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Entre Ríos: legisladores analizan proyecto de agroquímicos

 


Diputados analizaron en comisión el proyecto de ley de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 09/03/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Diputados abre el micrófono para debatir Ley de Agroquímicos
La Cámara de Diputados convocará a productores, ambientalistas, universidades y otros sectores para opinar sobre la ley que debe regular las fumigaciones.
 Diputados convocarán a representantes de distintos sectores a opinar sobre el proyecto de Buenas Prácticas en el Uso de Agroquímicos, que comenzó a tratarse este miércoles en la primera reunión del año de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja provincial.
La propuesta, que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gustavo Bordet, tiene como objetivo la "protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria", mediante la utilización de "buenas prácticas" en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios.
La iniciativa declara que se busca asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.
El diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión, destacó que el expediente tiene estado parlamentario desde 2022 y que se buscará avanzar con la participación de representantes de distintos sectores.
“Fue una reunión informativa, en la propusimos una agenda de trabajo en el marco de la comisión, para convocar a los diferentes sectores a los que le interesa que se apruebe la ley: productores, ambientalistas, gente de la salud, universidades, profesionales, expertos y funcionarios de las diferentes áreas de gobierno”, señaló Rossi.
Por su parte, la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), coincidió: “La idea es consensuar una agenda de trabajo para poder tratar esta iniciativa, así como otros que están en la comisión”.
“Con diferencias que podemos llegar a tener en algunos puntos, sabemos que hay una necesidad de tener una ley. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, después de tantos intentos fallidos, podamos tenerla esta vez”, manifestó la legisladora.
Finalmente, mencionó que la iniciativa sigue los criterios que resolvió el Poder Judicial y que encomendó legislar a los integrantes de las cámaras parlamentarias.
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Ya hay fecha para la marcha contra la pastera UPM

 


La Asamblea Ciudadana Ambiental puso fecha para la marcha contra la pastera UPM

Fecha de Publicación
: 09/03/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La iniciativa siempre cuenta con el acompañamiento en su organización integral de la Municipalidad de Gualeguaychú (logística y prevención) y del gobierno provincial (logística, prevención y seguridad) y es habitual que se declare de Interés por parte de la Legislatura entrerriana.
De esta manera, el 28 de abril, los pueblos ribereños y otras comunidades afectadas por la contaminación ambiental en todas sus formas, volverán a manifestarse contra la pastera y también contra el gobierno uruguayo y argentino por su pasividad ante el ecocidio que se va generando en el entorno del río Uruguay.
Si bien los asambleístas confirmaron la fecha, aclararon que la modalidad y otros aspectos de esta movilización todavía no se han decidido de qué manera se instrumentarán.
Al respecto, hay asambleístas que prefieren la modalidad de una caravana que parta desde Arroyo Verde hasta la cabecera del puente internacional “General San Martín” y regrese al mismo lugar para compartir allí la proclama; y otros que sugieren que se retome la modalidad de una movilización a pie directamente al puente internacional como se hacía cuando gobernaba el kirchnerismo.

Reclamo permanente
Es oportuno traer al presente –por su extraordinaria vigencia- la proclama que se compartió en la movilización del año pasado, realizada el 30 de abril de 2023.
Allí se indicó que la Asamblea Ciudadana no aceptará “la contaminación traída por Finlandia a esta región, avalada por el Gobierno uruguayo” y en consecuencia ratificó “una vez más nuestro compromiso de defender el río Uruguay”.
También se recordó que la ciudadanía de Gualeguaychú llama a reflexionar a los “poderosos del mundo” para humanizar sus rumbos, tomar una conducta racional para cuidar nuestro planeta, terminar con guerras, pruebas nucleares, fumigaciones irresponsables, y empresas altamente contaminantes”.
El año pasado se concretó lo que se venía advirtiendo años anteriores respecto del funcionamiento de la planta UPM 2 en Paso de los Toros República Oriental del Uruguay, cuyos efluentes recorren el río Negro y desembocan en el río Uruguay, con su contaminación. A lo largo de 2023 sucedieron varios hechos muy graves de contaminación, cuyas penalidades fueron irrisorias frente al daño generado.
La Asamblea también advirtió en su proclama del año pasado que no hay que soslayar la gravedad del aumento de la producción de químicos a través de Kemira, para satisfacer las necesidades de insumos de ambas plantas.
“Debemos tener en cuenta que se suma a la propia producción de la empresa pastera, dos grandes fuentes contaminantes: Kemira, empresa satélite instalada en el mismo predio que Botnia Fray Bentos, productora de insumos químicos de blanqueo, y las extensas zonas de explotaciones forestales que posee UPM, calculadas en 382.000 hectáreas, donde se utilizan fertilizantes, nutrientes y pesticidas”, denunciaron los asambleístas.
También se dedicó un planteo a la Justicia Federal de Gualeguaychú, porque a pesar de la convicción de la contaminación de la pastera judicialmente es poco o nada lo que se ha podido avanzar para su remediación.
Respecto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), los asambleístas indicaron que ese organismo por un lado se esfuerza “por el cuidado de los peces, aplicando normas para la pesca que generan risa, dado que Botnia emite 40.000 toneladas al año de productos tóxicos al río Uruguay”.
También reprochó que se siga con el monitoreo a la empresa Botnia UPM porque está viciado de nulidad, al aceptarle “condiciones” que no cumplen con las normas del Digesto del Río Uruguay, además de que “siguen sin ser publicados los resultados de los mismos”.
En consecuencias, los asambleístas exigieron “que los resultados de los muestreos se hagan públicos, de manera que sepamos a través de la gran cantidad de científicos, no comprometidos políticamente, que tenemos en nuestro país, y ellos echen luz sobre datos hasta hoy dudosos y cuestionados”.
También reprocharon que no se cumple con lo publicado en abril de 2022, cuando se anunció que iba a colocar “los sensores de contaminación de aire, un anhelo de esta Asamblea reclamado desde hace muchos años”.
“También esperamos que se cumpla con el proyecto de la reconversión del refugio de Arroyo Verde y su puesta en valor, para recibir con comodidad a las delegaciones de nuestro país y del exterior que nos visitan para informarse de nuestra lucha y dar mayor seguridad a los visitantes a este lugar histórico y cultural”; hoy paralizada por decisión del gobierno nacional que suspendió toda obra pública.
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Impugnarán el EIA de la extracción de areneras para fracking

 


Impugnarán el estudio de impacto ambiental de las areneras de Ibicuy

Fecha de Publicación
: 06/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero.
En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó al portal Era Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.

Participación ciudadana
En el Salón Punto Digital de Ibicuy, ubicado en calle Belgrano 919 de Ibicuy se llevará adelante el 20 de febrero venidero, a las 10, un encuentro de Participación Ciudadana. Se trata de una reunión abierta a la comunidad para interiorizarse y hacer preguntas sobre un análisis de impacto ambiental acumulativo de la actividad minera que se realiza en el Departamento Islas del Ibicuy para extraer arenas silíceas.
La instancia se abrió a partir de un recurso de amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.
En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, que fue elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue puesto a consideración pública en un sitio dispuesto por la Justicia. Para saber de qué se trata este estudio, la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable, convocó así para este encuentro informativo.
En esta audiencia pública, el abogado Ricardo Luciano, expondrá lo que entiende son “yerros gravísimos” del Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) que fue publicado, adelantó en diálogo con el portal Era Verde. El profesional es actor en otras demandas judiciales respecto al accionar de las empresas de explotación de arena silíceas, y tienen una mirada crítica respecto a los mecanismos para otorgar permisos y controles a estas firmas. Apunta que se trata de “un negocio millonario en dólares que se estima para este año en sólo la arena de sílice extraída en Entre Ríos para Vaca Muerta de 700 millones de dólares. ¿Qué les queda a los entrerrianos? Nada, sólo depredación”, describe para dar cuenta del delicado escenario del que se habla.

