antecedentes de un caso similar que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención del fiscal federal Matías Di Lello.
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Agricultura también se mete de lleno en la reunión climática

 


Cambio Climático: Agricultura consensuó con las entidades agropecuarias la posición en la COP 28

Fecha de Publicación
: 02/12/2023
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Provincia/Región: Nacional


En línea con lo trabajado para reuniones anteriores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca convocó al sector privado a adoptar una declaración conjunta a través de la cual se expresa la convicción sobre la sostenibilidad del sector, su aporte a la seguridad alimentaria y la imperiosa necesidad de avanzar en dos grandes temas pendientes de la agenda internacional: financiamiento y liberalización del comercio agrícola internacional.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, encabezó una reunión para consensuar con los distintos representantes del sector agroindustrial, el documento que presentará Argentina en la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), comúnmente conocida como Conferencia de las Partes (COP28), que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre, en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El documento da continuidad a los planteos consensuados previo a la COP26 de Glasgow y COP27 de Sharm el-Sheij, donde se expuso claramente que el sector es parte de la solución a los desafíos de la sostenibilidad, y no del problema.
En esta ocasión, en la Declaración Conjunta, además de reiterar el compromiso con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, poniendo en valor todo el trabajo que se viene realizando en Argentina para el aumento sostenible de la producción, se señala que para poder expresar todo nuestro potencial productivo de manera sostenible, es indispensable, el financiamiento y los aportes para las adecuaciones de los sistemas productivos así como un sistema de comercio internacional justo, transparente, libre de restricciones injustificadas y subsidios distorsivos. Es por ello que se plantea la importancia que ambos temas sean abordados con determinación en la COP28, arrojando resultados concretos: "sin decisión, no hay acción climática".
En la Declaración Conjunta se remarca que los principales reportes de los organismos internacionales especializados señalan que además de la "triple crisis ambiental" (con grandes desafíos en materia de cambio climático, pérdida biodiversidad y polución), hay otros flagelos igualmente urgentes y prioritarios, como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de desarrollo, que deben ser abordados con toda la determinación y compromiso por todas las naciones, las más desarrolladas y las que están en vías de desarrollo. Esta situación se ve agravada por un contexto internacional sumamente complejo con un notorio debilitamiento del multilateralismo, que da lugar a la adopción de medidas comerciales unilaterales restrictivas o distorsivas que, lejos de buscar obtener resultados legítimos en materia ambiental, tienen como objetivo proteger a sus industrias y mercados internos frente a la competencia internacional, en especial a la proveniente de Países en Desarrollo (PEDs). Es por ello que en la Declaración Conjunta se hace un llamamiento a evitar esta clase de medidas sin base científica y se convoca a los países a retomar con firmeza y decisión las negociaciones en la OMC para la eliminación de toda clase de subsidios distorsivos y la remoción de las barreras arancelarias y para-arancelarias.
Por otra parte, se convoca a terminar con las dilaciones en la reglamentación e implementación del Artículo 6 del Acuerdo de Paris. Estas demoras son una pérdida de tiempo fundamental, el desarrollo de mecanismos de compensación por medio de mercados de carbono tanto por la captura como remoción de carbono brindan una solución concreta que no puede seguir pendiente de especulaciones políticas, es necesario el financiamiento para la implementación de manera urgente.
Del encuentro, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; el responsable de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Ariel Martínez; el director Nacional de Relaciones Internacionales, Maximiliano Moreno; los presidentes de Fundación Barbechando, German Paats, y de Maizar, Pedro Vigneau; el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; Marcos Pereda y Andrés Costamagna, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Marcelo Espinosa y Lucas Magnano de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); los representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera -Centro de Exportadores de Cereales (CIARA - CEC), Gustavo Idígoras, y demás representantes del Consejo Agroindustrial Argentino
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Se realiazará la primer Campaña Plurinacional Antiextractivista

 


Más de 60 organizaciones se suman a la 1° Campaña Plurinacional Antiextractivista

Fecha de Publicación
: 28/11/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


