Pino impulsa agencia nacional para el control de agrotóxicos
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Impulsan una agencia nacional para ejercer contralor unificado sobre el uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la nación establece la creación de una Agencia federal para la investigación, prevención, tratamiento y registro de agrotóxicos que dependería del ministerio de Salud, supo AIM. Con el órgano que se impulsa se busca centralizar el contralor sobre el uso de químicos agrícolas y llevar un registro de aplicadores, estableciendo sanciones en casos de incumplimiento.
El proyecto pretende poner evidencia “una problemática que el el trascurrir de los tiempos ha tomado mayor relevancia social, constituyendo la contaminación por agroquímicos una de las principales causal de daños y muerte que afectan a cada vez más personas en muchas de las provincias de nuestra nación”.
Al respecto cabe destacar que en el año 2015 la Agencia internacional de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que los pesticidas que más se utilizan en Argentina producen cáncer.
“Para tomar real dimensión, nos permitimos considerar que los cultivos transgénicos (se denomina así a los genéticamente modificados), sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La pampa y Corrientes. En esa región habitan 12 millones de ciudadanos”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa impulsada por el diputado entrerriano, Julio Solanas (Frente para la Victoria).
La creación de la Agencia responde a la observación de que pese a la existencia de “una prolífica regulación a lo largo de todo el país, limitando el uso de agrotóxicos, estableciendo diversas penalidades”, hasta ahora se advierte una “anarquía legislativa” que “en lo único que ha contribuido es que dichas normas se tornen inaplicables, por falta de un contralor unificado, que contribuya a exigir el cumplimiento normativo a todos los involucrados”.
La agencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
- Trabajar en la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional.
- Controlar y verificar que los procedimientos asociados con la producción primaria se apliquen en buenas condiciones de higiene y que reduzcan al mínimo los peligros potenciales para la salud derivados de la contaminación de las frutas y hortalizas frescas.
- Concertar entre todos sus integrantes los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información sobre el manejo o implementación de agrotóxicos en cada jurisdicción.
- Establecer un procedimiento para la investigación de hechos denunciados referidos al uso de agroquímicos que coloquen en riesgo la salud de la población.
- Establecer un programa de vigilancia de la salud de las personas expuestas a plaguicidas en su trabajo, e investigar y documentar los casos de envenenamiento;
- Dar orientaciones e instrucciones al personal de salud, médicos y el personal de hospitales para el tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento por agroquímicos
- Desarrollar estrategias de atención para promover el uso racional de los productos o bien su eliminación.
- Reunir información estadística e indicadores de impacto.
- Proponer campañas de concientización y educación sobre el uso, manipulación de químicos y agroquímicos.
Registro de aplicadores
A los fines de la norma propuesta, se crea el Registro nacional de empresas y aplicadores de agrotoxicos terrestres y aéreos.
El registro deberá comprender, como mínimo, la siguiente información: personas físicas y jurídicas comprendidas en la normativa vigente en la materia; productos controlados; instalaciones y establecimientos; actos autorizados, rechazados y observados; sanciones aplicadas; productos o controlados secuestrados o incautados y decomisados; materiales controlados sustraídos, extraviados y con pedido de secuestro; asesores técnicos responsables.
Asimismo, deberá conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos que incluya la sistematización de forma integrada la de todas los empresas y aplicadores registrados, la que deberá estar publicada en una página oficial para garantizar el libre acceso a la información y el debido contralor de los ciudadanos y autoridades públicas; en coordinación con las autoridades provinciales y/o municipales que cuenten con registros similares.
Quienes omitan inscribirse en el registro recibirán sanciones económicas y además, en caso de reincidencia, serán pasibles de inhabilitación y/o inutilización del agrotóxico, suspensión o cancelación de habilitación, registro o licencia; clausura temporaria o definitiva del establecimiento y/o decomiso de productos agroquímicos, componentes o afines.
“De esta manera la creación de un registro nacional permitirá, conjuntamente con los registros provinciales establecer la necesaria coordinación entre las distintas jurisdicciones, con el objetivo fundamentalmente de poder establecer acciones preventivas, contando con datos propios, en beneficio del fortalecimiento de los sistemas locales de control”, argumentó Solanas.