Fruto venenoso
De lo analizado, Luciano señala que “contiene yerros inexcusables, burdos, que más que un EdIA es un ‘copia y pegue’ de los estudios ya presentados por las areneras que actúan en la zona, y se sabe que son realizados a medida e interés de las areneras”, criticó. Esto, afirma el letrado, lo ha dicho “en cada audiencia pública que he asistido, lo he manifestado. Pero ni siquiera el ‘copia y pegue’ les impidió caer en el yerro inexcusable que denunciare en su oportunidad”, anticipó. Por este actuar, entiende el abogado, el documento “tiene una pifia, vicio, error de origen que, como dicen los penalistas, todo lo que sigue después es nulo, ‘Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso´”.
El detalle de las observancias tomará forma de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó Luciano al portal Era Verde, que será presentada “a las autoridades correspondientes: Municipalidad de Ibicuy y Secretaría de Ambiente provincial, y que ambas tendrán que responder, a cada punto”. Hasta tanto no se evacúen las solicitudes de información, la aprobación estará en suspenso, planteó.
Lo que más ha llamado la atención de Luciano, y uno de los ejes de esa impugnación es respecto a lo que se denomina Plan de Cese, “o dicho de otra forma ‘cómo solucionamos los pasivos / daños ambientales generados por la actividad minera’” que, según se menciona en la página 243 se “dan como alternativa a la ‘Acuicultura en canteras’”. En este orden, en el punto 3.13 propone que “el cese y abandono está previsto para el año 2032, con una prórroga por condiciones complementarias hasta 2037. El destino proyectado con el cual se reemplazará a la actividad minera en el establecimiento será producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura como propuesta productiva”. Al respecto, el profesional explicó que “se debe entender como ‘humedal antrópico’ a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador, es decir dejan como pasivo/daño ambiental una modificación ‘contra natura’ de lo que la naturaleza sabiamente generó durante miles de años”. Y que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.
Respecto a la cría de “peces en cautiverio”, a Luciano le surgen algunas incógnitas, como “quién instruirá a los lugareños de la zona en la nueva actividad; de donde surgirán los capitales y el agua para la ‘nueva y revolucionaria’ actividad económica; como harán para cambiar la idiosincrasia de los habitantes de la zona que tienen muy arraigada su forma de vida que se sustenta en la cría de ganado bobino, ovino, y equino’.
Finalmente, calificó a quienes realizaron el estudio como “desinformados y faltos de preparación”, que “intentan de cualquier forma hacer parecer viable algo que es inviable”.
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Tomarán muestras para medir el impacto de UPM-Botnia

 


Para medir el impacto de UPM-Botnia, recogerán muestras de agua en afluente del Uruguay

Fecha de Publicación
: 02/02/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional - El Entre Ríos


Este miércoles se tomarán muestras de agua en la boca del río Gualeguaychú, a fin de monitorear el impacto de la operación y funcionamiento de la planta UPM-Botnia en el río Uruguay. El operativo se terminó de definir este lunes en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Uruguay.
De la reunión de diseño, participaron el decano de la casa de altos estudios, Gustavo Isaack; sus secretarios, Académico y de Extensión Universitaria, Hugo Giménez y José Doratti; junto a los miembros del Comité Científico Binacional de la CARU, Ricardo Juárez y Emilio Meinville.
Por la Secretaría de Ambiente de la provincia, lo hizo el director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua, Osvaldo Fernández, acompañado por los coordinadores técnicos de la costa del Uruguay y de Gestión Ambiental del Agua, Marcelo Pérez y David Caballero.
Ambas partes analizaron otras operaciones comunes en las zonas ribereñas de la cuenca y el diseño de programas en conjunto, como también la vinculación entre el organismo provincial y la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
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La UNL estudiará la incidencia del fuego en los humedales

 


Estudian la incidencia del fuego en los humedales del río Paraná

Fecha de Publicación
: 24/01/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El objetivo de la investigación es contribuir a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de los humedales. La iniciativa es desarrollada especialistas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral junto a otras instituciones académicas, científico-técnicas y organismos gubernamentales.
En los últimos años, los incendios a nivel mundial y en la Argentina han aumentado en cantidad e intensidad. En el país, se han extendido a ecosistemas de humedales, comprometiendo su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Además, los humedales asociados a la dinámica del río Paraná atravesaron una situación hidrológica crítica sin precedentes en los últimos 50 años. Niveles de agua muy bajos en todo el sistema de cauces, gran cantidad de ambientes acuáticos secos y material vegetal muerto en pie (combustible) en exceso, desencadenaron gran parte de los incendios registrados en los últimos tres años.
Para estudiar esta problemática y contribuir a la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de los humedales del río Paraná, un grupo interdisciplinario e intersectorial de especialistas lleva adelante tres proyectos de investigación, que tienen sede en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (Fich-UNL).
"El objetivo central es desarrollar una nueva visión y capacidades de manejo integral, coordinado e intersectorial del fuego, en lugar de solo combatirlo. Esto requiere la inclusión de múltiples perspectivas, destrezas y conocimientos de actores del sector académico y de defensa civil, así como de las prácticas tradicionales de uso del fuego de las comunidades que históricamente han habitado los territorios comprendidos en los humedales del Paraná", explicó Zuleica Marchetti, docente e investigadora de la Fich y directora de los proyectos.

Gestión integral y participativa
Si bien la problemática de los incendios estuvo casi siempre circunscripta a los ecosistemas boscosos del centro y sur de nuestro país, desde el 2004 comenzó a despertar el interés del ámbito académico vinculado al estudio de los ecosistemas de humedales.
"Los humedales constituyen ambientes únicos, que brindan una importante cantidad de bienes y servicios ambientales de los cuales se beneficia la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, retienen contaminantes, mejoran la calidad del agua, disminuyen la erosión y el efecto de las inundaciones en regiones aledañas, secuestran carbono, producen materia prima, entre otros", comentó Marchetti.
Por esta importancia vital y para protegerlos ante la incidencia del fuego, los proyectos proponen medidas de gestión integral y participativa, que incluyan saberes locales, académicos y brigadistas, que contribuyan a un manejo adaptativo del fuego sostenible socio-ecológicamente.
En este sentido, entre otras actividades que contemplan los proyectos, se prevé generar ámbitos transdisciplinarios de discusión y entrevistas con productores, comunidades locales y actores sociales involucrados, así como realizar quemas científicas controladas en un sector seleccionado y adecuadamente aislado de estos humedales.
"A través de esta metodología, se pretende identificar, evaluar y caracterizar variables como uso social del fuego, suelo, vegetación, invertebrados, vertebrados y calidad de agua. Asimismo, se van a explorar herramientas de sensoramiento remoto para estimar áreas afectadas por incendios, monitorear las condiciones ambientales y generar sistemas de alerta temprana", detalló Marchetti.
Hasta el momento, se han realizado dos quemas controladas en territorio con monitoreo de campo y análisis de laboratorio y la charla de divulgación científica «El fuego, ¿elemento natural o humano? Desafíos para su gestión en tiempos de cambio climático y uso de la tierra», a cargo de la Dra. Bibiana Bilbao, (que contó con la participación de más de 100 personas) y está disponible en el canal de YouTube de la FICH.

Temática innovadora
Si bien algunos investigadores de la Fich tienen antecedentes en investigaciones sobre temáticas que de alguna manera se vinculan con el fuego, el análisis interdisciplinario de la ecología del fuego surge como una temática de estudio innovadora dentro de la facultad, en la medida que plantea comprender la dinámica ambiental de los humedales, donde el fuego ha sido un elemento sumamente presente en los últimos años.
Cabe destacar que las otras instituciones involucradas en estos estudios son la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL; la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia de Santa Fe; el Centro de Investigación y Transferencia, Universidad Nacional de Rafaela-CONICET; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Paraná (Oro Verde); el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias Rosario, de la Universidad Nacional del Rosario; el Instituto Nacional de Limnología, de UNL-CONICET; la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y el Colectivo Cobra CIC del Reino Unido. También colaboran la Dirección Nacional de Vialidad, 7º Distrito Santa Fe, División Conservación; el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT Santa Fe y el Instituto Nacional del Agua, Centro Regional Litoral.