Más de 60 asambleas territoriales, organizaciones y comunidades originarias, además de personas autoconvocadas, participan de la 1° Campaña Plurinacional Anti-extractivista, un espacio horizontal y abierto que tiene como objetivo visibilizar cómo la forma de producción extractivista impacta en cada territorio y aspecto de la vida mediante actividades que se llevarán a cabo el 4 de diciembre en ciudades y pueblos de diferentes provincias del país.
"La contaminación de las fuentes de agua, los movimientos sísmicos por el fracking, la megaminería, los agrotóxicos en la leche materna, los incendios forestales son sólo algunos ejemplos de las consecuencias a las cuales se ha llegado en nombre del 'progreso' que sólo trajo desigualdad y, bajo la promesa de empleo, empobrecimiento de les habitantes y territorios", indicaron los espacios organizadores.
En este contexto, desde hace varios meses, las organizaciones y colectivos vienen articulando para realizar el 4 de diciembre y en los días previos (sábado 2 y domingo 3) actividades en cada territorio bajo una consigna común: #bastadeextractivismo.
"La Barrick Gold prometió a principios de este siglo desempleo cero y el exgobernador (José Luis) Gioja prometió que no se vería afectada, ni la cantidad ni la calidad del agua del Río Jáchal. Prometieron un paraíso minero pero nos están dejando un infierno: pobreza, sequía y contaminación del río con mercurio proveniente de los sucesivos derrames que se repiten hasta la actualidad de la Mina Veladero", describió a Télam Carolina, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca (San Juan).
La asambleísta recordó que entre el 12 y 13 de septiembre de 2015 se produjo un derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada en la Mina Veladero, hecho considerado como "el peor desastre ambiental minero de la Argentina" y por el que todavía no se juzgó a los responsables en la justicia federal.
Tras este episodio, la Mina Veladero (actualmente gestionada por la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold), tuvo otro cuatros derrames más.

El uso de agrotóxicos
Para quienes viven en zonas fumigadas ni siquiera está la promesa de progreso: "Los agrotóxicos y sus consecuencias no siempre son evidentes a primera vista. Capaz uno se da cuenta cuando aparece un sarpullido extraño en un ser querido, cuando de golpe empiezan a morir insectos o animales sin motivo aparente", contó Agustín, de la asamblea ambientalista Exaltación Salud.
"A veces es peor, uno abre los ojos con la muerte de algún ser querido que, a pesar de llevar adelante una vida sana, de repente muere por un cáncer fulminante. Cuando uno se 'despierta', empieza a ver las consecuencias de este modelo tóxico en todas partes. Porque en los pueblos fumigados, si algo sobra, son pruebas en carne propia del daño de los agrotóxicos", continuó.
A pesar de tener un amparo judicial que prohíbe las fumigaciones de manera terrestre a menos de 1.000 metros de casas y escuelas, las y los vecinos del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz han denunciado pulverizaciones con agrotóxicos violatorias de la decisión de la Justicia: la última fue en septiembre cuando se produjo una fumigación a menos de 800 metros de la escuela de La Lata, en Capilla del Señor.
Desde una mirada más general, Paula de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), describió que "extractivismo es un concepto que reúne en su interior todas las actividades de saqueo y contaminación que llevan adelante las grandes corporaciones de la mano del gobierno de turno sin que importe la consecuencia sobre las comunidades afectadas, todo con un único objetivo, la ganancia privada".
 La activista ambiental señaló que llevan "décadas de esta práctica, por ejemplo, comiendo agrotóxicos que primero contaminaron ríos, suelos y cuerpos de otras especies; tomando agua con venenos y metales pesados pues luego de hacer volar una montaña en mil pedazos para extraer oro y demases, vierten las aguas residuales en algún río cercano; viendo grietas abrirse en las paredes de nuestras casas que tiemblan producto de la extracción no convencional de gas y petróleo; perdiendo cosechas y suelos por sequías e inundaciones consecuencias de la feroz deforestación constante".
Y añadió que "con estos ejemplos puede verse que las problemáticas socioambientales afectan a todas las personas, por eso uno de los ejes de la campaña es 'dime de dónde eres y te diré qué extractivismo padeces'".
Las acciones que se realizan en cada territorio pueden verse en la siguiente página web: https://hastacuandoextractivismo.blogspot.com/
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