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Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados de la nación establece la creación de una Agencia federal para la investigación, prevención, tratamiento y registro de agrotóxicos que dependería del ministerio de Salud, supo AIM. Con el órgano que se impulsa se busca centralizar el contralor sobre el uso de químicos agrícolas y llevar un registro de aplicadores, estableciendo sanciones en casos de incumplimiento.
El proyecto pretende poner evidencia “una problemática que el el trascurrir de los tiempos ha tomado mayor relevancia social, constituyendo la contaminación por agroquímicos una de las principales causal de daños y muerte que afectan a cada vez más personas en muchas de las provincias de nuestra nación”.
Al respecto cabe destacar que en el año 2015 la Agencia internacional de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que los pesticidas que más se utilizan en Argentina producen cáncer.
“Para tomar real dimensión, nos permitimos considerar que los cultivos transgénicos (se denomina así a los genéticamente modificados), sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La pampa y Corrientes. En esa región habitan 12 millones de ciudadanos”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa impulsada por el diputado entrerriano, Julio Solanas (Frente para la Victoria).
La creación de la Agencia responde a la observación de que pese a la existencia de “una prolífica regulación a lo largo de todo el país, limitando el uso de agrotóxicos, estableciendo diversas penalidades”, hasta ahora se advierte una “anarquía legislativa” que “en lo único que ha contribuido es que dichas normas se tornen inaplicables, por falta de un contralor unificado, que contribuya a exigir el cumplimiento normativo a todos los involucrados”.
La agencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
- Trabajar en la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional.
- Controlar y verificar que los procedimientos asociados con la producción primaria se apliquen en buenas condiciones de higiene y que reduzcan al mínimo los peligros potenciales para la salud derivados de la contaminación de las frutas y hortalizas frescas.
- Concertar entre todos sus integrantes los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información sobre el manejo o implementación de agrotóxicos en cada jurisdicción.
- Establecer un procedimiento para la investigación de hechos denunciados referidos al uso de agroquímicos que coloquen en riesgo la salud de la población.
- Establecer un programa de vigilancia de la salud de las personas expuestas a plaguicidas en su trabajo, e investigar y documentar los casos de envenenamiento;
- Dar orientaciones e instrucciones al personal de salud, médicos y el personal de hospitales para el tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento por agroquímicos
- Desarrollar estrategias de atención para promover el uso racional de los productos o bien su eliminación.
- Reunir información estadística e indicadores de impacto.
- Proponer campañas de concientización y educación sobre el uso, manipulación de químicos y agroquímicos.
Registro de aplicadores
A los fines de la norma propuesta, se crea el Registro nacional de empresas y aplicadores de agrotoxicos terrestres y aéreos.
El registro deberá comprender, como mínimo, la siguiente información: personas físicas y jurídicas comprendidas en la normativa vigente en la materia; productos controlados; instalaciones y establecimientos; actos autorizados, rechazados y observados; sanciones aplicadas; productos o controlados secuestrados o incautados y decomisados; materiales controlados sustraídos, extraviados y con pedido de secuestro; asesores técnicos responsables.
Asimismo, deberá conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos que incluya la sistematización de forma integrada la de todas los empresas y aplicadores registrados, la que deberá estar publicada en una página oficial para garantizar el libre acceso a la información y el debido contralor de los ciudadanos y autoridades públicas; en coordinación con las autoridades provinciales y/o municipales que cuenten con registros similares.
Quienes omitan inscribirse en el registro recibirán sanciones económicas y además, en caso de reincidencia, serán pasibles de inhabilitación y/o inutilización del agrotóxico, suspensión o cancelación de habilitación, registro o licencia; clausura temporaria o definitiva del establecimiento y/o decomiso de productos agroquímicos, componentes o afines.
“De esta manera la creación de un registro nacional permitirá, conjuntamente con los registros provinciales establecer la necesaria coordinación entre las distintas jurisdicciones, con el objetivo fundamentalmente de poder establecer acciones preventivas, contando con datos propios, en beneficio del fortalecimiento de los sistemas locales de control”, argumentó Solanas.
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