Los proyectos
Proyecto PICT: "Incidencia de los incendios en los humedales del Paraná: lo que necesitamos conocer del fuego en post de contribuir con prácticas de manejo integradas y socio-ambientales sostenibles".
Proyecto CAI+D Orientado: "Dinámica socio-ecológica, ocurrencia de incendios y propuesta para el manejo integrado del fuego en humedales del Paraná".
Proyecto PEICID: "Efecto del fuego sobre la vegetación, suelo y calidad del aire: hacia una propuesta de manejo integrado de los incendios en humedales del Paraná".
Además de llevar adelante estos proyectos, la Fich participa del Proyecto Fire Adapt, financiado por las Acciones Marie Skłodowska - Curie de la Unión Europea, que facilita el intercambio de especialistas de 24 instituciones de 10 países de Europa y Latinoamérica, con el objetivo de reunir la experiencia sobre la diversidad completa de tipos de incendios y sus diferentes contextos en regiones de la cuenca mediterránea y América Latina para mejorar la compresión del papel del Manejo Integral del Fuego (IFM) en la prevención de incendios forestales y la mejora de servicios ecosistémicos y culturales.
"Este año, participé en las primeras actividades del Fire Adapt en Europa. Los casos de estudio y la Asamblea General del proyecto se realizaron en Cataluña, España. La experiencia fue muy interesante porque no solo participamos de la planificación de los próximos cuatro años de trabajo, sino que tuvimos la oportunidad de conocer cómo se realizan las actividades de quemas científicas en otros países, visitando varias localidades donde se han llevado adelante estas prácticas de manejo de fuego. Además, el intercambio de experiencias y debate científico en primera persona fue valioso y enriquecedor. Muchas de las cosas aprendidas las estamos poniendo en práctica en la actualidad", contó Aylén Carrasco, docente e investigadora de la Fich, miembro de los proyectos.
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Justicia declara inconstitucional una norma sobre agroquímicos

 


Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación
: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Entre Ríos: justicia convoca a reunión por extracción de arena

 


Convocan a una reunión con participación ciudadana por la extracción de arenas silíceas en Ibicuy

Fecha de Publicación
: 14/12/2023
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La iniciativa se tomó en el marco de del legajo “Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista y otro c/Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros s/Acción de amparo (Ambiental)-Expte. Nº 10840, en trámite ante la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, de la ciudad de Paraná, María Valentina Ramírez Amable.
La presentación del “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy, Entre Ríos, Informe Final” se llevará adelante el viernes 15 de diciembre próximo, a las 10, en el Salón Punto Digital, ubicado en calle Belgrano 919, de la localidad de Ibicuy. Durante el encuentro se expondrán los resultados y se brindarán las respuestas a consultas recibidas.
Las consultas deben enviarse a la dirección de correo electrónico: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
El referido Estudio de Impacto Ambiental se puede consultar en la página web de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos: https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/, "Información para la comunidad - Fallos Judiciales", en el siguiente link:  https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/COMUNIDAD/INFORME%20FINAL%20ARENAS%20DE%20IBICUY_compressed.pdf
Asimismo, se hace saber que el expediente de referencia se puede consultar públicamente en: https://mesavirtualpublica.jusentrerios.gov.ar/expedientes (Paraná - Cámara Civil y Comercial Sala 3-Expte. 10480).
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Arenas para fracking: multa para el estado entrerriano

 


Multan al Estado entrerriano por no presentar estudios de las areneras

Fecha de Publicación
: 06/12/2023
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La jueza en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, Susana Rearden, resolvió la “imposición de sanciones conminatorias” al Estado provincial por no presentar los estudios hidrogeológicos de la formación Delta Aluvial Isla Talavera, el acuífero explotado para extraer y lavar material destinado al fracking petrolero en Vaca Muerta.
La magistrada resolvió así en el amparo ambiental iniciado por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy contra el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos, en donde se pretende saber el impacto ambiental del uso minero en el reservorio subterráneo que también es utilizado para brindar el servicio de red a los vecinos de Ibicuy, en el departamento Islas.
El Gobierno provincial no pidió prórroga para cumplir la demanda, ni tampoco presentó la documental requerida, explicó el abogado litigante, Ricardo Luciano. Se aguarda ahora una apelación de medida o que por el contrario quede firme y comience a correr el castigo.
El jueves 30 de noviembre, la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, Susana María Graciela Rearden, entendió que “encontrándose vencidos los plazos y prórrogas oportunamente otorgadas” para que el Estado provincial efectúe e informe sobre el estado del agua subterránea denominado Delta Aluvial Formación Isla Talavera, corresponde hacer efectivo un apercibimiento dispuesto el 7 de noviembre pasado fijando la suma de $50.000 por cada día de retraso, publicó el portal Era Verde.
La decisión de la jueza se da en el marco de expediente Nº 14.070 “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Ibicuy c/Corufa – Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, y que se remonta al 7 de septiembre de 2022. Entonces, Rearden sentenció a la Provincia a realizar el estudio hidrogeológico del agua subterránea del Delta Aluvial Formación Isla Talavera. Luego de ser apelada, esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, para lo cual otorgo 180 días para llevar a cabo los análisis.
Expirado ese primer período sin presentar la documental requerida, en abril de 2023 se otorgaron otros 180 de prórroga que en lo formal vencieron el 31 de octubre del 2023. Vencido esta segunda prórroga, el 7 de noviembre pasado la jueza Rearden intimó “al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, presente los estudios hidrogeológicos ordenados en la sentencia, en el término de diez días, bajo apercibimientos de imponer sanciones conminatorias”.
Es por eso que, transcurrido este lapso sin novedades, Luciano reiteró su reclamo pidiendo astreintes (una multa que se incrementa con el tiempo en la medida que no se cumple con lo requerido) “atento al irresponsable e injustificado incumplimiento ordenado por la sentencia dictada en autos”, contó en su momento el abogado litigante Ricardo Luciano.

Sin novedades
“No presentaron nada, ni pidieron nueva prórroga”, señaló Luciano al portal Era Verde. “Ya estaba vencidos dos períodos de 180 días que se les había otorgado para que presenten los estudios. Luego pedí que se los intimara; se los intimó por 10 días más y nada. Ni siquiera pidieron un nuevo plazo y es por eso que, ante mi pedido, se les aplica una multa de 50.000 pesos por día hábil. Esta resolución salió el jueves. Así que la semana que viene sabré si esto se apeló o no al Superior Tribunal de Justicia (STJ)”, adelantó el letrado.
En el escrito, la magistrada registró además que recibió el archivo adjunto de “un listado de consultores en estudios de impacto ambiental” que aportó el representante del Cooperativa de Agua para que se lleven adelante los trabajos requeridos, atento la Provincia apunta que no tiene medios para hacerlos.
Así, la jueza reseña que “atento a lo peticionado, encontrándose vencidos los plazos y prórrogas oportunamente otorgadas, y dado que la demandada no ha demostrado haber dado cumplimiento a la manda judicial, la solicitud de imposición de sanciones conminatorias debe ser, en mi criterio, receptada y corresponde por tanto hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 07/11/23, fijándolas prudencialmente a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) por cada día de retraso a partir de la notificación de la presente”.
Por último, aclara que “teniendo en cuenta que la demandada sólo puede cumplir el mandato en días hábiles, resulta plausible establecer que las astreintes se devengan por días hábiles”.
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Entre Ríos: investigadores de conicet trabajan por el yaguareté

 


Integrantes del Conicet realizan una investigación sobre yaguaretés en la región

Fecha de Publicación
: 21/11/2023
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


