Riachuelo y la Corte contra la pasividad
20:10 | 
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Eco Sitio |
Riachuelo y la Corte contra la pasividad
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
Fecha de Publicación: 25/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La limpieza del Riachuelo se ha convertido en un caso testigo de la capacidad que tiene la Justicia para movilizar a los restantes poderes de la República a fin de concretar derechos constitucionales.
El papel activo asumido por la Corte Suprema en la causa promovida por vecinos afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo es la señal más evidente de un cambio judicial enriquecedor para las instituciones y la sociedad. Este compromiso de los magistrados con las directrices constitucionales ha permitido desplegar un espacio legítimo para incidir en cuestiones postergadas por los restantes poderes, a pesar de los imperativos legales y la existencia de padecimientos sociales. El caso emblemático de esta posición se ha dado en materia ambiental.
Pero este compromiso positivo ha chocado con la inercia, desidia e ineptitud de los cuerpos ejecutivos, obligados a realizar las tareas. Esto ha quedado en evidencia en la audiencia realizada días atrás, en la cual la Corte buscaba recibir información sobre los avances de las tareas de saneamiento del Riachuelo, pero las imprecisiones y vaguedades de los expositores obligaron a los jueces a convocar a una nueva audiencia, en la cual se deberán responder cuestiones concretas, como las razones del aumento de basurales a cielo abierto en la zona, los niveles actuales de contaminación en aire y agua, los plazos para la relocalización de las población de las villas de emergencia y, entre otros temas, la utilización de los créditos obtenidos.
Ya han pasado más de dos años, desde que en 2008 la Corte ordenó a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a concretar el saneamiento. En agosto de 2010, nuestro Máximo Tribunal intimó la realización de las tareas, responsabilizando a los funcionarios por los incumplimientos. Ahora, nuevamente los avances son mínimos, las demoras son enormes y, además, la Auditoría General de la Nación se ha visto impedida de auditar el plan de saneamiento. Es de esperar que la firmeza de la Corte logre que las obras se dinamicen.
La Corte asumió un rol activo en materia de derechos constitucionales, como se refleja en el caso del Riachuelo. Pero debe revertir la pasividad de los encargados de ejecutar las obras.
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