Mauro Lucherini y Paola Nogales Ascarrunz se encuentran en la provincia para investigar acerca del yaguareté. Continuarán su recorridos por otros puntos del país, como así también Brasil, Perú y Bolivia, supo Elonce.
Norberto Muzzachiodi, estudioso de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Entre Ríos y del Museo Argentino de Ciencias Naturales, explicó a Elonce que “queremos presentarles a dos expertos mundiales con quienes visitaremos la reserva para la cual estamos trabajando en Entre Ríos, en conservación de fauna silvestre. Posteriormente irán a visitar otros proyectos”.
“Paola es experta yaguareté y en una metodología particular que no es nada fácil, como es la genética. Mauro es italiano y vive en Argentina hace mucho tiempo. Trabaja en el conflicto de la fauna con el hombre, en función de actividades productivas”, dijo.
Mauro Lucherini, investigador italiano, expresó que “uno de los objetivos de este viaje es conocer un poco más Entre Ríos. El problema del que yo me ocupo es nacional y también se encuentra acá. Los gobiernos no le dan mucho interés y queda en manos de organizaciones de conservación, para tratar de buscar soluciones y que puedan convivir la ganadería, la producción y vida silvestre”.
“Es un problema global muy interesante que está siendo enfrentado con metodologías y herramientas diferentes. En Europa la mayor parte de los carnívoros están protegidos. Es el gobierno el que tiene planes de compensación económica para quienes tienen pérdidas. Después es un problema que varía. Estos conflictos afectan a todas las especies, es un problema de conservación. Hay que conservar la biodiversidad”, dijo.
“Vine hace más de 30 años a Argentina, estoy trabajando con gente de acá y otros países. Es algo que me encanta, me ha llenado mucho. Estamos tratando de hacer una diferencia. Soy investigador del Conicet”, remarcó.
Paola Nogales Ascarrunz, investigadora, dijo que “estamos haciendo un intercambio de conocimientos. Yo vengo a visitar a Mauro, quien tiene mucho conocimiento y experiencia en estos temas. Vamos a visitar los diferentes proyectos para ver qué se está haciendo en la región y en Bolivia, para intercambiar experiencias”.
“En unos días vamos a Brasil, donde tienen un proyecto de génetica. Vamos a ver cómo podemos hacer sinergia para trabajar todos juntos en la conservación del gato montés”, resaltó.
Dijo que “en el caso de los jaguares, no había estudios de genética como tal porque no tenemos desarrollada esta parte. Empezamos un laboratorio desde cero porque tenemos el problema del jaguareté en Bolivia. Los colmillos son vendidos a China. Hasta la fecha tenemos 600 colmillos confiscados, pero no sabemos de dónde vienen. Bolivia sería como un centro de tráfico porque tenemos partes de yaguareté que vienen de Perú, de Brasil y demás. Hace tres años venimos trabajando en estos marcadores, que son como una huella digital genética de los yaguaretés bolivianos. Podemos agarrar cualquier colmillo y al hacer el estudio del ADN sabremos dónde se ha matado este jaguareté”.
“Así podremos tener mayor control y áreas de mayor conservación. No queremos que esto siga pasando”, señaló.
El yaguareté “es muy importante, si se extingue el ciclo de la vida nos va a afectar a nosotros. Si no hay yaguareté nosotros nos vamos a quedar sin agua, sin recursos. Esa es la importancia de proteger flora y fauna”. Elonce.com
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Otra vez UPM Botnia tuvo un "accidente"

 


La pastera UPM Botnia tuvo “un accidente”, pero afirmaron que “no hay riesgo”

Fecha de Publicación
: 18/11/2023
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional


Una rotura de cañerías en la fase final de la producción de celulosa, generó otro derrame que obligó a paralizar la planta de la multinacional. Desde la empresa, señalaron que se trató de una “descarga de celulosa” en Paso de los Toros.
El último sábado, la multinacional finlandesa UPM publicó en su sitio oficial un comunicado titulado “Actualización de tareas de mantenimiento en UPM Paso de los Toros“, donde informó que "a raíz de tareas de mantenimiento que se estarán realizando tanto en el área de línea de fibra como en el área de recuperación de la planta podrían generarse episodios de olor de forma eventual en las cercanías de la planta que en ningún caso afectan la salud de las personas. El desarrollo de estas tareas comenzará en las próximas horas y se extenderá por aproximadamente una semana".
Poco después, comenzaron a circular en las redes sociales y llegaron a algunos noticieros de la capital, fotografías y un corto video de fuentes locales que ilustraban lo ocurrido en la planta. Ahí fue entonces cuando Matías Martínez Andrade, uno de los responsables de comunicación de UPM, agregó en X (ex Twitter) algunos elementos para conocer el suceso:
“A modo aclaratorio, no fue un derrame sino una rotura de una cañería que contenía celulosa. No hubo impactos ambientales ni lesionados. Se trabaja en laq limpieza de la zona para reiniciar la producción. La celulosa quedó contenida en el área tal cual lo previsto para estos casos”.
Y agregó: “UPM informó a la comunidad y medios locales sobre los trabajos el mismo día del evento” (sic).
UPM informó de estar realizando “tareas de mantenimiento”, pero en ningún momento mencionó el accidente ocurrido e, incluso después de conocidas las imágenes del caso, siguió negando que se tratara de un derrame. Evidentemente, UPM tiene un problema de comunicación porque, al pretender seguir negando un hecho cuando éste ya es público, solo consigue que se desconfíe cada vez más de la veracidad de sus comunicados y de su seriedad como empresa.
Al no contar con una información fidedigna, no podemos saber en qué etapa del proceso industrial se produjo la rotura que generó el derrame ilustrado por las imágenes. Según el Documento de Proyecto presentado por UPM a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la etapa de producción denominada “blanqueo”, utiliza un conjunto de productos químicos y ejecuta una sucesión de lavados para remover de la celulosa la lignina residual y otras impurezas coloreadas.
La planta utiliza una secuencia libre de cloro elemental (ECF, por sus siglas en inglés) cuyos “insumos químicos principales son dióxido de cloro, hidróxido de sodio (soda cáustica), oxígeno, peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico”. Hasta este momento, no se sabe en qué etapa del blanqueo se produjo la rotura y, tampoco, cuál era la composición del producto derramado en ese momento. Por lo tanto, esa cañería contenía algo más que solamente celulosa.
Desde el inicio de la producción, el 14 de abril pasado, además de los dos derrames conocidos, la “nueva planta de clase mundial” de UPM ha tenido más de 10 paradas de la operación para resolver problemas de funcionamiento que la empresa califica como “tareas de mantenimiento”. Los comunicados suelen advertir que “podrían generarse episodios de olor de forma eventual en las cercanías de la planta que en ningún caso afectan la salud de las personas”.
Sin embargo, los olores y el ruido de la planta de UPM sobrepasan Pueblo Centenario y Paso de los Toros llegando hasta Rincón del Bonete, a unos 17 kilómetros de la planta. De acuerdo con versiones de los pobladores de este lugar, los episodios de olor llegan a ser tales en ciertos momentos que generan nauseas en las personas y el ruido de la planta en operación es permanente y está afectando inclusive las horas de descanso en la noche.
A esta altura de los acontecimientos, el silencio del Ministerio de Ambiente, que debía conocer los hechos e informar al público de sus implicaciones, es escandaloso. Como en el anterior derrame que aniquiló la vida en el arroyo Sauce, es evidente que el régimen de control previsto para este proyecto es completamente insuficiente. En una planta de estas dimensiones no hay accidentes pequeños y, si esto no se resuelve, solo podemos esperar nuevos y mayores.
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El multimillonario y poco claro negocio de arena para fracking

 


Areneras: todas las irregularidades en un negocio de 650 millones de dólares al año

Fecha de Publicación
: 11/10/2023
Fuente: Portal paralelo32.com.ar
Provincia/Región: Entre Ríos


Entre Ríos aporta el 80% del sílice que utilizan los yacimientos de Vaca Muerta, destinado al fracking (fractura de suelo)
Nadie les pidió el estudio ambiental. El conflicto se inició en Ibicuy y sigue la causa judicial.
La extracción de arena en la zona de Puerto Ibicuy era una tarea normal que llevaban a cabo las empresas que explotaban el mineral, que incrementaron su producción, porque el producto era derivado mayoritariamente a los pozos de Vaca Muerta que comenzó a generar una gran demanda. La arena silícea que toma de los arenales de la zona y que se destinan principalmente a los mencionados centros petroleros, donde es utilizada en conjunto con agua y productos químicos para quebrar la roca madre y facilitar el acceso al petróleo y el gas, depositados en las grietas. Este procedimiento se conoce como fracking (fractura).
La explotación indiscriminada del mineral generó inquietud hasta derivar en un conflicto que se originó el pasado año, cuando el apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, Ricardo Luciano, solicitó al gobierno de Entre Ríos información sobre las licencias y estudios de impacto ambiental, otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia a las empresas particulares para extraer arena tipo silícea del río Paraná.
Luciano dijo a Paralelo 32 que siempre hubo areneras en la zona, extrayendo material que se destinaba  a la construcción y después la de sílice que utiliza la industria del vidrio. Esta última es la que se destina ahora a Vaca Muerta. “Hasta hace cinco o seis años las dos o tres areneras extraían en forma racional y la fábrica de vidrio cagaba un camión por semana con arena de sílice”.
A partir de la fecha mencionada comenzaron a proliferar las empresas que se sumaron al pingue negocio. Actualmente hay 9 areneras y 4 plantas de lavado, en su mayoría sociedades anónimas. Mediante un proceso que utiliza abundante agua, se obtiene el sílice tratando la arena extraída a cielo abierto. “Separa la arena en crudo, de la arena de sílice que se emplea para el fracking”, explica el dirigente cooperativo.
¿Por qué se preocupa y ocupa en este tema la Cooperativa de Agua de Ibicuy?  Para este procedimiento utilizaban agua subterránea, lo que generó preocupación en la cooperativa por la posible alteración o contaminación de las napas, desde donde bombeaban el agua potable.
Hay 4 plantas de lavado que extraen del acuífero 500 millones de litros de agua por mes, mientras que Ibicuy consume 30 millones durante el mismo período. Agregó que nuestra provincia tiene 4 acuíferos, El Paraná, Ituzaingó, Palmar y Salto Chico. En el sur de nuestro territorio se encuentra otro en formación,  denominado  Delta Aluvial Isla Talavera, que es un acuífero incipiente y con  mayor contenido de sal.

Recurren a la justicia
Ante esta realidad, se hicieron presentaciones administrativas para que la Secretaría de Ambiente informe sobre el impacto en el ecosistema que generaban estas explotaciones y los posibles problemas de contaminación. Según el profesional, no tuvieron respuestas satisfactorias y acudieron a la justicia.
“Frente a esta situación y ante la fragilidad de esa fuente de agua que utilizaban para el lavado,  el presidente de la cooperativa se preocupó y actuó presentando – en este caso- un amparo (artículo 58 de la Constitución) con el objeto de que la justicia  obligue al gobierno a cumplir con los fallos, que exigían un informe completo relacionado al impacto ambiental y contaminación”. A esta situación se llega porque los reclamos realizados a la Secretaría de Ambiente para que suministren informes de impacto, no habían sido respondidos. El amparo fue favorable,  en consecuencia se paralizó la actividad de 9 plantas y 4 lavadoras en base al dictamen judicial que obtuvieron. Agregó que todas estaban trabajando en forma irregular y el organismo responsable de cuidar el medio ambiente, no realizaba las acciones correspondientes.

Justicia Federal
Se encontraron muchas irregularidades en el marco de lo que dictaminó la justicia ordinaria y el año pasado hicieron otra presentación ante la Justicia Federal, porque, con el excedente del proceso de producción, las empresas lo derivaban al río y taparon parte del espejo de agua y las bocas de lagunas.  “Esto dio lugar a la demanda por contaminación del río Paraná”. Se llegó al mismo resultado; la clausura; pero esta vez con la intervención del Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, y el Fiscal de Estado de nuestra provincia.
“Sucedieron algunas cosas inconcebibles; las areneras habían trabajado entre el 2017 y el 2020 sin haber hecho ningún trámite en la Secretaría de Ambiente”, según se desprende de los expedientes que suministraron, gracias a una orden judicial. Falta preguntarnos, y dejamos fuera de esto a Luciano, ¿por qué razón la Secretaría de Ambiente no intervino en el movimiento de explotación mineral más grande de la provincia?
Pasada la etapa de clausura, el Intendente de Ibicuy autorizó el funcionamiento de 4 plantas que no habían cumplido con el mandamiento judicial, es decir no tenía el certificado de aptitud ambiental. Esto ameritó una nueva presentación por irregularidades, que se sustancia en la justicia. Nuevamente… ¿qué mueve a un intendente a contravenir un fallo de la justicia para autorizar una actividad que seguía trabajando sin aptitud judicial?
También desde octubre se descubrió que para el lavado tenían un pozo clandestino que no estaba autorizado por el CORUFA.

Datos numéricos
En una nota realizada por Paralelo 32, Luciano explicó que Vaca Muerta consume 8 millones de toneladas de arena al año, el 80 % sale de Entre Ríos, esto indica que no solamente están las empresas radicadas en Ibicuy sino que también extraen de Diamante y Victoria , algo de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre otras zonas.
Antes de esto, Vaca Muerta adquiría la arena de sílice de Brasil y Estados Unidos a 1.000 dólares la tonelada, el mineral obtenido de nuestras costas se entrega a 200 dólares puesto en Río Negro. Además, desde el 2021 a la fecha están exentos de impuestos provinciales, pagando solamente 43 pesos por tonelada declarada por la empresa.  
Por otro lado este movimiento significa el tránsito de 500 camiones por día que salen del sur de la provincia y especialmente desde Ibicuy. Es un negocio de 650 millones de dólares anuales.
Hay organizaciones ecologistas que han planteado este tema, la Fundación Cauce está elaborando dos informes, en el marco del amparo, relacionados al impacto ambiental acumulativo y contaminación,  que podrían estar finalizados a fin de mes. Está pendiente de resolución una nueva presentación de Luciano, donde se ordena hacer un estudio hidrogeológico del delta aluvial  Isla Talavera en el marco de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que todavía no se ha realizado. “Hace 6 meses de esta solicitud  y las empresas pidieron 6 meses para contestar”.
Finalmente Luciano explicó que con toda la documentación obtenida y datos testimoniales, realizarán las acciones judiciales, especialmente para evitar el daño al medio ambiente.
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Ex Botnia provoca una grave afección ambiental

 


Conflicto con la ex Botnia: Uruguay multará por un derrame tóxico a la papelera

Fecha de Publicación
: 05/10/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente denunció "una infracción al plan de gestión ambiental, considerada grave".
Uruguay sancionará a la papelera finlandesa UPM (ex Botnia) por el derrame de un efluente con soda cáustica en un curso de agua, ocurrido accidentalmente en la planta de celulosa de la empresa en el centro del país, según indicaron autoridades gubernamentales.
El Ministerio de Ambiente uruguayo prevé aplicar a UPM una multa equivalente a unos 42.000 dólares “por una infracción al plan de gestión ambiental, considerada grave visto los efectos producidos sobre la fauna y la flora”.
 Gerardo Amarilla, viceministro de Ambiente de Uruguay, señaló que “se intimó además a corregir la modalidad de operación y los temas estructurales que derivaron en el derrame. También a desarrollar un seguimiento estrecho de la condición de la cañada para verificar su paulatina recuperación”.
El incidente ocurrió el pasado 16 de agosto en la planta UPM II en Paso de los Toros, ubicada a orillas del Río Negro, a unos 260 kilómetros al norte de Montevideo. “Fue en un sector de la zona de descarga de insumos de la planta, donde se registraron elevados valores de pH y se habría identificado la presencia de hidróxido de sodio en un tramo de una cañada dentro del predio industrial y de un campo lindero al sitio”, se precisó, para agregar que “el accidente no tuvo relación con la descarga de efluentes al río Negro”.
Personal del Ministerio de Ambiente inspeccionó posteriormente la zona, en la que encontró una “sensible afectación sobre la biota del arroyo Sauce”, según un informe técnico que da cuenta de efectos en la vegetación y mortandad de peces.
“Se espera que paulatinamente y de forma natural —sin intervenciones adicionales— pueda recomponerse la fauna del curso (macroinvertebrados y peces), sin perjuicio de que resulta necesario desarrollar un adecuado seguimiento para evaluar esas condiciones de recuperación”, indicó el reporte.
UPM inauguró a principios de junio su segunda megaplanta de celulosa en Uruguay, la mayor inversión en la historia del país. La primera de la empresa, que entonces era Botnia, fue instalada en 2007 en Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina y generando un largo conflicto.
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Entre Ríos deberá difundir EIA por extracción de arena silícea

 


Impacto ambiental: emplazan a Entre Ríos por extracción de arena silícea para utilizar en fracking

Fecha de Publicación
: 25/09/2023
Fuente: El Ciudadadno
Provincia/Región: Entre Ríos


Una magistrada le dio plazo al gobierno provincial hasta noviembre para difundir estudio de impacto en el ambiente acerca de la extracción de arena silícea en la zona de Ibicuy, sobre el río Paraná, a raíz de la demanda de una ONG contra la provincia, el municipio e YPF
Una jueza de Entre Ríos fijó como fecha máxima el 31 de octubre próximo para que el Gobierno de esa provincia presente un estudio de impacto ambiental acumulativo (EIA) por la explotación de arenas silíceas en el Delta entrerriano, que debieron suspenderse ante el reclamo de gremios y fundaciones ambientales.
La jueza María Valentina Ramírez Amable resolvió que la difusión y divulgación del estudio a la ciudadanía tanto general como de la zona afectada, se realice durante el mes de noviembre.
También ordenó que la secretaria de Ambiente provincial, Daniela García, presente cada 15 días un informe a la Justicia detallando los avances del estudio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal entrerriano.
La decisión judicial surge de un pedido de la Fundación “Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista” en el marco de una acción de amparo ambiental contra el gobierno provincial, el municipio de Ibicuy y contra YPF, a cargo del establecimiento El Mangrullo.
La arena se utiliza en el yacimiento Vaca Muerta para realizar fractura hidráulica o fracking, una extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
El fracking es una técnica de perforación mixta (vertical y horizontalmente) de varios kilómetros, donde se fractura la roca y se inyectan millones de litros de agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos.
En mayo de 2022, la jueza ordenó a “suspender nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo” en la zona y estableció un máximo de 180 días.
El estudio debe evaluar “la zona de extracción, las plantas de lavado, los caminos públicos por los que circulan camiones y maquinaria pesada, y la interacción de la actividad con las poblaciones de la región”.
También exige la participación ciudadana en el estudio, ya que lo que se busca es “proteger el bien natural de carácter mineral” de la zona.
Además, la jueza obligó a realizar muestreos de calidad del agua, con estudios de toxicidad, y monitoreos de calidad de aire y agua en el delta entrerriano.
Si bien no se presentaron los resultados, el Estado Provincial comunicó que restaba la última etapa que finalizaría en octubre, y que informará los resultados en una reunión pública en Ibicuy, y también en su página web y en un email.
Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial en agosto del 2022, la empresa minera Orosmayo SA había iniciado los trámites para asentar sus plantas de extracción y extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en 5 años, consumiendo 429.333.000 litros de agua subterránea.
En ese entonces, el juez Hugo González Elías recordó el dictamen judicial que ordenaba que el Estado paralice “todo trámite” que habilite a estas empresas sin delimitar “la zona afectada”, y se suspendieron los trabajos.
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Otro amparo por las arenas para fracking

 


Nuevo amparo contra la extracción de arenas silíceas cerca de Diamante

Fecha de Publicación
: 22/08/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Fundación inició un amparo contra la provincia y una empresa que extrae arenas silíceas cerca de Diamante. El elemento se usa para el fracking en Vaca Muerta.
 Se inició un amparo ambiental por la extracción de arenas silíceas del río Paraná, en una zona cerca del departamento Diamante. El proceso lo inició la Fundación Cauce: Cultura ambiental-Causa Ecologista contra el Estado Provincial y Arenas Argentinas del Paraná S.A. El trámite está a cargo del Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná, Hugo González Elías.
La arena que se extrae es utilizada en el fracking (fractura hidráulica) en la reserva de gas de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. En la provincia ya hubo otros amparos que cuestionaron la extracción de arena en la zona de Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
Según registró UNO, ahora se informó que la Fundación pretende que se ordene al Estado Provincial la "realización de una correcta evaluación de impacto ambiental acumulativo de forma de asegurar una explotación sustentable del recurso, considerando que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y que dio origen a la autorización estatal para la extracción de arena es defectuoso por diversas razones que constan en su demanda".
En 2019, la Fundación realizó un amparo contra la provincia y la empresa, cuando buscó la anulación del certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio de Diamante en diciembre de 2018.
Como primera medida, el juez Elías convocó a participar del proceso colectivo a todo aquel entrerriano que se encuentre interesado en participar en defensa de los derechos colectivos al ambiente, en particular, en la explotación sustentable de los recursos naturales en el río Paraná donde la empresa demandada se encuentra autorizada a extraer, podrá hacerlo dirigiéndose a la dirección de correo: seccamcontadpna@jusentrerios.gov.ar .

Pedido a la justicia
En el escrito, Cauce solicitó a la justicia que ordene al gobierno provincial realizar una correcta evaluación de impacto ambiental de la actividad que pretende desarrollar la Empresa Arenas Argentinas del Paraná, realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo y que se dicten las medidas necesarias para prevenir daños ambientales en el río Paraná, principalmente en la zona de Paraná Medio y sus humedales.
“En su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los recursos que le pertenecen por encontrarse en su territorio, de conformidad con lo normado por el artículo 85 de la Constitución Provincial y Decretos 4977/09 y 3498/16, no ha desarrollado acciones preventivas concretas ni estudios adecuados respecto de los impactos ambientales acumulativos que implica la autorización que ha otorgado a más de 40 empresas para que realicen dragados, en distinta escala, en el río Paraná, especialmente en áreas naturales protegidas como lo son la RUM Paraná Medio, la RUM Humedales e Islas de Victoria y la RUM De los Pájaros y sus Pueblos Libres (todas territorio PIECAS, también)”, indicó el texto respecto de la no actuación del Estado provincial.
En el caso de la empresa Arenas Argentinas del Paraná S.A., la Fundación pidió que presente un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la zona específica en la que realizaría –o pretende realizar– la actividad extractiva (km 559/561) porque en el que se basó la Secretaria de Ambiente para su autorización es un EsIA de 2017 de otro sitio -ubicado entre los kilómetros 517 a 523 en cercanías al departamento de Diamante-, sin contemplar las diferencias en las características físicas, biológicas y socioeconómicas entre ubicaciones ni la temporalidad. es decir los cambios ambientales y ecosistémicos que han sucedido en estos seis años.
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Entre Ríos: en la justicia causa contra country que desvió un río

 


Entre Ríos: Desviaron el río Gualeguaychú para beneficiar a un country

Fecha de Publicación
: 18/08/2023
Fuente: Portal lapoliticambiental.com.ar
Provincia/Región: Entre Ríos


Altos de Unzué SA es una empresa inmobiliaria condenada por la Justicia a recomponer el daño en un sector de humedales en Gualeguaychú, donde comenzó a construir un barrio náutico. Para cumplir con la pena presentó un plan de remediación que fue aprobado por el área de Ambiente de Entre Ríos, pero el trámite no ingresó al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la jurisdicción, donde se dirime la cuestión. Esta situación fue reclamada por los demandantes y solicitaron una medida de no innovar sobre la supuesta compostura. Entre tanto, las tareas en el lugar comenzaron. Finalmente, la suspensión fue admitida, pero la resolución judicial llegó tarde, ya que la firma en su “reparación” logró abrir un canal artificial que une el loteo con el río Gualeguaychú, en su plan de consumar un acceso de lanchas de lujo y yates a los futuros chalet el country fluvial. Ante la alteración del curso de agua, la Municipalidad pidió medidas urgentes para frenar todo este desmadre, pero según señalaron a ERA Verde, hasta ahora no hay certezas que el movimiento de máquinas haya cesado.
Este jueves 10 de agosto, la Municipalidad de Gualeguaychú dio a conocer una comunicación oficial, donde señaló que peticionó a la Justicia para que “intervenga de manera urgente e inmediata ante el avance de las obras en Amarras de la ciudad de Pueblo Belgrano”. El anuncio se refiere al country fluvial con el nombre comercial que construye la empresa Altos de Unzué SA que, tras años de litigio legal, fue encontrada culpable de daño ambiental por su proyecto inmobiliario y condenada a reparar este perjuicio a los humedales de Gualeguaychú.
Es así que el municipio constató que el día de la víspera, “a través de una inspección documentada fotográficamente”, pudo observar a “máquinas que han trabajado en el desvío del río Gualeguaychú, como así también los 5 metros de ancho que tiene la rotura de la costa que ingresa hasta una de las lagunas de Amarras”. Lo que refiere el municipio es que las supuestas tareas de remediación que la firma comenzó por cuenta propia, causaron una serie de intervenciones que en principio no tienen que ver con los propósitos por los que fue condenada.
“Le hemos pedido al juez que tome inmediata intervención, que ordene una recomposición inmediata del cauce de nuestro río y que además ordene la interrupción de cualquier tipo de obras que se estén llevando a cabo en este sentido y que personalmente tome medidas y ejecute acciones, aunque sea con el auxilio de la Fuerza Pública” expresaron en un escueto comunicado desde la dirección de Legal y Técnica del municipio en donde sostienen que el desvío del cauce del río Gualeguaychú realizado “por Altos de Unzué SA y el municipio de Pueblo Belgrano” y las obras en Amarras “incumplen el fallo de la Corte Suprema”.

Aberración
En diálogo con ERA Verde, Selva Chesini, abogada que integra el equipo que inició la demanda por los perjuicios del barrio privado, explicó que se llega a esta situación reciente a partir que el 7 de junio pasado, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aprueba un plan de recomposición ambiental propuesto por la empresa. Esto es luego que Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos la condenara a “recomponer el daño ambiental producido” por la construcción del barrio náutico en la comuna de Pueblo General Belgrano, a instancia de un tirón de orejas que recibió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero resulta que el plan de remediación presentado por la consultora Bisa Barbagela SA en nombre de Altos de Enzué SA, no fue tramitado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Gualeguaychú, a cargo de Ricardo Javier Mudrovici, quien debe monitorear el cumplimiento de la manda judicial.
“La secretaría de Ambiente anunció en los medios que había aprobado un plan de remediación presentado por la empresa. Entonces nosotros comenzamos a exigir que se lo presentaran en el expediente y sea aprobado ahí. A todo esto, manifiestan que iban a comenzar la ejecución de plan en Plena Feria Judicial. Entonces presentamos escritos solicitando medidas de no innovar en el predio. Pero arrancaron igual”, contó la abogada para explicar el porqué solicitaron frenar estas obras. Pero la cuestión se aletargó en Tribunales. “El juez se demoró, como sabemos que es todo esto; nosotros pedimos habilitación de días y horas hábiles (para que se expida). Pero bueno, el 4 de agosto el juez decreta la medida de no innovar, y ya hacía una semana que estaban trabajando. Como estas medidas ellos ya conocen que tienen un tiempito hasta ser notificados, continúan trabajando hasta el lunes (7 de agosto) o martes (8 de agosto), y entendemos que estaban apurados para hacer esto (abrir un canal de donde se emplaza el country fluvial al río Gualeguaychú). No sabemos exactamente cuándo lograron abrir esto, pero seguramente estaban trabajando para esto, y lograron abrir el canal. Entiendo que ahora han frenado, pero no lo sé”, admitió la letrada.

Camino judicial
Antes que sucediera todo lo que acaeció esta semana, en 2022, el juez civil de Gualeguaychú, Ricardo Javier Mudrovici, había resuelto una multa de $200 mil diarios a pagar en forma conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, a la Municipalidad de Pueblo Belgrano –que gobierna Mauricio «Palito» Davico–, y a la firma Altos de Unzué SA por incumplir una orden judicial que ordenó desmantelar el barrio privado Amarras. El country se había comenzado a construir sin un estudio de impacto ambiental, y en consecuencia se resolvió reparar el daño que se había producido. La multa, luego, fue dejada sin efecto por otro fallo que dictó el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
De igual modo, quedó firme la orden de desmantelar el barrio privado Amarras, que generó un pleito que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución que causó conmoción e hizo mella en los magistrados del Superior entrerrianos, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Julio Jesús Majul, con la representación del abogado Mariano Aguilar, y declaró «formalmente procedente el recurso extraordinario» presentado en el marco de un amparo ambiental que rechazaba la instalación del barrio privado Amarras, un proyecto que divide a dos municipios, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.
Antes, en 2016, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos había rechazado un recurso extraordinario interpuesto por parte del colectivo de organizaciones ambientales y sociales de Gualeguaychú que acompañaron el recurso de amparo promovido por el vecino Julio Majul, con el acompañamiento legal de Chesini, contra la instalación del barrio privado Amarras. En primera instancia, la Justicia del sur provincial ya había dictaminado que Amarras avanzó con su proyecto sin contar con el visto bueno de las autoridades de Medioambiente de la Provincia.
Así las cosas, con la sentencia firme que ordenó el desmantelamiento restaba establecer de qué modo Altos de Unzué SA reparaba el daño ambiental producido con su emprendimiento inmobiliario ejecutado fuera de la legislación.
En Tribunales, la última novedad trascendió el pasado viernes 4 de agosto, el juez Mudrovici volvió a emitir una resolución –de admisión de la medida de no innovar– sobre un caso que lleva años tramitándose.
El magistrado hizo lugar, “bajo la exclusiva responsabilidad de las peticionantes, a la solicitud de medida cautelar interesada por la parte actora (el exlegislador Julio Majul, NdelR) y por la Municipalidad de Gualeguaychú, disponiendo la prohibición de innovar por parte de los demandados respecto de la situación de hecho en el inmueble de propiedad de Altos de Unzué S.A. que se denomina proyecto  Amarras del Gualeguaychú, prohibiendo y suspendiendo cualquier tipo de obras, modificaciones o trabajos en el predio hasta tanto se autorice judicialmente un plan de recomposición del ambiente”.
También hizo lugar “a la solicitud de designación de peritos para que se expidan sobre la viabilidad del plan de recomposición ambiental presentado por Altos de Unzué S.A. en sede administrativa, para lo cual la parte actora y la Municipalidad de Gualeguaychú deberán indicar la especialización que han de tener los mismos y proponer puntos de pericia, dentro del plazo de cinco días, de lo que, en su caso, se correrá traslado a las contrarias para que también propongan puntos de pericia u observen la procedencia de los ofrecidos, pudiendo las partes designar los consultores técnicos respectivos”.
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Entre Ríos pierde más de 7 mil hectáreas de bosques por año

 


Estiman que Entre Ríos pierde más de 7 mil hectáreas de monte nativo por año

Fecha de Publicación
: 12/07/2023
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El avance del desmonte en Entre Ríos sigue generando gran preocupación, registrándose año a año la pérdida de bosques nativos. Pero además, en la provincia la incidencia de la pérdida de extensiones y masa vegetal es mayor a lo que se compensa por las infraccionadas cuando se interviene con procedimientos oficiales. Datos de Greenpeace arrojan una deforestación en los últimos años de entre 2.300 y 3.500 hectáreas, con un pico en 2021 de 9.024 hectáreas perdidas de árboles. Un científico especialista de Conicet señala más de 7.000 hectáreas. La estadística es variable ya que el registro territorial de bosques no está actualizado.
El doctor Pablo Aceñolaza, Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor de Forestales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), señaló que la tasa de desmonte (velocidad con que los bosques se van perdiendo), “no es lineal, sino que se da como si fueran pulsos. Hay estudios hechos para nuestra región que muestran que lo que incide en esos pulsos de desmonte es el precio de soja. Los momentos de mayor desmonte se produjeron cuando la soja valía mucho. Al contrario, cuando la soja no valía nada, el interés por la nueva tierra cultivable disminuía y por lo tanto disminuía la tasa de desmonte”, explicó al programa “Cuestión de Fondo”, de Canal 9 Litoral.
Sin embargo, el profesional aclaró: hay un parámetro que no se visualiza y que debe ser tenido en cuenta: “El monte nativo no debe ser visto como que está o no está, ya que posee muchas etapas intermedias: entre ellas, la recuperación de desmonte, o la degradación en montes que son mejor conservados. Y esa degradación es mucho más difícil de visualizar que el propio desmonte. Hoy día, uno podría saber en tiempo casi real donde se está desmontando mediante las herramientas tecnológicas. En cambio, es mucho más difícil saber dónde y cuánto se está degradando el monte; cuánto se está entresacando leña; cuánto se está perdiendo biomasa o vegetación; o degradando por una carga excesiva ganadera o mal uso del pastero. Todo esto es más difícil de evaluar”.

Detección
Si bien las tareas de desmontes siguen en varios sectores de la provincia, hay métodos que posee el Estado que buscan detectar con la mayor prontitud posible las talas. Sin embargo, coinciden distintos profesionales consultados por Canal 9, no siempre se llega a tiempo.
En cuanto a dispositivos tecnológicos, la Nación y la Provincia poseen herramientas de control y relevamiento del monte nativo. En tanto, desde el Conicet local también se está trabajando en un proyecto que, confían, pronto pueda estar funcionando.
Aceñolaza explicó que Entre Ríos posee 1,4 millones de hectáreas de monte denominado “Del Espinal” y que “la tasa de deforestación o de pérdida constatada por Ambiente de la Nación, es de aproximadamente entre el 0,5 y 1 por ciento por año. Uno puede decir que es bajo, pero no lo es: En diez años es haber perdido entre el 5% y el 10% de lo que nos está quedando del monte nativo. Y, encima, lo que queda es monte que está degradado, y ahí se debe trabajar mucho”.
Traducido el cálculo al que hace referencia Aceñolaza, estaríamos hablando que Entre Ríos podría estar perdiendo más de 7 mil hectáreas de monte nativo por año.
Por su parte, la organización internacional Greenpeace, publica en su informe 2022 sobre deforestación, un cuadro sobre “Pérdida de Tierras Forestales” en todas las provincias argentinas. Este trabajo detalla que estos últimos años (de 2016 a 2020), se han perdido en promedio en nuestra provincia entre 2.300 y 3.500 hectáreas de bosques nativos por año. Y en 2021, la estadística hace un pico de 9.024 hectáreas perdidas por deforestación en Entre Ríos.
“El Estado muchas veces no tiene todas las herramientas. Posee una serie de problemas estructurales que no le permite llegar a tiempo y obtener un resultado final de evaluación que logre frenar un desmonte, o solicitar una recomposición del daño. Esto sucede porque hay poca gente en los entes gubernamentales, y porque esos entes no poseen una estructura de financiamiento que no le da autarquía y cuando esos entes necesitan recursos, les cuesta mucho. En el momento que se produce un desmonte, hay que mover un vehículo de inmediato, llevar tres personas, contar con personal policial, un drone y demás herramientas que puedan obtener información que luego sea utilizada por la justicia para determinar si el daño ambiental fue ese o no. También sucede que hay miles de situaciones en las cuales se pudo comprobar que no hubo desmonte de bosque nativo”, explicó Aceñolaza.

Feliciano, La Paz y Federal los más afectados
La coordinadora de Bosques Nativos de Entre Ríos, Andrea Cislaghi, explicó a “Cuestión de Fondo” que la zona más afectada por los desmontes es el centro-norte provincial, con los Departamentos Feliciano, La Paz y Federal a la cabeza.
La funcionaria explicó que cuando reciben una denuncia anónima o en base a informantes claves del organismo, se procede a actuar en territorio, labrándose un acta. Allí consta las especies afectadas, la titularidad de la maquinaria utilizada y se deja copia a quien esté en ese momento en el campo. Posteriormente, se le da un plazo razonable para que ellos puedan realizar su descargo. Luego de realiza un dictamen técnico, además de un informe legal y donde se los notifica de la multa o un plan de reparación o restauración. “Actualmente, estamos con varios expedientes en conclusión, con multas de alto valor monetario, así como también la aplicación de planes de restauración o recomposición para que se repare el daño y planes de manejos de suelo”, sostuvo.
Cislaghi destacó que el monitoreo es constante y de manera interinstitucional, donde se trabaja en conjunto entre esta Coordinación, la Secretaría de Ambiente y el área de Delitos Rurales de la policía. Hace un tiempo se establecieron los protocolos para que cuando surge una alerta, se pueda actuar en territorio y de manera inmediata para evitar el desmonte”.
Cislaghi explicó que desde hace unos años existe una normativa mediante la cual se establecen tres categorías relacionadas al monte: La roja, la amarilla y la verde. Los montes de la primera categoría no pueden tocarse ni intervenirse en absoluto, ya que deben conservarse. La amarilla es la que permite realizar algunas intervenciones, siempre y cuando se presente (y autorice) un plan ambiental sostenible para una posible intervención. Finalmente, la categoría verde es la categoría que permite una intervención.
Sin embargo, hoy por hoy no se está aprobando el cambio de uso del suelo. En otras palabras, en la actualidad se encuentran prohibidos los desmontes en nuestra provincia. Ello sucede a raíz que está vencido el Ordenamiento territorial de Bosques nativos, por lo que se espera y trabaja en una pronta actualización.
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Elevan a juicio causas por incendios del Delta

 


Incendios del Delta: por primera vez llegan a juicio causas por quemas intencionales

Fecha de Publicación
: 08/07/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos


El juzgado federal de Victoria investiga dos causas: una quema en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, y la otra a la vera del arroyo Los Laureles, que terminó prendiendo fuego la isla “Del holandés”. Los acusados podrían recibir penas de 3 a 10 años.
Los incendios intencionales en el Delta que el año pasado generaron masivas protestas sociales finalmente serán investigados por la justicia federal. La expectativa, señalaron fuentes judiciales, es que los responsables reciban una pena de 3 a 10 años de prisión.
Hasta el momento, hay seis personas procesadas en dos causas que se vienen tramitando en el Juzgado Federal de Victoria.
Una, que ya fue elevada a juicio oral, investiga una quema en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, departamento de Gualeguay, frente a San Pedro-Ramallo.
La otra, que será elevada a juicio este año, es por una quema a la vera del arroyo Los Laureles, que terminó prendiendo fuego una isla que todos llaman “Del holandés”, en el departamento de Victoria, frente a Villa Constitución.
En esta última causa, se investiga un incendio que tuvo lugar en agosto cuando un hombre de origen holandés viajó a Europa y dejó el terreno al mando de su casero, que permitió a algunos apicultores instalar allí su producción.
El desastre se produjo cuando los trabajadores, al notificarse de focos ígneos en la zona, armaron un cortafuego. Pero el viento les jugó una mala pasada y rotó, transformando un foco controlado en un incendio que alcanzó unas 6.000 hectáreas.

Qué penas podrían enfrentar
El único antecedente comparable a estos juicios podría ser el que se hizo por el atentado a la fábrica militar de Río Tercero (Córdoba), ocurrido en 1995. En ese proceso, se aplicó el artículo 186 del Código Penal, que prevé penas para “el que causare incendio, explosión o inundación”.
Por haber causado la muerte de 7 personas, dañado a más de 300 y generado problemas de salud mental en la mayoría de la población circundante, a los acusados por las explosiones en Río Tercero les pesó el inciso 5° del artículo 186, o sea, penas de 8 a 20 años de prisión.
En el caso de los incendios en el Delta, al no haber víctimas fatales, los eventuales responsables podrían enfrentar una pena de 3 a 10 años (excarcelable, en el caso de recibir el mínimo), siguiendo el inciso 1° del artículo 186 del Código Penal, que castiga a quienes pongan bienes en peligro.
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